Una auditoria de la Oficina del Contralor deunció diferentes irregularidades relacionadas a las operaciones del municipio de Toa Baja, encabezado por Anóbal Vega Borges.

Entre los hallazgos informados a la prensa, y que serían parte de un infome sobre Toa Baja de 102 páginas divulgado hoy por esta oficina se indica que  Toa Baja incurrió en déficits de $10.5, $14.8 y $14.4 millones correspondientes a los años fiscales de 2012 al 2015, sobregiros por $47,796 en dos fondos y sobreestimó los ingresos de varias partidas por $4.7, $11.2, $2.7, y $1.8 millones del 2012 al 2015 respectivamente.

No es la primera vez que surgen este tipo de denuncias. Situaciones similares se señalaron en un informe de auditoría del 2013 (M-13-20), informó la agencia.

El Informe también indica que se realizaron préstamos al Banco Gubernamental de Fomento para el pago y refinanciamiento de deudas, y gastos operacionales por $31.8 millones, y que las deudas se acumularon porque el Municipio hacia los descuentos de nómina pero no remesaba los mismos al Sistema de Retiro o al Departamento de Hacienda entre otros, contrario a la Ley 1-2011 del Código de Rentas Internas. 

Además, no se realizaron gestiones de cobro en cuentas atrasadas por $4 millones en patentes municipales y arrendamiento de nichos del Mausoleo desde el 2001 al 2014.

Por otro lado, se ordenó la construcción de seis proyectos por $2.8 millones sin obtener los permisos por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos en tres de ellos. 

De igual manera, el municipio invirtió $1.2 millones en obras y adquisiciones que no han tenido utilidad como la rehabilitación de la Escuela de Bellas Artes por $681,113, abandonada y en deterioro, el sistema fotovoltaico para dicha escuela por $180,320 cuyos cables habían sido hurtados y la adquisición de 35 cámaras de vigilancia por $340,000 que no eran monitoreadas.

El Informe de 18 hallazgos y dos comentarios especiales revela también deficiencias con el pago de horas extras, acumulación de tiempos compensatorios, hurtos de propiedad notificados con tardanzas a la Oficina del Contralor, faltas de control interno con la propiedad municipal, deficiencias con las conciliaciones bancarias y los cheques en blanco, entre otros.

En los comentarios se indica que se transó por $60,000, una demanda por discrimen político presentada por dos exempleados en el 2006, y quedaban pendiente de resolución 31 demandas civiles por $34.3 millones contra el Municipio.

El informe cubre el período del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.