La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) reveló este lunes deficiencias en unos pagos que tramitó la Oficina del Gobernador (OG) bajo la administración de Ricardo Roselló Nevárez para alquilar varios vehículos de motor sin tener claro para qué se iban a utilizar.

El documento destacó que los investigadores detectaron que la oficina de la Rama Ejecutiva desembolsó $313,807 entre las fechas de 27 de abril de 2017 y 14 de agosto de 2019 para arrendar 14 automóviles sin contar con un contrato escrito que estableciera de forma clara y precisa sus obligaciones entre las partes, ni que el mismo se hubiese registrado a la OCPR.

Según la pesquisa, seis vehículos estaban “asignados al secretario de la gobernación, al representante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera para Puerto Rico, al gobernador y la primera dama”. No obstante, según la Contraloría, los ocho vehículos restantes no contaban con información que identificarán a quiénes estaban asignados ni su localización.

Los auditores, sin embargo, descubrieron que los ochos vehículos alquilados, “en lugar de otorgar un contrato entre la OG y el proveedor, se mantenían los contratos formalizados con el comité y el partido durante el periodo eleccionario”. La investigación -que se realizó entre enero de 2013 y enero de 2019- puntualizó que los automóviles se otorgaron entre las fechas del 13 de junio de 2016 al 10 de diciembre de 2017.

Mientras tanto, los otros ocho carros, pese a que contaban con hoja de registro a nombre de la OG, esta “no cumplía con los requisitos formales de contratación gubernamental”.

Además, uno de los vehículos que se le asignó al entonces representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, a pesar de este ser miembro de la Junta por virtud de su puesto ejecutivo. “Esta acción es contraria a las leyes y reglamentos aplicables ya que la asignación de vehículos está limitada a ciertos funcionarios públicos”, especifica el resumen del informe de más de 23 páginas.

Asimismo, un examen que realizó Contraloría indicó que la OG solicitó cuatro solicitudes de dispensas a la Administración de Servicios Generales (ASG), después de arrendar los vehículos. En otras palabras, entre los períodos del 2 de enero al 20 de abril de 2017, del 19 de julio al 8 de septiembre de 2018, y del 9 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2019, los carros alquilados se conducían sin cumplir con las leyes y reglamentos de la propia ASG.

Por otro lado, la Contraloría identificó en su “opinión cualificada” que, durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, esta misma oficina pagó $90,862 para alquilar una propiedad de 2,616 pies cuadrados que se usó como almacén sin contar con los contratos escritos adecuados.

Según la pesquisa, dicha entidad de la Rama autorizó el desembolso de $54,331 en periodos no consecutivos entre enero de 2013 y diciembre de 2016, y luego otorgó otro desembolso de $34,531 entre enero de 2017 y octubre 2018 por el inmueble.

“No nos suministraron, para examen, los expedientes de la formalización de ambos contratos de arrendamiento. El 2 de abril de 2018 la supervisora de archivo y correspondencia certificó que en sus archivos no tiene expedientes de contratos con el contratista”, indicó el informe.

Asimismo, la pesquisa señaló que el director de Finanzas bajo dicha administración aprobó pagos en exceso por $174, a lo pactado en uno de los contratos formalizados del 2 de septiembre del 2014 al 30 de junio de 2015.

“Esta situación constituye una infracción a las disposiciones legales que regulan el uso adecuado de los fondos públicos”, indicó la agencia.

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