La Contraloría de Puerto Rico reveló diversas irregularidades en el Municipio de Corozal, se informó mediante comunicado de prensa.

En el comunicado se resumen diversas instancias. Por ejemplo, el Informe revela que el Municipio contrató para tareas de inspección del Cine Teatro de Corozal, a la misma corporación de servicios profesionales de ingeniería, que diseñó el proyecto. El Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y Usos de Terrenos de 2010, prohíbe que el diseñador de la obra pueda fungir como inspector de esta.

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Asimismo, el contrato para la inspección del proyecto aumentó de $62,400 a $198,900 tras nueve enmiendas que también se suscribieron en violación de la reglamentación vigente.

Mientras, la auditoría de seis hallazgos señala que el municipio adquirió vehículos y equipos pesados, como un tractor, un loader, y un carro de golf, entre otros, sin obtener las cotizaciones requeridas. El alcalde Sergio Torres Torres y dos funcionarios, que viajaron a la subasta en Kissimmee y en Orlando, Florida, no protegieron los intereses del municipio y los gastos, incluido el viaje, ascendieron a $98,809. Esta situación impidió determinar si la cantidad invertida en la adquisición era menor al precio del mercado local.

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Los auditores detectaron múltiples deficiencias en comprobantes de desembolso y sus justificantes tales como: ausencia de facturas originales, falta de fechas o de firmas autorizadas. Además, el municipio pagó $1,159 por cargos de financiamiento a la tarjeta de crédito asignada al alcalde.

El Informe indica que un 89% de las transferencias de créditos, se realizaron sin que el director de Finanzas emitiera las certificaciones de sobrantes. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-15-27 del 2015.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, la Oficina de Auditoría Interna de Corozal no había efectuado auditorías periódicas que incluyera las áreas de materialidad y riesgo. Además, el Reglamento de Compras y el Reglamento de uso de Tarjetas de Crédito, no habían sido ajustados a las nuevas disposiciones de la Ley 81-1991, ni al Reglamento para la Administración Municipal de 2016.

La auditoría comenta que el Municipio transigió por $1 millón, una demanda de 17 exempleados por discrimen político. Además, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sanción impuesta por la Oficina del Panel del Fiscal Independiente de suspender de empleo y sueldo por 10 días al alcalde, por el hecho de haber usado empleados y equipos municipales para asfaltar un camino privado que lleva a su residencia.

El municipio de Corozal incurrió en sobregiros en 20 fondos municipales por $1.3 millones según el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos. Además, al 27 de enero de 2020, el municipio contaba con el 35% de sus empleados transitorios, con nombramientos que excedían el termino legal de un año.