La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, Liza García, asegura que la consulta sobre el estatus de la isla previsto para el 11 de junio, que mañana trata la Cámara de Representantes, podría costar más de los 2.5 millones de dólares previstos en los fondos estatales que estimaron los legisladores.

En este sentido, Jose Aponte, representante por acumulación, también en declaraciones hoy a los medios locales, ha subrayado que en el Gobierno encontrará los fondos necesarios para que dicho proyecto salga adelanta que analistas y expertos estiman que costará cinco millones de dólares.

Un costo que para muchos analistas no debería de desembolsarse en una isla que atraviesa por una grave crisis económica y que cada día escucha declaraciones de advertencia de sus gobernantes sobre posibles situaciones de escasez de liquidez, entre otros escenarios factibles.

Pero pese a los señalamientos de unos y otros la pieza legislativa sigue adelante y mañana será clave.

La semana pasada el Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto de ley que propone celebrar el próximo 11 de junio una consulta sobre el estatus en la que las dos opciones son "estadidad" y "soberanía separada de Estados Unidos".

El Proyecto del Senado 51, que crearía la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, fue aprobado con 22 votos a favor y ocho en contra.

En caso de que la "estadidad" resulte favorecida por el electorado, se dispone el inicio inmediato de un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos en igualdad de derechos y deberes con los demás 50 estados.

Sin embargo, si la soberanía obtiene la mayoría de votos, la medida dispone automáticamente una segunda vuelta el 8 de octubre de este año, en la que se decidiría entre la Libre Asociación e Independencia.

En la sesión ordinaria de mañana, la Cámara de Representantes tratará la medida.

Se prevé, tal y como anunció la semana pasada, que el opositor Partido Popular Democrático (PPD) -que defiende el estatus actual del Estado Libre Asoaciado (ELA)- presente las mismas enmiendas que intentó en el Senado pero que no avanzaron.

En caso de salir adelante el problema vuelve a ser el económico.

La pieza cuenta ya con 2.5 millones de dólares que le proporciona el estado y la misma cantidad de fondos federales, pero según revela hoy la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de la isla ni siquiera el gobierno ha pagado todo el dinero que costaron los comicios generales celebrados en la isla en noviembre.

Algunas de esas deudas son con algunos suministradores que serían de nuevo necesarios para el plebiscito sobre el estatus de este año.

"Vamos a necesitar fondos adicionales. No es mucho más, pero si hace falta más", advirtió tras, además reconocer, que no se le ha consultado para dar su opinión al ejecutivo sobre esta pieza y que el presidente del Senado, Thomas Rivera, con quien lleva buscando encontrarse desde diciembre, no se reúne con ella.

Por su parte, el representante por acumulación Jose Aponte, se mostró convencido de que el dinero estará disponible pero que hay que esperar al visto bueno de Justicia sobre el uso de los 2.5 millones de dólares de los fondos estatales.

Por su parte, el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que la legislación permite someter este proyecto y que se necesita el aval de la justicia federal para usar 2.5 millones de dólares para viabilizar el plebiscito.

"Mirar solo el costo no le hace justicia al efecto que tendría un resultado en términos de movernos de la situación en la que estamos actualmente", dijo además Rosselló en un acto público.

En total, cuatro plebiscitos de estatus se han llevado a cabo en Puerto Rico en búsqueda de mantener su posición del ELA, la independencia o la anexión.

El más reciente se realizó en 2012, que coincidió con las elecciones generales.

En esa consulta se hicieron dos preguntas: en la primera el 54 % de la población dijo no estar de acuerdo con el actual estatus, y en la segunda el 61.1 % abogó por la incorporación, el 33.3 % por el Estado Libre Asociado Soberano (una variante poco definida del actual estatus) y tan solo el 5.5 % por la independencia.

Otros plebiscitos sobre el estatus de Puerto Rico se realizaron en los años 1967, 1993 y 1998.