Compañía de Turismo presenta enmiendas a Proyecto de Reforma
Requirieron de la Asamblea Legislativa que incluya en el proyecto, que finalmente se apruebe, un lenguaje que aclare las ventas de provisiones a los cruceros que visitan el país.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 9 años.
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La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) apoyó este miércoles el proyecto de reforma contributiva que presentó el Ejecutivo, pero propuso enmiendas a la propuesta para aclarar, en su mayoría, las exenciones que la pieza legislativa reconoce a dicha industria.
Tras señalar que el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) no es ajeno a los turistas por su utilización en numerosos países, el director ejecutivo interino de la agencia, Luis Daniel Muñiz, apoyó la enmienda que propuso el representante Ángel Matos para reducir la cantidad de bienes comprados por estos a $500 y que se considere la totalidad de las compras en lugar de ser por transacción como lee actualmente la medida. La propuesta inicial es que el reembolso fuera por compras sobre los $1,000.
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Sugirió además la CTPR que ese proceso se canalice acreditando el reembolso a una tarjeta de crédito provista por el turista, según se hace en otras jurisdicciones.
También propuso la agencia que se le dé a la industria de turismo el mismo trato que se le ofrece en el proyecto a los servicios de exportación “para que de esta forma puedan reclamar el crédito dispuesto sobre los insumos y servicios relacionados a la operación, habilitación, construcción y desarrollo de actividades turísticas”.
Otra enmienda propuesta por Turismo es que se aclare también en el texto que las asociaciones de titulares de derechos de multipropiedad (timeshare) tienen la misma exención al pago el IVA que las asociaciones de residentes o condómines.
También requirieron de la Asamblea Legislativa que incluya en el proyecto que finalmente se apruebe un lenguaje que aclare que la venta de provisiones a los cruceros que visitan el país “son ventas de exportación ya que realmente se hacen con la intención de que dichos productos sean consumidos fuera de Puerto Rico”.
Sugirieron de la misma forma un lenguaje para establecer que las ganancias, beneficios e ingresos de la transportación aérea ofrecida por líneas comerciales extranjeras se considerarán ingresos de fuentes fuera de Puerto Rico, al igual que el proyecto lo establece para los cruceros. También que se aclare que los boletos de transportación aérea permanecerán libres del impuesto, como lo están ahora con el IVU.
Por otro lado, Muñiz aclaró que el lenguaje del proyecto es claro al indicar que “el cargo por servicio que estaría cobrando un agente de viajes estaría sujeto al IVA, no así el precio por el hotel, el boleto aéreo y demás componentes del paquete de viaje al exterior”.
Una última enmienda que propuso Turismo es para que se indique claramente en la legislación que los contratos ya firmados para convenciones en Puerto Rico, aun cuando se celebren luego de aprobado el proyecto, se mantendrán a la tasa de los impuestos aplicables que estaba vigente a la fecha en que fueron suscritos.
A lo largo de su ponencia ante la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, el portavoz de la CTPR aclaró que el IVA no aplica a las habitaciones de hoteles que están sujetas al presente al canon de ocupación de habitación y que el proyecto que se radicó dispone que las comidas que se incluyan como parte de un paquete vacacional en un hotel tampoco pagarán el impuesto.
Además de la CTPR comparecieron ante la mencionada comisión legislativa representantes de la industria que reiteraron lo que habían expresado ayer, martes, ante la Cámara de Representantes.
La Asociación de Hoteles y Turismo reiteró su oposición al proyecto según radicado y reclamaron que de aprobarse se haga como en otros lugares donde existe el IVA en que la industria turística recibe un trato diferente con tasas reducidas.
La Asociación de Dueños de Paradores de Puerto Rico insistió, por su parte, en que el impuesto aumentará los costos de operación de estas hospederías tras cuestionar la capacidad del Departamento de Hacienda para manejar los créditos y pagos que se supone acompañen la implantación del IVA.