La oficina del Contralor de Puerto Rico refirió al Departamento de Justicia irregularidades descritas en el más reciente informe de esa oficina y que habrían sido cometidas por el municipio de Manatí , se informó mediante comunicado de prensa.

El Informe revela que el Municipio no solicitó las licencias correspondientes a tres corporaciones contratadas para prestar servicios de refrigeración, como dispone la reglamentación vigente, y resultó que ocho empleados, dos oficiales, un vicepresidente y cuatro contratados por dichas compañías no tenían licencia alguna.

Asimismo, otros cinco empleados y uno de los oficiales, tenían sus licencias vencidas.

Estas tres corporaciones, también tenían contratos con nueve municipios, nueve entidades gubernamentales, siete corporaciones públicas y con un recinto de la Universidad de Puerto Rico.

La auditoría señala que el Municipio contrató por $564,111 a cinco corporaciones regulares no autorizadas a prestar servicios legales y de mantenimiento de aires, según dispone la ley General de Corporaciones. El Municipio no verificó que las compañías contratadas fuesen corporaciones profesionales. Esta situación, podría ocasionar que las cláusulas de los contratos formalizados puedan ser declarados nulos.

Estas situaciones se refirieron para las acciones correspondientes, a la secretaria de Justicia, al presidente de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aires Acondicionados de Puerto Rico, y al presidente del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aires Acondicionados de Puerto Rico, el 5 de diciembre de 2019. Al presente, las situaciones estaban pendientes de ser investigadas.

Al respecto, el alcalde de Manatí, José Sánchez, reaccionó a los señalamientos del contralor, según cionsta en el informe de 28 páginas. “Todos los contratos otorgados por el Municipio contenían cláusulas y condiciones de salvaguardar nuestros intereses al establecer que la parte contratada tenía que cumplir con la reglamentación vigente, incluyendo todos los servicios que requirieran licencias, tenerlas vigentes al momento de dar el servicio”, dice en parte.

Agregó que “el Director de Finanzas tuvo conocimiento de la situación, adoptó las medidas necesarias e informó a los auditores de preintervención que no autoricen ningún desembolso hasta que los contratistas cumplan con todos los requisitos de la Reglamentación vigente. Esta situación fue corregida en el transcurso de la auditoría”.

De otra parte, los auditores encontraron múltiples deficiencias en las áreas designadas para conservar documentos públicos. La presencia de humedad, hongos, así como la ausencia de las listas de disposición de documentos públicos del 2018 y 2019, propicia la pérdida y deterioro de archivos públicos, y puede afectar la salud de los empleados, entre otras.

También se indicó que, contrario a las leyes y reglamentación vigente, el Municipio mantuvo seis empleados en destaque sin acuerdos escritos. Esta situación puede ser perjudicial, ya que no hay documentos legales que establezcan los derechos y las obligaciones de las partes.

La auditoría comenta también que, al 30 de junio de 2019, el Municipio tenía 282 empleados transitorios, luego de transcurridos hasta 20 años desde su nombramiento. Esta cifra constituye el 78% de los empleados municipales que exceden el término de ley de un año.