La vicealcaldesa de Guaynabo, Luisa Colom García, confirmó este jueves que despidió al director de Desarrollo Económico del municipio, Raúl Torres Gómez.

“Es una decisión administrativa de personal”, se limitó a señalar la funcionaria en declaraciones conferidas a Primera Hora.

Raúl Torres Gómez se desempeñaba como director de Desarrollo Económico del Municipio de Guaynabo.
Raúl Torres Gómez se desempeñaba como director de Desarrollo Económico del Municipio de Guaynabo. (Captura)

No emitió comentario relacionados a las alegaciones de que el despido se debió a que el funcionario pudo haber destruido documentos del municipio.

Aclaró, sin embargo, que el despido no está relacionado al caso federal que enfrenta el alcalde Ángel Pérez Otero, acusado por un gran jurado por cargos de soborno, conspiración y extorsión.

Primera Hora le escribió a Torres Gómez a través de Facebook para solicitar una entrevista. De inmediato, no ha habido una respuesta.

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Según supo este diario, Torres Gómez fue esposo de la exlegisladora y exjueza, Lisa Fernández, actual cónyuge de Pérez Otero.

En la página de Linkedin, Torres Gómez expuso que ocupaba el cargo de director de Desarrollo Económico del municipio desde el 2017, “luego de ser nombrado por su alcalde, Ángel A. Pérez Otero y ratificado por la Legislatura Municipal”.

Detalló que “se ha enfocado en promover un ambiente adecuado para que tanto los ejecutivos y/o dueños de las empresas, como los comercios y las industrias viesen en Guaynabo el lugar ideal para hacer negocios”.

“Además de sus gestiones como director de Desarrollo Económico, preside la Junta de Subastas del Municipio y también, la Junta de Directores de la recién creada corporación municipal la “Guaynabo Development Enterprise Inc.” La cual, busca expandir e incrementar las posibilidades de negocios e ingresos para el municipio”, se añade en el perfil.

La renuncia de Pérez Otero se hace efectiva hoy, jueves. A este se le imputó recibir un soborno de $5,000 mensuales de parte de Oscar Santamaría a cambio de favorecer a la empresa Island Builders.

Esta empresa entró al municipio luego de declararse como “desierta” una subasta.

Cabe destacar que Santamaría llegó a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales y se expone a una pena de prisión de cinco años.

Fotografías suministradas como prueba por la Fiscalía federal muestran cuando supuestamente en agosto pasado Santamaría le entregó a Pérez Otero lo que aparenta ser una paca de dinero en efectivo.