El secretario de la Gobernación, Antonio Pabón y su subalterna, Lilian Sánchez se desentendieron hoy de muchas de las decisiones que se han tomado desde La Fortaleza en torno al manejo de la emergencia del COVID-19 y que están bajo la lupa investigativa de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

“Los 19 millones (de la fallida compra de las pruebas a la compañía Apex”) fueron recuperados”, reclamó el Secretario de la Gobernación, quien fue contradictorio en su testimonio bajo juramento. Incluso, dijo que a sus manos no ha llegado ningún contrato de más de $10 mil para atender la pandemia.

“¿O usted fue negligente o incumplió con su deber ministerial porque dejó que todo esto pasara a su alrededor?, lo increpó la representante de la Palma, María Milagros Charbonier.

“Ese contrato se canceló”, le replicó Pabón, quien luego dijo que no era un contrato sino una orden de compra, como ha alegado la gobernadora Wanda Vázquez para justificar porqué el millonario laudo, que terminó cancelado, no se envió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El abogado, quien llegó a Fortaleza en enero de este año, reclamó que una orden ejecutiva que firmó la gobernadora en septiembre de 2019, le otorgó funciones prácticamente iguales en términos jerárquicos a él como Secretario y a la sub secretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez, pese a que él es el jefe del gabinete constitucional y segundo en mando en el Ejecutivo.

Aunque la sub secretaria debía responderle a él, Pabón admitió a preguntas del representante Jesús Manuel Ortiz, que según la orden ejecutiva él no está facultado para darle instrucciones a la sub secretaria, sino la gobernadora, pero alegó que ambos se desempeñan de forma coordinada.

Ortiz confrontó a Pabón en torno a si la orden ejecutiva surgía porque era el interés de la gobernadora que entonces llevaba un mes en el cargo, que la sub secretaria tuviese la misma autoridad que la recién nombrada en ese momento como Secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy.

“Aquí había dos secretarios de la gobernación, uno oficial y una sub secretaria, que tenía poder para hacerlo, ¿ella (la sub secretaria) no respondía a usted?, le inquirió a Pabón el representante popular.

“Trabajábamos en conjunto”, dijo el funcionario, quien en otro extremo de su testimonio, declaró no haber delegado “ninguna” de sus funciones.

¿Quién le daba a ella las instrucciones?, pues según la orden, usted no estaba facultado para darle instrucciones, ¿quién entonces podía darle las instrucciones a la sub secretaria”, le insistió el legislador.

“El gobernador o la gobernadora”, reconoció Pabón.

El funcionario admitió que al día de hoy, a 50 días de la cuarentena, no ha visto ningún formulario sobre compras de emergencia, pese a que las propias órdenes ejecutivas y memorandos sobre el manejo de la emergencia actual, aunque hacen excepciones, disponen que estas deben ser informadas en 48 horas. “Este memorando (orden ejecutiva) lo que busca es crear una estructura paralela a la del secretario de la gobernación. Vemos que, en una emergencia como esta, que han trabajado más de 13 o 14 compras y que el Secretario de la Gobernación no tenga conocimiento, lo único que puedo concluir es que quien único tenía conocimiento era la gobernadora o que la sub subsecretaria es la que se atreve a hacerlo. Estamos ante un andamiaje gubernamental que no tiene ni pies ni cabeza”, sostuvo el represente Ortiz.

En el turno de preguntas del representante independentista, Denis Márquez Lebrón, el Secretario de la Gobernación negó haberle dicho a la ex secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, que la ex jefa de Personal de la agencia, Mabel Cabeza, “era indispensable” para la agencia.

Pabón dijo que antes de renunciar a Salud, Quiñones de Longo le dijo que no quería a Cabeza en la agencia y que la había enviado en destaque a la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

“¿Mabel Cabeza es una experta en salud pública, en administración de salud, en manejo de epidemias”, le inquirió el legislador pipiolo. “Mire a ver si la nombraron por sus vínculos con el partido, por la recaudación de fondos, nade se puede creer que con estas cualificaciones iba ser el enlace de la pandemia y entre eso, los $38 millones (del abortado contrato de Apex) es una cosa terrible para este País”, sentenció Márquez Lebrón.

El presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales preguntó a Pabón si había sido “una coincidencia” que el 18 de marzo la entonces secretaria interina de Salud le dio un destaque a Cabeza para la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y a las 3:00 de la tarde del mismo día, en una reunión en Fortaleza, le llevó una carta a Quiñones de Longo para que le diera el aval a que Cabeza pasara a ser el enlace entre el task force médico, Salud y la Mansión Ejecutiva.

“Usted le llama coincidencia, para mí era lo correcto”, indicó Pabón, quien justificó el nuevo puesto dado a Cabeza, quien a los pocos días fue despedida por el nuevo secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano.

A preguntas del portavoz novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, Pabón rechazó quererse desvincular de Sánchez, pero no fue responsivo cuando el legislador le preguntó, si es ella la Secretaria de la Gobernación de facto.

“Soy dueño de mis acciones y hago mis gestiones según yo entienda. Mis expresiones no han sido en el interés de desvincularme de las gestiones de lo que Lilian Sánchez haya podido hacer. Mi interés es decir la verdad”, dijo para reclamar que la orden ejecutiva “permite compartir funciones”.

Rodríguez Aguiló le preguntó si fue Lilian Sánchez quien llamó a Hacienda para verificar el desembolso de los primeros $19 millones del contrato de Apex, que después tuvo que ser cancelado y respondió que normalmente como funcionarios dan seguimiento a las acciones del gobierno.

La Sub Secretaria se lava las manos y responsabiliza a Salud

“Yo no formo parte de las reuniones del grupo médico, sí he participado en reuniones de gabinete, pero sobre la emergencia muy pocas”, reclamó por su parte la Sub Secretaria de la Gobernación, quien fue sentada a declarar en horas de la tarde en un panel junto con Marisol Blasco, ayudante especial de la gobernadora.

Cabeza, quien también estaba citada hoy, declarará mañana martes a las 10:00 a.m. Ésta según, el encargado del task force médico, Segundo Rodríguez y la ex secretaria de administración de Salud, Adil Rosa le refirieron el controvertible contrato de Apex.

Sánchez llegó a La Fortaleza el 6 de septiembre de 2019 de la mano de Vázquez y declaró que aunque ve a Pabón como su supervisor inmediato, le responde directamente a la gobernadora. Dijo que comparte funciones con Pabón y que fue ella quien llamó al ex comisionado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, para pedirle la renuncia a nombre de la gobernadora.

Sánchez dijo asimismo, que la responsabilidad en la evaluación y adjudicación de contratos recae en las agencias y fue elusiva cuando el Presidente de la Comisión de Salud la confrontó con el memorando que requiere que las compras y contratos durante las emergencias pasen a través de la Secretaría de la Gobernación en un plazo de 24 horas.

“Yo nunca he visto ningún contrato de emergencia”, alegó la funcionaria, quien abogó para que Cabeza que “era la mano derecha” del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez fuera en destaque a Fortaleza para ser enlace con el task force.

Según la Sub Secretaria de la Gobernación en una reunión del 17 de marzo en Salud, en la que participaron la gobernadora y Quiñones de Longo “quién único sabía y pudo contestar las preguntas de las cosas que estaban en proceso en la agencia era Mabel Cabeza”.

“Es probable que esta muchacha pueda dar la mano y mantener en contacto a todas estas entidades para que dieran la mano”, declaró que fueron sus palabras en esa reunión. Admitió que designaron a Cabeza sin consultarlo con la entonces Secretaria interina de Salud.

Reconoció incluso, que ella recomendó a Cabeza para el puesto, pese a que dijo que no sabe qué preparación académica tiene.

Negó haber hecho alguna gestión para el destaque de la funcionaria, pero el presidente de la Comisión de Salud la confrontó con un escrito de la propia Cabeza en el que dice que Sánchez la había llamado dos horas después.

También exoneró a Cabeza de la adjudicación de contratos durante la emergencia. “Que yo recuerde ella no trabajó con las órdenes de compra. No puedo categorizar eso… la plomería era del Departamento de Salud”, dijo y alegó no conocer las funciones que hacía Cabeza desde la Mansión Ejecutiva.

¿La instrucción era que todas las cotizaciones se enviaran a Cabeza?, le preguntó Morales.

“Yo no supervisaba el trabajo de Cabeza, ella estaba asignada al task force. La función de evaluar y recomendar era del grupo médico”, dijo Sánchez, quien sostuvo que no tiene conocimiento del contrato de Apex y que no conoce a Juan Maldonado.

Blasco a su vez, negó a brazo partido haberle pedido a la ex secretaria de Salud que llegara en 20 minutos a La Fortaleza para firmar un contrato para la compra de respiradores y haberle dicho a Segundo Rodríguez que el doctor Carlos Mellado no podía ser parte del task force porque “era enemigo del Estado.

“Yo nunca he dicho eso. Me sostengo en mi verdad”, dijo Blasco, quien detalló que no ha completado un bachillerato, que labora en el Departamento de Desarrollo Económico y que está en destaque en La Fortaleza.

Blasco dijo que laboró con la gobernadora en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, mientras Sánchez indicó que conoció a la mandataria en 2017 cuando esta era Secretaria de Justicia y ésta la ascendió. Incluso, dijo que la acompañó al tribunal cuando la Oficina del Fiscal Especial Independiente le imputó intervenir en una investigación criminal y de lo cual Vázquez fue exonerada.