La sesión de la tarde de lo que fue una extensa jornada de las vistas de transición incluyó los informes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Negociado de Energía (NE) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), pero se centró mayormente en el contrato y las operaciones de LUMA Energy, la empresa a cargo de los componentes de transmisión y distribución del sistema eléctrico.

Los miembros del comité de transición entrante dejaron claro, una y otra vez, que consideran que LUMA no ha cumplido con las expectativas y ha dado un servicio deficiente. De hecho, hicieron preguntas directas a Fermín Fontánez, director ejecutivo de la AAPP, Edison Avilés, presidente del NE, y Josué Colón, director ejecutivo de la AEE sobre cómo evaluaban el desempeño de LUMA, y si creían que el contrato debía cancelarse.

Aunque coincidieron en que LUMA no ha tenido un desempeño satisfactorio, Fontánez defendió que era más conveniente para Puerto Rico empujar a LUMA a un mejor desempeño en lugar de cancelar el contrato, pues esa cancelación podría provocar la paralización de los trabajos de reconstrucción del sistema eléctrico.

Colón, en cambio, reiteró que favorece la cancelación del contrato, y argumentó que la empresa privada ha fallado no solo en cumplir con métricas de desempeño, sino que también ha fallado en obtener los rembolsos de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias), lo que a su vez a provocado que la AEE haya tenido que usar sus propios fondos para suplir esa deficiencia.

Avilés, por estar en una función de regulador, declinó opinar sobre la cancelación, ante la posibilidad de un conflicto de interés.

“En términos generales, el contrato de energía eléctrica (con LUMA), la conclusión a la que hemos llegado, por lo que pudimos ver durante la vista, es que no tiene las herramientas necesarias para supervisar, regular y fiscalizar adecuadamente las operaciones de LUMA”, afirmó Ramón Luis Rivera, presidente del Comité de Transición entrante.

“Así que, con LUMA, o con cualquier otra compañía que se traiga, o con la decisión que se tome, ahora, después, en tres meses, en seis meses, cuando sea, el contrato hay que cambiarlo. Hay que hacerle los ajustes correspondientes para que esas herramientas existan y pueda haber efectividad”, agregó.

Como segunda conclusión general, Rivera sostuvo que entienden que “la construcción y operación del sistema eléctrico de Puerto Rico carece de una dirección unificada. No hay nadie a cargo, no hay nadie arriba. Todos los componentes que tienen que ver, uno corre por un lado, el otro corre para el otro lado, este dice eso es responsabilidad de aquel, aquel dice es responsabilidad del otro. Y esa falta de dirección unificada, pues va en contra entonces de un buen desempeño y que se puedan lograr las metas que todo Puerto Rico espera”.

Por tal razón, agregó, “se necesita esa figura central, con autoridad, para que dirija esos procesos”. Dicha figura, podría requerir legislación y apoyó la teoría expresada por la gobernadora electa Jenniffer González en meses recientes que hacía falta esa figura, que identificó como un zar.

Rivera también resaltó el hecho de que, en lo relativo al pago de la pensiones, la AEE había separado unos $177 millones para el pago de esas pensiones, de los 1,200 millones que había recuperado en rembolsos, “pero en un momento dado, en el año 2023, se le da instrucciones de que se iba coger un préstamo, la Junta de Control (Supervisión) Fiscal aprobó el préstamo de $300 millones para seguir pagando las pensiones y entonces el resto del dinero que estaba en ese fondo se desvió para pagar a LUMA. Todo el exceso de dinero que LUMA estaba solicitando, unos $455 millones, ya se ha ido en eso”.

El también alcalde de Bayamón sostuvo que eso es un asunto que tendrían que atender “rápidamente para garantizar que esos empleados puedan tener la seguridad de que va a haber algún mecanismo para cubrir las pensiones”.

Más allá de LUMA, entrando en asuntos de generación de energía Rivera destacó la preocupación porque la planta de generación a base de carbón, que genera 425 MW, debe dejar de operar en 2027, y de acuerdo a los componentes que testificaron, “ellos entienden que aquí no va a haber una planta nueva en los próximos cuatro años, por la complicación del proceso, de la construcción, y el tiempo que lleva el diseño, permisología y construcción de una planta de este tipo. Por tal razón, hay que buscarle una alternativa a esto”.

Jorge Colberg abundó que la vista de la tarde “aclaró el estado legal” en torno al contrato de LUMA, y “lo que negoció el gobierno es que lo que está vigente es el contrato suplementario que no tiene fecha de caducidad porque va a estar vigente hasta que termine (el proceso de) la quiebra (de la AEE)”.

“Quiere decir que las métricas que están en el contrato original, que tienen un término de 15 años, técnicamente no están en vigor. Eso es un problema, para poder invocar una cancelación de contrato, ¿cuál van a ser las cláusulas, cuál van a ser los fundamentos?”, agregó.

Explicó que la sección del contrato que establece se puede buscar la cancelación invocando el incumplimiento de ciertas métricas, contiene un lenguaje que establece que se tiene que probar ese incumplimiento “por tres años consecutivos”, algo que, según explicaron, “fue lo mejor que ellos pudieron negociar” en la situación que había en ese momento.

Sin embargo, fue enfático en que “el país no está rehén de LUMA” y el gobierno tiene facultades para actuar, ya sea cambiar esa empresa, invocar la cancelación del contrato o alguna otra medida.

Recordó que ha habido gobernadores anteriores que han ordenado la cancelación de contratos de empresas, “y eso ha pasado, varias veces. Al gobierno lo demandan, bueno, pues se atiende. Pero lo que no puedes permitir es que por una amenaza de demanda, tengas al país rehén con un servicio pésimo”.

“Por lo tanto, sí puede hacerlo (cancelar el contrato) y tendrá que tomar las medidas el Departamento de Justicia para ver cómo protege el interés público. Pero que lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer”, insistió Colberg.

Entretanto, afirmó Rivera, “un gobierno efectivo y eficiente, le tiene la bota encima, que es lo que se debió haber hecho desde el principio, y nadie lo ha hecho. A preguntas nuestras de cómo supervisaban, cómo se aseguraban de las cosas, nadie sabía nada, nadie supervisa nada. Pues obviamente, tienes al contratista por la libre”.

De igual manera, desmintieron el escenario planteado por Fontánez de que una eventual cancelación al contrato de LUMA conllevaría la paralización de las labores de reconstrucción.

“No, no se va a paralizar. Hay mecanismos para hacer las cosas. Es cuestión de tener el cuidado en la toma de decisiones, la prudencia de cómo hacer los trabajos. Pero usted puede ir montando todo el andamiaje, preparándolo todo para, en su momento dado, cancelar el contrato”, afirmó Rivera.