El presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso, Raúl Grijalva, y la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez emitieron este sábado unas expresiones conjuntas en las que repudian el contrato que otorgó la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a Luma Energy para hacerse cargo de la transmisión y distribución de energía.

En sus expresiones, los congresistas aludieron a que “el plan de privatizar la AEE representa una amenaza de empeorar la crisis” que viven los puertorriqueños tras el paso de los huracanes Irma y María, los terremotos en el área sur del país, la pandemia del COVID-19 y la quiebra del gobierno”.

Alegaron que esta transición en plena temporada de huracanes, la cual comenzó hoy, podría empeorar las condiciones del sistema eléctrico y agudizar la crisis laboral.

Específicamente, Grijalva enfatizó en que esta transición a Luma Energy, “está desmantelando el personal capacitado para trabajar con el sistema eléctrico del país, lo que inevitablemente aumentará los costos relacionados para el pueblo de Puerto Rico. A menos de 30 días para que entre en vigor el contrato los empleados adiestrados y capacitados para realizar las labores esenciales están recibiendo cartas en las que se les notifica que fueron desplazados a otras agencias del gobierno para llevar a cabo tareas tales como guardias de seguridad, costura y enfermería, entre otras”.

Mientras, los congresistas criticaron que se le vaya a entregar $750 millones del Fondo General del gobierno a Luma Energy para que comience sus operaciones en la Isla. Aludieron a que este acto empeoraría la crisis fiscal y la transacción no redundaría en ahorros al fisco.

“Los puertorriqueños merecen algo mejor. La fuerza laboral capacitada de la AEE merece algo mejor. Por ello, hacemos un llamado al gobierno de Puerto Rico a que retrase la puesta en vigor del contrato con LUMA hasta que se logre un resultado que haga justicia a los empleados del sistema eléctrico del país. Hacemos un llamado también a la Junta de Supervisión Fiscal para que utilice su poder de supervisión para ayudar a que Puerto Rico tenga finalmente un sistema eléctrico confiable, accesible y basado en energía renovable”, indica el comunicado de prensa.