La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, estuvo bajo un fuerte interrogatorio durante las vistas de transición, aunque en todo momento mantuvo una férrea defensa de sus gestiones y de la operación de la agencia.

Sin embargo, los miembros del comité entrante se mostraron sumamente preocupados por la situación en el DCR, al punto que uno de ellos, el exlegislador Jorge Colberg Toro lo describió como que andaba “manga por hombro”.

“Tenemos grandes preocupaciones (con el DCR) porque notamos unas fallas administrativas considerables, una falta de política pública, unas faltas y fallas administrativas, tomas de decisiones cuestionables, la administración del dinero no de la mejor manera o una manera cuidadosa”, explicó Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón y presidente del comité de transición entrante.

A manera de ejemplo, comentó que “tenemos lugares donde se está gastando más de un millón de dólares en servicios de vigilancia y no hay nadie. No estás cuidando a nadie”. Asimismo, cuando le pidieron a la secretaria “información de estadísticas en distintas áreas, como lo es informe de fugas y capturas, informes de detección de drogas, de muertes en las cárceles, medidas disciplinarias a confinados, registros e incautaciones, reincidencias, querellas de maltrato, todos esos informes tienen entre dos a siete años de retraso en su radicación, no nos pudo dar un solo detalle de esas áreas y otras adicionales”.

Aunque la secretaria argumentó que la división de estadísticas de la agencia tenía esos informes, y que podía proveerlos, pasadas las 5:45 de la tarde no habían entregado ninguno de esos documentos.

Rivera mencionó como otro ejemplo que el Comité de Víctimas de Delitos, que “no está constituido al día de hoy. La excusa fue que el Senado tenía que pasar juicio por eso, y la realidad es que de ese comité solo un candidato es aprobado por el Senado”.

También mencionó que la agencia usó fondos ARPA para el aumento de salario a los oficiales correccionales, que vencen ahora a finales del año, “y no hay nada escrito, no hay nada planificado de qué va a pasar ahora en 2025″, y esos fondos se tendrán que sacar del presupuesto del gobierno central.

“Yo creo que esta es una agencia que la nueva administración va a tener que mirar con detenimiento y ver qué cambios dramáticos se pueden hacer en la misma”, insistió Rivera.

Otros miembros del comité entrante también expresaron duras críticas a la gestión del DCR.

El senador saliente Juan Zaragoza, destacó “unos números que realmente hieren y ofenden a uno, el costo por confinado (al año) son $33,000, y el costo por estudiante (al año) son $10,100. El costo por confinado es tres veces lo que nos cuesta un estudiante en nuestro sistema de educación. Y si se dijera que el Departamento de Corrección está cumpliendo con su misión de rehabilitar al confinado, de que se puedan insertar de nuevo a la sociedad, a la fuerza laboral, que no reincidan, pues los $33,000 ofenderían menos. Pero definitivamente es un contraste de dónde el Estado está gastando el dinero”.

La jornada de las vistas de transición continuaría en las próximas horas con la presentación del Departamento de Seguridad Pública y sus negociados.