El primer informe de una auditoría de la Oficina del Contralor sobre las operaciones fiscales del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico (FIGNA) reflejó que el organismo no cumplió con la Ley, que establece enviar al Gobernador toda la información de sus actividades financieras.

En la investigación, que cubrió desde el 1 de enero de 2000 al 30 de junio de 2008, se encontró que los estados financieros e informes anuales no fueron referidos al Gobernador ni a la Asamblea Legislativa.

El informe detalla, además, que hay falta de reglamentación actualizada en el área de contabilidad, ausencia de normas y de procedimientos escritos para regir las operaciones relacionadas con los sistemas de información computadorizados y de planes de continuidad de negocios y de contingencia, y otra deficiencia relacionada con dichos sistemas.

Igualmente, se establece el incumplimiento de la Ley y de la reglamentación relacionada con el hurto o la desaparición de propiedad pública, y desviaciones de ley y de reglamentación relacionadas con la propiedad.