1973: El embargo en el petróleo elevó los precios del combustible a niveles altísimos. La administración del entonces gobernador Rafael Hernández Colón, emprendió una política pública de control de precios para detener la inflación e intentó mover la economía usando las corporaciones públicas, incluyendo la Telefónica y las Navieras, adquiridas al inicio de su mandato.

1975: Extienden a Puerto Rico el programa de cupones de alimentos.

1976: Se aprueba la sección 936 de Código de Rentas Internas federal que extiende beneficios contributivos a las empresas de manufactura en la Isla.

1976: Tras sus primeros cuatro años como gobernador, Hernández Colón duplicó la deuda pública, y aumentó sustancialmente la cantidad de empleados en el servicio público. Todo esto llevó a una degradación del crédito de la Isla pese a las medidas de austeridad decretadas al final de su mandato. Su administración comenzó la práctica de cuadrar el presupuesto con préstamos.

1981: Se registra una nueva recesión en la economía puertorriqueña y se decretan medidas de austeridad en el gobierno.

1985 – 1992: Comienza el segundo mandato del gobernador Rafael Hernández Colón, quien tuvo que enfrentar nuevas recesiones económicas inyectando fondos públicos a la economía. También tuvo que lidiar con problemas de liquidez en las estructuras de gobierno. Experimentó con las alianzas entre el gobierno con la empresa privada y vendió las Navieras.

1987: Se establece una reforma contributiva que aumentó los impuestos mientras se reducían los beneficios contributivos que se habían legislado hasta entonces.

1993 – 2000: La gobernación de Pedro Rosselló González se distinguió por grandes proyectos de infraestructura que en un periodo de ocho años casi duplicaron la deuda pública del gobierno. Entre los proyectos emblemáticos se encuentra el Tren Urbano, la Reforma de Salud y el Superacueducto. Las deficiencias fiscales en los presupuestos y el aumento en la deuda pública provocaron un intenso debate sobre la deuda extraconstitucional. Rosselló González usó alrededor de una tercera parte de los préstamos que hizo para pagar las deficiencias presupuestarias que enfrentó.

1996: El Congreso estadounidense aprueba la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal. Esto contó con el apoyo de la administración de Rosselló González.

2001: La gobernadora Sila Calderón denuncia que heredó un déficit de $700 millones de su antecesor en el puesto. No obstante, busca la forma de destinar unos $1,000 millones para los programas de rehabilitación en las comunidades especiales. Todavía el crédito de Puerto Rico se encontraba dentro del rango de inversión de las casas acreditadoras.

2003: La gobernadora Sila Calderón comienza a hacerle frente a los embates en la manufactura tras la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal que motivó la salida de muchas fábricas.

2005: El nuevo gobernante Aníbal Acevedo Vila dice que heredó un déficit estructural de $1,300 millones.

2005: Se desata un duro tranque en el “gobierno compartido” que tenía como gobernador al popular Aníbal Acevedo Vilá y a la Legislatura controlada por los novoprogresistas. Acevedo Vilá prefiere quedarse con el presupuesto del año fiscal 2004-2005 en lugar de darle paso a la propuesta presupuestaria legislativa.

2005: El crédito del gobierno fue degradado y colocado al borde de la chatarra.

2006: El Gobierno declara un cierre de sus operaciones ante falta de dinero para pagar a los empleados públicos. El Gobierno permanece cerrado por unos 15 días.

2006: Se negocia el establecimiento del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) para aumentar los ingresos del gobierno.

2006: Expiran los incentivos asociados a la sección 936 del Código de Rentas Internas federal.

2006: Seis de ocho bancos comerciales comienzan o llevan a cabo una revisión de sus estados financieros tras cuestionamientos de los reguladores como secuela de la venta de paquetes de hipotecas. Los reguladores bancarios llevan a cabo pesquisas en torno a estos eventos.

2006: La Junta de Planificación declara el inicio de la recesión en Puerto Rico, específicamente destaca que la contracción comienza para el mes de marzo de 2006.

2007: El Gobierno comienza a financiar sus operaciones a través de la Corporación para el Financiamiento del Impuesto a la Venta y Uso (Cofina). Se indica que la nueva corporación ayudará a pagar la deuda extraconstitucional.

2007: El Gobierno concluye que para salvar la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) deben emitirse Bonos de Obligaciones de Pensiones. El objetivo del plan consistía en que el dinero de los bonos se invertiría en el mercado de valores lo que aumentaría las ganancias de la ASR. Se cuestiona que la transacción está plagada de conflictos de interés.

2009: La administración de Luis Fortuño Burset comenzó con un decreto de emergencia fiscal ante el déficit estructural de $3,306 millones que heredó de su antecesor.

2009: Se aumenta a 5.75% el dinero del IVU que se envía a Cofina. Acto seguido, el Gobierno emite $4,000 millones para cubrir el déficit y pagar por el plan de ajuste fiscal.

2009: Se procede con un plan de cesantías y de retiro temprano que termina con el despido de unos 15,000 empleados, la no renovación de contratos y la jubilación de otros 12,000 trabajadores públicos.

2011: Se enmienda el Código de Rentas Internas para reducir las contribuciones por concepto de ingresos

2012: En cuatro años, Fortuño aumentó en $16,555 la deuda pública

2013: El gobierno de Alejandro García Padilla comenzó su mandato afirmando el arrendamiento del aeropuerto Luis Muñoz Marín, transacción que ayudaba a bajar la deuda de la Autoridad de Puertos.

Estableció una reforma para el sistema de pensiones de los empleados del Estado Libre Asociado. Para su primer presupuesto, impulsó un alza en contribuciones que prometían $1,400 en nuevos recaudos.

Al final de su primer año de mandato, reformó el sistema de retiro de los maestros y el de los jueces, una medida que aún está bajo la consideración de los tribunales.