Barranquitas. El gobernador Pedro Pierluisi se mostró este martes confiado en que su administración saldría airosa de la demanda incoada la semana pasada por la Junta de Supervisión Fiscal para anular la Reforma Laboral.

“Vamos a litigar al asunto. Estamos preparados para litigar el asunto. Y veo con buenos ojos que Cámara y Senado se van a unir al litigio. Así que vamos a hacer un frente común en contra de la Junta, porque entendemos que esos cambios que se hicieron a la Reforma Laboral son mesurados y están dirigidos a aumentar la participación laboral, que es algo que todos debemos apoyar”, precisó.

El también abogado y exsecretario de Justicia no fue preciso sobre la prueba con la que cuenta su gobierno para prevalecer en la demanda presentada por la Junta ante la corte de los Estados Unidos. Mencionó solamente que la “lógica y el sentido común indica que (las enmiendas establecidas en la Ley 41 de Transformación y Flexibilidad Laboral) va a ayudar para atraer más personal a las filas del empleo”.

De inmediato, ripostó que “lo que no puede probar la Junta, yo estoy seguro, es que la Reforma Laboral que se hizo en el 2017 fue beneficiosa para la economía de Puerto Rico y, por ende, no puede probar que estos cambios mesurados van a ser dañinos para la economía. Eso es lo que está estipulado”.

El pasado jueves, el presidente de la Junta, David Skeel, anunció la presentación de la demanda contra Pierluisi.

Entre los argumentos, el funcionario estableció que “Puerto Rico ha logrado un progreso sustancial hacia la responsabilidad fiscal, el crecimiento económico y la prosperidad, pero la aplicación de la Ley 41 revertiría ese progreso”.

“Puerto Rico no puede implementar leyes que aten las manos de las empresas con deseos de crecer. La Ley 41 descarrilará el camino de Puerto Rico hacia la recuperación y disminuirá el crecimiento económico que el pueblo de Puerto Rico merece”, añadió.

Las razones que se brindaron, mediante comunicado de prensa, para someter la demanda incluyeron que la estructura del mercado laboral hace que Puerto Rico sea vulnerable a la disminución del empleo en el sector formal a causa de la promulgación de la Ley 41, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento histórico del mercado laboral, la facilidad para emigrar a los Estados Unidos y la facilidad para unirse al mercado laboral informal.