La Oficina del Contralor le señaló este martes a la administración de la alcaldesa Wanda Soler Rosario por varios incumplimientos individuales o en conjunto, los que tipificó de “significativos”, en una auditoría que se evaluaron los años fiscales entre el 2015 al 2019.

Según se precisó en un comunicado de prensa, las fallas detectadas van desde la no realización de subasta hasta que no obtuvieron permisos para realizar varias obras. También se detectaron irregularidades en el trato al personal.

En total, dice el informe que se detectaron “siete hallazgos y dos comentarios especiales del resultado del examen que realizamos”.

Primera Hora solicitó a la portavoz de prensa del municipio, Aracelis Otero, una reacción del municipio. Se informó que la alcaldesa se encuentra de viaje.

Sin embargo, el director del Departamento de Finanzas del ayuntamiento, Noel Gutiérrez, emitió unas declaraciones escritas en la que aludió a que han iniciado un plan de acción correctiva.

En primera instancia, el Contralor indicó que “el informe revela que el municipio no realizó subasta pública en proyectos de mejoras permanentes para el Programa Head Start. Contrario a la ley y a la reglamentación vigente, se solicitaron cotizaciones a unos proveedores en específico y se fraccionaron las obras en 40 contratos y 14 enmiendas que en total sumaron $4,113,270″.

El Contralor no especificó en su informe si las obras, que consistieron en “la demolición de paredes y techos; la construcción de cocina, covacha y almacén; y la instalación de puertas y ventanas, entre otras mejoras, en 40 centros del Programa Head Start4 (Programa); dos almacenes y la Oficina del Head Start y Early Head Start”, hubiesen sido de menor costo si se realizaba una subasta.

La auditoría también detectó que no se obtuvo los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en 47 demoliciones, 35 usos, 34 permisos ambientales y siete construcciones. Además, en 45 de los 53 proyectos evaluados por $4,332,213, obtuvieron el permiso de construcción hasta cinco años después de otorgarse el contrato, y no formalizaron contratos en la construcción de gazebos, verjas y sellado de techos de 18 centros Head Start.

“Estas situaciones impiden la libre competencia entre licitadores, no permiten que la OGPe ejerza su función fiscalizadora, ni protege los intereses del Municipio en caso de incumplimiento por parte del proveedor”, se comentó en el parte de prensa.

En cuanto a los empleados, se informó que se trasladaron nueve empleados municipales a la Empresa Municipal Barceloneta BBQ Chicken como destaques, sin cambiar su estatus y condición, a la de empleados privados. Además, una de las empleadas en destaque, fue ascendida a un puesto de índole municipal, por lo que supuestamente recibió $16,100 de forma indebida.

Asimismo, se informó que el municipio no obtuvo el rembolso del salario del chef en destaque de $37,893, según establecido en los acuerdos de colaboración, y eliminó la deuda de $11,440 en los libros de contabilidad, sin la aprobación de la Legislatura Municipal. La Unidad de Auditoría Interna del Municipio, tampoco realizó auditorías o monitoreos sobre las operaciones de la Empresa BBQ Chicken.

Entretanto, los auditores de la Contraloría identificaron el nombramiento de una persona que había sido convicta, sin haber sido habilitada por la Oficina de Habilitación para el Servicio Público conforme a la Ley 184-2004, para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, según enmendada. Esta situación se remitió al Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos el 19 de julio de 2019, el cual concluyó que el Municipio había incumplido con la legislación laboral. Al respecto, el Municipio tuvo que devolver $11,932 por los salarios de la empleada al Negociado de Fomento de Oportunidades del Trabajo.

Del mismo modo, el Informe indica que Barceloneta registró y remitió hasta cuatro meses más tarde copias de 156 contratos y 65 enmiendas por $6,853,973 a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). Además, para el periodo auditado, enviaron hasta 83 días más tarde el Informe de Nóminas, y 53 días más tarde, el Informe Anual sobre el Estado de Privatizaciones a la OCPR. Estas situaciones, contrarias a la reglamentación vigente, privan al gobierno y a los ciudadanos de información actualizada y accesible en calidad de documentos públicos, según se detalló en el reporte.

En cuanto a los casos judiciales, la auditoría comenta que el municipio desembolsó $140,000 sin recibir beneficio alguno, debido a los pagos de acuerdos transaccionales por demandas en los tribunales: $130,000 a empleada por discrimen político y $10,000 a empleado por despido injustificado.

Además, se informó que al 28 de febrero de 2019, adeudaba $1,439,993 a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. Esta cantidad incluye $49,844 por concepto de los intereses. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-32 de 2016.

Como reacción a estos hallazgos, el director de Finanzas del municipio planteó que “desde que advinimos en conocimiento sobre los hallazgos señalados por parte del personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico mediante un informe preliminar, iniciamos un plan de acción correctiva para cada uno de los hallazgos administrativos reflejados. Cabe destacar que los señalamientos que realiza la Oficina del Contralor son administrativos y ninguno representa mal uso, mal manejo de fondos públicos o corrupción. Del informe se desprende además que cada uno de los aspectos significativos fueron realizados conforme a las leyes y reglamentos aplicables”.

Agregó que “a estos efectos, atendemos cada señalamiento realizado de forma administrativa y la mayoría de los mismos cuentan con las acciones correctivas pertinentes. Estas acciones son recopiladas en el informe denominado Plan de Acción Correctiva que será sometido a la Oficina del Contralor para su aprobación. Reiteramos el compromiso de nuestra administración municipal y de la alcaldesa, Wanda Soler Rosario, en trabajar de forma seria, transparente y conforme las leyes y reglamentos aplicables. Este es y será el norte de nuestra administración municipal”.