El Congreso de los Estados Unidos evaluará si el estimado anual de ingresos y gastos del gobierno de Puerto Rico es razonable, luego de que se aprobara una medida para tales fines, informó el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

 El informe, que estaría a cargo del organismo investigativo llamado Contraloría General de Estados Unidos (GAO, en inglés), también incluirá recomendaciones para mejorar el proceso que se utiliza para realizar esos estimados, informó el comisionado en comunicado de prensa.

Específicamente, la directriz para revisar las finanzas de Gobierno boricua surge de la Ley General para los Territorios. La misma no solo atiende a Puerto Rico, sino a los demás territorios de los Estados Unidos. 

Según alegó Pierluisi, la medida fue aprobada aún con la objeción del gobernador Alejandro García Padilla.

“Esta disposición ayudará a atender un problema que hemos visto en Puerto Rico y los otros territorios, que es la tendencia de los gobiernos locales de sobreestimar la cantidad de ingresos que serán recaudados y de subestimar la cantidad de gastos gubernamentales que incurrirán en el año fiscal entrante”, dijo Pierluisi.

Según el comisionado, entre los años fiscales 2006 y 2008, administrado por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, se sobreestimaron los recaudos por $1,100 millones, $822 millones, y $718 millones, respectivamente.

 Pierluisi alegó que este cuadro no ocurrió bajo el mando de Luis Fortuño en el cuatrienio del 2009 al 2012. Dijo que en este periodo “el Gobierno desistió de esta práctica y los recaudos excedieron las proyecciones por una pequeña cantidad cada año”.

“Desafortunadamente, varios economistas y agencias de crédito han expresado preocupaciones de que el Gobierno actual esté regresando a estas malas costumbres”, aseguró el comisionado en comunicado de prensa.

El también presidente del Partido Nuevo Progresista explicó que cuando un Gobierno hace proyecciones incorrectas en su presupuesto causa un efecto dominó que resulta en déficits presupuestarios, endeudamiento excesivo, degradaciones de crédito, pagos de intereses más altos, y una reducción en la habilidad de pagar pensiones e invertir en las áreas de educación, infraestructura, seguridad pública y otras prioridades.

Por otro lado, la medida congresional aprobada busca requerir que la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca prepare y publique una Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera del Caribe. La misma estaría diseñada para mejorar la respuesta federal al narcotráfico y la violencia que causa en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes.

Además, se incluyó una disposición diseñada para reducir el costo de la luz en los territorios. Esta requiere que el secretario del Departamento del Interior establezca un equipo de asesores para asuntos técnicos, de política pública y financieros, que desarrollen un plan de acción que atienda las necesidades energéticas de cada territorio individualmente, dijo.

“El precio de la luz en Puerto Rico es dos veces y medio más alto que el promedio nacional, lo cual tiene un impacto negativo muy significativo para nuestras familias y negocios. Puerto Rico todavía genera 70% de su electricidad con petróleo, que es caro y le hace daño al ambiente. Es de crítica importancia que hagamos la transición a combustibles que sean más limpios y menos costosos, como el gas natural. El plan energético que requiere esta disposición nos ayudaría a lograr esta meta”, opinó.