Luquillo.- El municipio de Luquillo formalizó casi una decena de contratos por $364,000 con una corporación no autorizada a ejercer la ingeniería ni para ofrecer estos servicios, según reveló un informe publicado por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), en el que se da a conocer otros nueve hallazgos de irregularidades administrativas o de leyes.

Según, firmado por la contralora Yasmín Valdivieso,  los contratos de ingeniería se llevaron a cabo de octubre de 2009 a febrero de 2012 bajo la administración del ex alcalde José “Nelo” González. 

El contrato se estableció, según la auditoría, con una corporación no constituida como profesional, para hacer el diseño, la supervisión y los servicios técnicos de unos proyectos de construcción.

Tras la investigación, González fue notificado mediante una carta sobre los señalamientos, los que contestó en una misiva argumentando que los contratos en cuestión se realizaron con “profesionales licenciados” y “legítimamente autorizados”.

Aún así, la OCPR remitió el caso al Departamento de Justicia (agencia que determinó que no existía evidencia suficiente para radicación de cargos criminales, por lo que se ordenó archivar el caso), al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.  Estas dos últimas entidades aún están pendientes de investigar el asunto.

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Asimismo, se le señala a González haber autorizado mejoras y construcción de obras sin la celebración de subastas para proyectos de un puente, reparaciones eléctricas en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento y mejoras eléctricas en el Centro de Arte y Cultura, entre otros.

También se le atribuye al ex alcalde pagar por unos planos para construir una cancha y parque pasivo en terrenos que no públicos.

De otra parte, también se remitió  al secretario de Justicia y al secretario de Educación, las deficiencias relacionadas con un nombramiento hecho por el actual alcalde Jesús “Jerry” Márquez  a una persona identificada como Richard Sánchez Lamb como director de Programas Federales a la vez que mantenía un puesto probatorio de Director de la Escuela Elemental III. 

Aunque, posteriormente, Márquez le pidió la renuncia a Sánchez Lamb - y éste reembolsó  al Municipio  $2,897 correspondiente al sueldo  devengado- la OCPR asegura que hay pendiente ajustar $689 de los sistemas de retiro.

A la fecha de presentado el informe de la contralora, estaba pendiente de investigación por la Secretaría Auxiliar de lo Civil del Departamento de Justicia y la del Secretario de Educación, Rafael Román.

La OCPR también menciona en el informe que que al 31 de diciembre de 2013 estaban pendientes de resolución por los Tribunales ocho demandas civiles radicadas contra el Municipio por $1.4 millones.