El controvertible proyecto que busca flexibilizar varios artículos de la Ley de Armas, uno de los cuales permitiría que una armería pueda estar ubicada de frente o al lado de una escuela, sigue vivo en la Legislatura, a pesar de que el Senado lo derrotó en reconsideración el pasado 11 de enero.

La medida, un sustitutivo de los Proyectos de la Cámara 575 y 382 fue rechazada por 14 senadores y otros 12 votaron a favor. Sin embargo, este medio supo que el pasado martes, 16 de enero volvió a coger aire con una nueva solicitud de reconsideración del portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, quien la semana anterior había sido uno de los votos en contra.

Pero, el pedido de revivir la pieza legislativa provino de la Cámara de Representantes, donde, a diferencia del Senado, varios populares favorecen la propuesta.

El proyecto sustitutivo se basa, principalmente, en el Proyecto de la Cámara 575, sometido el 10 de marzo de 2021 por los representantes Ramón Luis Cruz Burgos (PPD) y José “Quiquito” Meléndez (PNP) a petición de CODEPOLA (Corporación para Asistencia Legal para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico).

La medida se aprobó en ambas cámaras legislativas en la segunda sesión ordinaria de 2023 y llegó a La Fortaleza, pero tras las fuertes críticas que recibió en la opinión pública y las denuncias de legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), quienes le pidieron al gobernador Pedro Pierlusi que la vetara, el 6 de octubre de 2023, la pieza de ley regresó a la Legislatura.

La vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, uno de los votos en contra, dijo en entrevista con Primera Hora que el gobernador pidió a las cámaras legislativas que solicitaran la devolución de la medida por la preocupación que generó el cambio en las restricciones en las distancias entre escuelas y armerías y polígonos de tiro.

Sin embargo, indicó que las últimas enmiendas trabajadas en la Cámara cuando se volvió a aprobar la medida, el pasado 9 de noviembre, no tocaron ese asunto.

“Ellos (los representantes) dejan las distancias de campos de tiro cerrados a 300 metros de una escuela, dejaron también una milla de distancia de una escuela de campos de tiro abiertos y quitaron la distancia de una milla, entre una escuela y armerías”, cuestionó la senadora.

Dijo también que, en un momento dado, antes de que el proyecto fuera aprobado la primera vez, ella levantó bandera sobre un articulado que daría potestad al comisionado de la Policía de hacer allanamientos sin orden judicial cuando tenga motivos para creer que se pudiera estar cometiendo delito por una persona con licencia para portar armas de fuego, lo que a su entender podría ser inconstitucional.

“La protección de nuestros niños es fundamental. Eso de quitar la distancia de una milla entre escuelas y las armerías hay que tomarlo con pinzas y el que no sea necesario una orden judicial para un allanamiento, eso también es muy delicado y nosotros vamos a estar pendiente. Si la medida no logra cumplir con esas expectativas estaríamos emitiendo nuevamente un voto en contra”, sostuvo González Huertas.

Dijo que también le preocupó el que se pudiera devolver un arma de fuego a una persona que haya sido desarmada por condiciones de salud mental y un médico acredite que fue dado de alta.

“Nosotros no tenemos que estar a diestra y siniestra con armas por ahí. El asunto de poseer armas de fuego también tiene que estar manejado por inteligencia emocional”, agregó la senadora popular por el distrito de Ponce.

Uno de los opositores al proyecto de ley, el portavoz del MVC, José Bernardo Márquez Reyes, insistió en que la legislación “que hace falta con respecto al tema de armas tiene que ir en otra dirección”, en fortalecer las herramientas investigativas, en prevenir que las armas y las municiones caigan en manos incorrectas y fiscalizar también la entrada ilegal de armas a Puerto Rico.

“En cuanto a este proyecto en particular me parece que mientras más conciencia se ha creado de sus implicaciones ha aumentado la oposición y creo que el mejor desenlace habría sido derrotarlo. No obstante, quienes lo favorecen insistirán en mantenerla viva y en aprobarla, pero creo que tanto la devolución del proyecto de Fortaleza como su derrota en el Senado, demuestran que las implicaciones de esas enmiendas (a la Ley de Armas) han generado preocupación en la Asamblea Legislativa”, dijo.

El legislador indicó que la enmienda “más problemática que se plantea” es la que permitiría ubicar armerías próximas a escuelas.

“No hay un fundamento de política pública para eliminar esa restricción, creo todo lo contrario, que se debe mantener. Por algo se estableció desde un principio en la Ley de Armas y para convencerme a mí como legislador para cambiar esa política pública tendría que haber un criterio relacionado a la educación, a la seguridad pública y eso no está planteado aquí. Por eso me opuse al proyecto cuando se vio en Cámara y sigo opuesto a esas enmiendas”, sostuvo.

“Respaldo enmiendas que fortalezcan las regulaciones de la Ley de Armas, no que la flexibilicen”, reiteró Márquez Reyes.

Desde que fue radicada en 2021 la pieza de ley generó controversia porque permitía que una persona pudiera portar más de un arma de fuego a la vez, lenguaje que no figuró en la última versión del proyecto sustitutivo al igual que otros artículos que también fueron cuestionados por algunos legisladores, entre ellos, el que buscaba aumentar de cinco a 15 las armas que se pueden mantener en custodia legal y el rebajar la cuantía del seguro de las armerías de $500.000 a $250,000.

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Luis “Narmito” Lugo Ortiz, uno de los propulsores del proyecto de ley, no soltó prenda sobre las nuevas enmiendas que se cuajan para mantener viva la medida y dijo que la Cámara concurrirá con la versión que apruebe el Senado.

“Eso está en el Senado. Ellos quieren enmendar unos detalles que encontraron y yo les dije que ese es el proceso, que yo no tendría ningún tipo de problema y estoy en espera”, indicó Ortiz Lugo cuando Primera Hora le preguntó por el trámite de la pieza legislativa.

¿En qué consisten las enmiendas?, le preguntó este diario.

“Es un detalle legal, que ellos (los senadores) no están de acuerdo y lo iban a revisar. Yo voy a concurrir, no tengo problemas con lo que mencionaron”, sostuvo Ortiz Lugo y agregó que mañana, martes, se reunirá con la vicepresidenta del Senado.