Con el inicio este lunes de las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE), el gobernador Pedro Pierluisi acotó que la esperanza del gobierno es que la jueza Taylor Swain lo apruebe y que no se afecte el criterio en ley que tiene el Negociado de Energía para establecer las tarifas que pagan los consumidores de servicio eléctrico.

“Lo que nosotros queremos en el gobierno es la mayor reducción de la deuda posible, deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que se respete la jurisdicción y el mandato de ley que tiene el Negociado de Energía en Puerto Rico para establecer las tarifas que pagamos todos los que consumimos el servicio eléctrico en la isla”, expresó el primer ejecutivo tras participar del anuncio de un proyecto que brindaría agua potable a más de 5,000 personas desprovistas de este servicio esencial en San Lorenzo.

Pierluisi aplaudió el hecho de que hace unos años la discusión de un ajuste a la deuda de la corporación se centraba en un 15% y que ahora esa cifra porcentual sea de un 75% correspondiente a la deuda de bonos emitidos por la AEE.

“Hemos mejorado muchísimo, pero la jueza es la que tiene la palabra final”, dijo en referencia a Swain quien dilucida el caso en el tribunal federal.

Reiteró su confianza en que el gobierno está en posición de prevalecer con “una alta probabilidad” de que se apruebe el plan que propuso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Eso en cuanto a la reducción de la deuda y no en cuanto a tarifas, porque eso está fuera de lugar”, expresó al agregar que espera que la jueza respete la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019).

De otra parte, Pierluisi dijo que de concretarse el acuerdo entraría el proceso del contrato suplementario de LUMA Energy y la activación del pacto principal estarán sujetas a negociaciones que comenzarían una vez la sentencia advenga final y firme.

Bajo el contrato suplementario LUMA devengó $117 millones anuales en el año fiscal 2021-2022 y $121.1 millones en el año fiscal 2022-2023. Mientras el prespuesto para el año fiscal 2023-2024 es de $128.6. La suma total es de $366.7 millones.

La jueza de distrito federal estima en $2,388 millones la reclamación de los principales acreedores de la corporación pública en lugar de los $8,500 millones que el grupo reclamaba. A eso habría que sumarle otras obligaciones como el plan de pensiones, que suman más de $3,000 millones.

El gobernador insistió que son la empresa y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) quienes negociarían cualquier enmienda al contrato de acuerdo, pero puntualizó que no se contempla alguna cancelación o cambios que pongan “en peligro la estabilidad del sistema”.

“Yo sé que el sentir general del pueblo es que no quiere regresar al pasado, a que la red esté en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya estamos en otra etapa. ahora lo importante es fiscalizar a LUMA, fiscalizar a GENERA y eso lo hacen múltiples entidades del gobierno, comenzando desde la propia Fortaleza”, mencionó Pierluisi.

“El detalle de qué queda por negociar cuando ya esté confirmado el plan, eso quien lo domina y lo tiene es Fermín Fontanés”, agregó en alusión al jefe de la AAPP.