Luego de nueve meses desde que fue declarada culpable por un jurado, la ex directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López, recibió hoy la noticia de que tendrá que acudir el 24 de agosto nuevamente a la sala del juez federal Pedro Delgado para escuchar su sentencia.

López y otros tres acusados fueron declarados culpables el 7 de octubre del año pasado tras un largo juicio por su alegada participación en un esquema de corrupción gubernamental gestado por el ex recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández.

La ex funcionaria quedó libre bajo fianza en lo que se veía la sentencia que tuvo un primer señalamiento para el 6 de febrero. Sin embargo, en el interín su defensa, compuesta por los abogados Joaquín Monserrate Matienzo y José Aguayo, pidió reconsideración al juez Delgado, entre otros recursos.

Según el testimonio de uno de los coacusados Héctor Vargas, socio de Hernández, tempranito en el 2013, ambos cabildearon en reuniones en el Senado para que López fuera confirmada como jefa de ADL.

Hernández, Eder Ortiz y Vargas se reunieron y establecieron las estrategias que debían seguir para llenar plazas en puestos claves, relató entonces el testigo.

Una vez lograron la confirmación de López, se fueron al Hotel Sheraton Convention Center y le hicieron una fiesta con la que sellarían su pacto.  

A cambio, López ayudó a Hernández y Martínez a obtener contratos para dar el servicio de registrar electrónicamente a participantes de ferias de empleo auspiciadas por ADL. 

Un documento presentado al jurado estableció que de esa labor facturaron a la ADL 1,334.15 horas, para un total de $86,720.

Héctor reconoció en corte que no tenían experiencia en el tema.

También firmaron otro contrato con López como directora de ADL para organizar toda la logística de las ferias de empleo en distintos municipios. Ese documento se enmendó siete ocasiones en un periodo de 10 meses, para ampliar el monto hasta un tope de $460,000.

Del mismo modo, Hernández y sus socios lograron otro contrato con ADL, firmado por López para ofrecer talleres a personas cesanteadas, que se pagaría con fondos federales de la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA), aunque no tenían experiencia. 

Poco les importó que los contratos dijeran que no podían subcontratar los servicios, ellos lo hicieron de todos modos.

Además trascendió que Hernández le compró a López carteras de diseñador, un teléfono último modelo y la llevó a cenas y almuerzos en sitios lujosos. También la invitó a conciertos en donde le auspiciaba champán con fresas.

La defensa de López buscó establecer que ambos eran amigos, que López fue confirmada en el cargo por sus propios esfuerzos y conexiones y que todos los regalos eran porque Hernández la pretendía de forma romántica y no para obtener contratos de gobierno.

Si se le aplicaran las guías máximas de sentencia de forma consecutiva -lo que no necesariamente ocurre de esa forma- López enfrentaría hasta 80 años de prisión.

Por este caso también se declararon culpables Martínez, Hernández, el exadministrador de la Cámara de representantes, Xavier González; la exdirectora de compras de la AAA, Sonia Barreto Colón; Javier Muñiz Álvarez, empleado de JM Profesional & Training Group; Carlos Luna Cruz, quien ofrecía servicios a JM Profesional y Víctor Burgos Cotto, exdirector de Informática de la Cámara.