La facultad de aprobar o rechazar los contratos de Alianzas Público-Privadas (APP) que se presenten en el futuro está ahora en manos del secretario de Estado, David Bernier, según establece una Orden Ejecutiva firmada recientemente por el gobernador Alejandro García Padilla.

El mandatario delegó en el secretario de Estado, o en la alternativa en el subsecretario Javier González, la responsabilidad de suscribir los acuerdos reglamentados por la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley 29-2009) para el desarrollo de nueva infraestructura o para el traspaso de la administración de bienes públicos, como ya sucede con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y con las autopistas PR-22 y PR-5.

La propia Ley 29 concede al gobernador la facultad para delegar esas funciones, y Bernier afirmó este lunes que bajo el gobierno de Luis Fortuño fue el entonces secretario de Estado, Kenneth McClintock, quien firmó los contratos de APP.

“Todo lo que es técnico, lo que es el procedimiento, la subasta, la evaluación (del proyecto), les toca a las agencias pertinentes, con peritaje para eso, hacer las recomendaciones”, explicó el secretario de Estado a este medio.

“Esta orden no interrumpe nada de lo que anteriormente se hacía. La ley (de APP) le da la facultad al gobernador de delegar esa parte final. Nosotros lo evaluaríamos (el proyecto), y si se entendiera que hay algún asunto legal que le preocupa a la persona que lo haya identificado, podríamos citar a la persona para que nos clarifique o pedirle que evalúen algún punto en el proceso”, añadió sobre la OE-2014-001, firmada el 13 de enero.

La Ley 29-2009 dispone en su Artículo 9 que, una vez culminen las negociaciones relacionadas con una APP, el Comité de Alianzas que haya evaluado el proyecto deberá preparar un informe que será sometido ante la consideración de la Junta de Directores de la Autoridad para las APP (AAPP) y de la junta rectora o jefe de la entidad pública que participe como proponente del proyecto.

Luego de esa etapa, el contrato y el informe pasarían ante la atención de Bernier, y según el estatuto, el funcionario tendría completa discreción para evaluar ambos documentos y emitir su determinación.

La ley advierte, sin embargo, que el gobernador no podrá delegar en ningún momento la facultad de decidir sobre el uso que se le dará a los fondos que el Gobierno genere en la transacción de la APP.

Bernier resaltó que otras órdenes ejecutivas le han dado a su agencia injerencia en el desarrollo del proyecto del Caño Martín Peña y en iniciativas que buscan descentralizar el gobierno.

Actualmente, la AAPP tiene en agenda el posible desarrollo de un tren de cercanía de Caguas a San Juan y una iniciativa para mejorar la condición de los planteles del sistema público con el programa Escuelas de Primera.