La Contraloría de Puerto Rico publicó hoy el resultado de una investigación que llevó a cabo tras una querella sobre las compras hechas por el municipio de Añasco a un proveedor de venta de materiales de imprenta.

Dicha pesquisa reveló la apariencia de competencia entre cuatro compañías (identificadas como A, B, C y D en el informe) relacionadas por vínculos familiares o económicos, con el objetivo de licitar de manera coordinada para aparentar competencia entre ellos, señaló la Contraloría en un comunicado de prensa.

Del 2014 al 2016, el municipio emitió y pagó 29 órdenes de compra por $97,443 a favor de la compañía A. En 27 de ellas se consideraron cotizaciones de las empresas A, B, C y D.

Los representantes de la compañía A eran el padre y tía del dueño de la compañía C. El dueño de la empresa B era exempleado de la compañía C. Mientras, el dueño de la compañía D realizaba trabajos de reparación de imprenta a la empresa A, explicó la Contraloría.

Para el periodo investigado -del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017-, la compañía A pagó $49,151 a la empresa C por concepto de nómina, $7,087 a la compañía D por concepto de reparaciones y mantenimiento de equipo, y $800 a la empresa B por servicios profesionales.

La Contraloría dijo que refirió las situaciones al Departamento de Justicia, a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, a la Fiscalía Federal y al Negociado Federal de Investigaciones el 30 de agosto de 2019. No obstante, dichas situaciones están pendientes de resolución al presente.

Además, la Contraloría señaló que las compañías incurrieron en prácticas de acuerdos anticompetitivos con la intención de defraudar al municipio y al erario, y que se pudo configurar, entre otros, los delitos de fraude, conspiración e intervención indebida en las operaciones gubernamentales.

La Contraloría también apuntó que el municipio ordenó efectuar siete compras a favor de la compañía A por $32,160 sin emitir las órdenes de compra. Estas se registraron hasta seis meses después de recibir los bienes, lo cual impide mantener un control eficaz del presupuesto de compra y puede propiciar sobregiros en las partidas de gastos, agregó.

También se mencionó que contrario a la leyes y reglamentación vigente, las cotizaciones de los proveedores incluidas con los comprobantes de desembolso examinados no tenían el nombre, título, ni la firma del funcionario o empleado municipal que las procesó, lo que dificulta que se pueda detectar a tiempo posibles irregularidades para fijar responsabilidades a los funcionarios o empleados que intervienen en estos procesos.

Finalmente, la investigación recomendó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto se asegure que el municipio de Añasco cumpla con el Plan de Acción Correctiva, establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.