La lentitud en las agencias gubernamentales para atender los endosos de construcción, el alto costo de los arbitrio y patentes municipales, así como que no se ha aumentado los topes del costo de las unidades de interés social han perjudicado la edificación de viviendas nuevas en la Isla.

Así trascendió este martes durante un conversatorio entre el gobernador Pedro Pierluisi y la presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Vanessa de Mari Monserrate, en el Congreso de la Vivienda que realizó la organización en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

En un inicio, el gobernador centró su mensaje en la mejoría económica que dice ha alcanzado la Isla bajo su administración gubernamental. Sostuvo que no toda esa mejoría puede achacarse a que se ha recibido miles de millones de dólares del gobierno federal para emprender una reconstrucción del daño dejado por el huracán María. Esto, a pesar que destacó que actualmente hay más de $6,500 millones en proyectos de reconstrucción del Gobierno con fondos federales y estatales que promueven tal impulso.

Pero, a preguntas de Monserrate, el mandatario tuvo que aceptar que en agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) hay “un tapón” de peticiones de endosos necesarios como para que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) avale los proyectos de vivienda. Mientras, respondió que no puede inmiscuirse en asuntos de patentes o arbitrios municipales, ya que la imposición les es permitida por la Ley de Municipios Autónomos. De paso, reclamó al Senado que atienda la medida que elevaría los topes permitidos de vivienda de interés social, el cual está detenido en ese cuerpo.

Sobre el problema de los endosos, Pierluisi sostuvo que ha designado en La Fortaleza a un funcionario que está a cargo de darle visibilidad a lo que se registra en la Isla para proyectos cuya inversión es de más de $10 millones o sobre 50 unidades de vivienda.

“Esos endosos nosotros los estamos velando desde la propia Fortaleza, asegurándonos que no sean oneroso, que es la queja, que no la estén pidiendo, pues, por ejemplo, construir toda una troncal para un número de familias enorme cuando el proyecto es, por decir, sin unidades. O sea, lo que estamos velando es que los endosos de las agencias no estén condicionados irrazonablemente”, señaló.

Indicó que las agencias que más están pendientes a que cumplan y no sean “irrazonables” son el DRNA, la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, así como LUMA Energy.

También aludió a que la falta de personal en las agencias es la que ha provocado que haya lentitud en atender las peticiones de los constructores.

“Por otro lado, en cuanto a municipios, lo que yo les dije es la realidad. A los municipios, los arbitrios, eso es un impuesto municipal, las patentes también. Y, en Puerto Rico, hay una autonomía municipal que se respeta. Cada alcalde es el que decide qué es lo que cobra de árbitro, que es lo que cobra de patente. Así que esos reclamos tienen que ser puntuales. O sea, tienes que ir al alcalde o la alcaldesa en cuestión a reclamar, pues, una reducción, si entiendes que eso es lo que va a hacer el proyecto viable”, señaló el gobernador.

Según la presidenta de la Asociación, la imposición de arbitrios, patentes y otros asuntos, como el Impuesto de Venta y Uso (IVU), elevan los costos de la construcción entre un 15% a un 25%. Alegó que esta situación incide en altos costos de construcción y, a su vez, alto costo del precio de venta de la propiedad.

Lo que reclamó Monserrate es, “si podía controlar (estas partidas) con mirar a cerrar esa brecha”.

El tercer reclamo tuvo que ver con el tope de los costos de unidades de interés social. Pierluisi aludió que es el Senado quien tiene el proyecto de administración detenido.

“Yo estoy reclamando que se acabe de dar ese voto… El proyecto vino de la industria. Básicamente lo que tienen que hacer es aprobarlo. Subimos los topes a $210,000 para viviendas unifamiliares, $250,000 para viviendas multifamiliares. Lo sometimos desde noviembre. O sea, las excusas sobran. Lo que hay que hacer es llevarlo a votación y aprobarlo”, sentenció Pierluisi.

Por otro lado, la presidenta de los constructores aludió a otros incidentes de los cuales tienen temor, entre ellos se encuentra el que el Tribunal Supremo dio paso a la impugnación del Reglamento Conjunto de Permisos.

El gobernador comentó sobre el particular que el gobierno ha requerido al máximo foro que detalle el alcance de su decisión. Mientras, sostuvo que la Junta de Planificación trabaja a todo vapor para aprobar un nuevo reglamento.

Asimismo, en el conversatorio se habló de los problemas para conseguir mano de obra. Al respecto, el ejecutivo aludió a que se necesitaría una autorización del Congreso de los Estados Unidos para permitir que mano de obra diestra de países como El Salvador, Guatemala o República Dominicana puedan ingresar a la Isla para ayudar en la reconstrucción del país.