El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y los otros 13 representantes sancionados por el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, apelaron hoy, viernes las medidas disciplinarias impuestas por votar a favor de un proyecto que enmienda el Código Electoral y reclamaron que se inhabilite al secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz Maldonado, de seguir fungiendo como secretario general de la Pava.

Junto al líder cameral, apelaron las sanciones por ejercer sus funciones legislativas: José “Conny” Varela, Lydia Méndez Silva, Ángel Matos García, Jesús Santa Rodríguez, Luis “Narmito” Ortiz, Deborah Soto Arroyo, Ángel “Tito” Fourquet, Domingo Torres García, Edgardo Feliciano Sánchez, Jorge Alfredo Rivera Segarra, Joel Sánchez Ayala, Gretchen Hau y Jesús Hernández Arroyo, se informó en un comunicado de prensa.

“Este proceder violenta el debido proceso de ley, menoscaba la igual protección de las leyes, impone sanciones desproporcionales sin sujeción a la prueba, refleja una agenda revanchista al estilo antidemocrático del Partido Nuevo Progresista (PNP) que el país y los tribunales de justicia han repudiado en el pasado, utiliza el poder del reglamento para silenciar a sus miembros, alienta la fuga de electores y le causa un daño irreparable al Partido Popular Democrático”, lee el recurso de apelación.

“El argumento principal de quienes impulsan estas sanciones es que nuestro partido no puede parecerse al PNP, pero es precisamente el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, quien actúa igual que el entonces secretario general del PNP, Thomas Rivera Schatz, al insistir en imponer medidas disciplinarias improcedentes que ya el tribunal repudió previamente. Es increíble que, como populares, tengamos que recurrir a jurisprudencia (McClintock v. Rivera Schatz) de casos en los que el PNP actuó como se comporta ahora nuestro secretario”, agregaron los representantes.

En el extenso documento, los 14 representantes cuestionaron también la legalidad de la Resolución 2023-JG-005, que advertía que solo Ortiz González podría negociar sobre medidas relacionadas al Código Electoral, ya que no se alcanzó el quórum necesario, que asciende a 27 personas de un total de 53 miembros.

Añadieron que “al día de hoy, el secretario general, Gerardo ‘Toñito’ Cruz Maldonado, no ha provisto una certificación que valide que se cumplió con el quórum necesario para comenzar dicha reunión, y mucho menos legitimar cualquier acuerdo o resolución. Lo único que el secretario general ha comunicado al país es que la resolución se aprobó por unanimidad de los 25 miembros presentes”.

Según los querellados, la función y las facultades legislativas no pueden ser menoscabas por la colectividad política, por lo que “no existe base legal para sancionar a los querellados, quienes son miembros bonafide y fieles defensores de los postulados del PPD”.

Estos sostienen que la presentación y aprobación del proyecto de la Cámara 1822 no violenta ni antagoniza con la Resolución 2023-JG-005, ya que hace viable su intención y propósito, pues le ofrece un vehículo a Ortiz González para negociar las enmiendas al Código Electoral, de manera institucional y con otros partidos, durante el trámite ordinario que se le da a cualquier medida legislativa, incluyendo su discusión en el Senado y un posible comité de conferencia.

Según el documento, Hernández Montañez no negoció enmiendas al Código Electoral luego de aprobada la Resolución 2023-JG-005, pues las mismas concluyeron antes del 13 de agosto, día en que la Junta de Gobierno emitió la directriz sin el quórum necesario.

Los apelantes reclamaron, además, que se inhabilite a Cruz Maldonado de seguir fungiendo como secretario general de la colectividad y que se impongan medidas disciplinarias contra este por violar el propio reglamento del partido al atacar públicamente a sus correligionarios. “Nos preguntamos: ¿qué objetividad o imparcialidad ejercerá Cruz Maldonado con los miembros de la delegación del PPD a los cuales reiteradamente ha prejuzgado en los medios de comunicación? Las acciones de Cruz Maldonado se apartan de la ecuanimidad, respeto, objetividad, equidad y decoro que requiere y exige la posición de secretario general, por lo que está inhabilitado de ejercer dicho cargo, y mucho menos de intervenir en asuntos disciplinarios contra los compañeros de la delegación popular en el asunto en cuestión… Cruz Maldonado ha violentado el reglamento con sus acciones, por lo que corresponde imponer las sanciones disciplinarias e impedir que se relacione o intervenga en cualquier instancia referente al proceso que hoy enfrentamos”, lee el recurso.

Los representantes reclamaron además que es la Junta de Gobierno del PPD y no el Consejo General, el único foro facultado para atender este asunto al amparo del reglamento de la colectividad y exigieron que la reunión de ese organismo se lleve a cabo dentro de las próximas 48 a 72 horas, y sea transmitida públicamente.