El gobernador Alejandro García Padilla dijo ayer que Puerto Rico incurrirá en un impago de los bonos que vencen el próximo 1 de mayo.

“El próximo lunes hay un impago. Lo estoy diciendo hoy”, expresó el mandatario. 

“No creo que de aquí al lunes encuentre $470 millones que no hemos encontrado hasta ahora”, afirmó.

El primer ejecutivo advirtió que los acuerdos en los que trabaja su equipo con los acreedores tampoco evitarán el fallo en el pago del 1 de mayo.

“Estamos trabajando unos acuerdo con los acreedores para que Puerto Rico se vea menos perjudicado”, sostuvo. “Pero, un acuerdo que impida por completo un impago, no creo que se logre”.

Los esfuerzos de conseguir enmiendas que le permitieran a Puerto Rico acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal no tuvieron éxito. 

La medida que se maneja actualmente en el Congreso es un proyecto de ley que contempla una reestructuración de la deuda pública a la vez que crearía una junta federal de control fiscal.

Aunque han circulado borradores, todavía la comisión que lo trabaja en la Cámara de Representantes federal no ha emitido un informe, por lo que no se espera que quede tiempo suficiente para que se apruebe un proyecto de ley, que luego vaya al Senado y finalmente sea firmado por el presidente Barack Obama.

De hecho, reportes de la prensa de las pasadas horas en los Estados Unidos reflejan expresiones de congresistas, como Kevin McCarthy, y del portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, con las que se responsabilizan mutuamente ambas ramas por la dilación del proceso. 

A preguntas de la prensa sobre el retraso en la votación, García Padilla señaló que “mientras más tarde, más humanitaria se va a tornar la crisis. Eso lo tiene que entender el Congreso”.

Sus expresiones tuvieron lugar cuando salía de los predios del castillo San Felipe del Morro de la actividad de reconocimiento del Regimiento del 65 de Infantería, particularmente, por sus actuaciones en la Guerra de Corea.

Allí, García Padilla aprovechó su discurso para hacer un llamado al Congreso a que tome acción para ayudar al Gobierno de Puerto Rico con medidas que permitan reestructurar la deuda que asciende a sobre $72,000 millones.

 Y, ¿cuáles serían las implicaciones de un impago? Los economistas José Alameda y Gustavo Vélez analizan el impacto de esta decisión. 

En la economía

Situaciones de impago hacen que empresarios e inversionistas pierdan confianza en el país y su posibilidad de superar la crisis fiscal y económica.

Un impago como el que se dará el 1 de mayo hará igualmente que se afiance la imagen de que Puerto Rico no cumple sus compromisos.

 Alameda anticipó que dentro de ese escenario podría cancelarse incluso  la expansión de industrias que ya están ubicadas en la Isla.

Los bonistas puertorriqueños, tenedores de bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF),  perderán el dinero invertido en bonos  y eso afectará los ahorros que muchas de estas personas habían destinado para su jubilación. 

En una situación de impago gubernamental la banca también será más exigente a la hora de otorgar financiamiento a los individuos que quieran iniciar un nuevo negocio en la Isla.

 El clima de incertidumbre también puede provocar que más personas decidan emigrar para buscar una mejor calidad de vida fuera de este País.

¿Y en los servicios?

La acción tomada por el Gobierno de no pagar los $470 millones que debe el BGF está fundamentada en un interés de proteger los servicios esenciales que recibe el pueblo de Puerto Rico en las áreas de seguridad, educación y salud, entre otros.

 Vélez dijo que otros servicios que ofrece el Estado podrían afectarse a consecuencia del impago del Banco Gubernamental de Fomento y del anticipado impago de  otras obligaciones del Estado que están pautadas para julio.

 Una reducción en el presupuesto del próximo año fiscal podría redundar, por otro lado, en un recorte  de las aportaciones que el gobierno le brinda a diversas organizaciones sin fines de lucro.

Estas organizaciones le ofrecen servicios directos a la ciudadanía en áreas de trabajo social, educación y otras.

Efecto en el gobierno

Cualquier posibilidad de tener acceso a tomar dinero prestado se le cierra a Puerto Rico por el impago del próximo 1  de mayo.

El gobierno tampoco tendría acceso a los préstamos a corto plazo que se toman al inicio de cada año fiscal, los famosos Trans. 

Sin ese dinero -el de los Trans-  se  agravaría el flujo de caja del Gobierno y se seguirían atrasando, entre otros, los pagos a los suplidores del Estado.

El impago traerá como secuela una degradación adicional del crédito de la Isla, que ya está en malísimas condiciones.

Es posible, según el economista Gustavo Vélez, que el próximo presupuesto sufra un recorte de entre $600  a $800 millones.

Un presupuesto ajustado  de esa manera podría implicar la eliminación de algunas agencias, principalmente  aquellas que no brindan servicios esenciales, como podrían ser las Procuradorías, y otras, de acuerdo con el economista.

El economista José Alameda  no descartó que haya despidos de empleados públicos en medio de la crisis o que se envíe al retiro a algunos trabajadores del gobierno.

“Lo de jubilar empleados es peligroso, porque te ahorra un dinero un sitio, pero te afecta los Sistemas de Retiro del Gobierno”, afirmó Alameda.

¿Qué pasará ahora?

Alameda y  Vélez anticipan que el impago del próximo 1 de mayo provocará una avalancha de demandas de parte de los bonistas del BGF, con  la intención de revertir la decisión tomada por el gobernador Alejandro García Padilla.

Es posible que los bonistas también procuren el embargo de cuentas del Estado, entre ellas las del Departamento de Hacienda.

Esto último ocurriría pese a que el Gobierno central sacó sus depósitos del Banco Gubernamental de Fomento y los colocó en la banca privada para protegerlos, indicó Alameda.

“Pueden embargar las cuentas de Hacienda que están en el Banco Popular. Por el hecho que tú las traslades, no quiere decir que no son embargables”, explicó el economista.

Se espera que el gobierno  no  le ponga freno a sus  esfuerzos de negociar una reestructuración de la deuda de Puerto Rico. 

También se anticipa que se siga  insistiendo en una acción congresional que  viabilice esa  reestructuración, gestión que hasta ahora ha resultado infructuosa.  

¿Qué nos salvará?

¿Cómo podemos salir de esta crisis que parece infinita?

Ese es el gran reto que tiene el gobierno de Puerto Rico.

Según los economistas Alameda y  Vélez, existe la posibilidad de que el impago provoque que los bonistas lleguen a unos acuerdos con Puerto Rico, que puedan resultar aceptables para ambas partes.

“Ellos (los bonistas) podrían pensar que peor es perderlo todo¨, acotó Alameda.

Hay sectores que también piensan que una Junta de Control Fiscal federal ayudaría a solucionar de forma definitiva los problemas fiscales de  Puerto Rico.

Otro sector  considera que esa no es la opción porque creen  que  la junta federal lo único que procuraría es que Puerto Rico le pague a los acreedores.

Alameda se apuntó entre los que piensan lo segundo, que a  la junta lo que le interesaría es pagarles a los bonistas.

 A más largo plazo, lo que la Isla necesita es desarrollo económico, un desarrollo económico que haga llegar más ingresos al Estado y de ese modo este se libere de su déficit fiscal, apuntan los expertos.