El Comité de Descolonización de la ONU aprobó hoy por consenso, como ha ocurrido durante la última década, una resolución que reitera el llamado a la Asamblea General a analizar de forma más amplia el caso político de Puerto Rico y a pronunciarse "lo antes posible".

El documento, presentado por Cuba y con el auspicio adicional de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Rusia y Siria, reafirma el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia y apoya el reclamo de excarcelación para Oscar López Rivera, que ya cumplió 34 años en cárcel por delitos relacionados por su lucha por la independencia de su país.

Entre las voces a favor de López Rivera, de 71 años, se escuchó nuevamente la de su abogada Jan Suzler, que habló a nombre de la National Lawyers Guild Internacional, quien aseguró al Comité que el puertorriqueño "es una leyenda viviente" en Puerto Rico, en comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos y en Latinoamérica.

El documento recuerda que el Comité Especial de la ONU ya ha aprobado 33 resoluciones y decisiones sobre el tema de la isla, "observa con preocupación" que pese a diversas iniciativas no se ha logrado poner en marcha un proceso de descolonización y exhorta nuevamente al gobierno estadounidense a "asumir su responsabilidad" para que ello se cumpla.

Recuerda que en un plebiscito en 2012 los puertorriqueños rechazaron su actual "condición de subordinación política", -territorio de EE.UU. desde 1898- que le impide tomar decisiones para atender los graves problemas económicos y sociales, como el desempleo, la marginación y la pobreza.

Toma nota de la "preocupación" en el pueblo puertorriqueño por las acciones violentas, incluidas la represión e intimidación, y alienta a que sean investigadas.

Igualmente, la resolución aprobada hoy insta nuevamente a Estados Unidos a que complete la limpieza, descontaminación y devolución de los terrenos que había ocupado en los municipios de Vieques y Ceiba y que respete los derechos humanos fundamentales a la salud y el desarrollo económico.

Previo a la votación, a nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el ecuatoriano Agustín Fornell reiteró el compromiso de ese organismo de seguir trabajando "para que no haya colonias en América Latina".

Fornell habló también a nombre de su país para apoyar el derecho de los puertorriqueños a decidir su futuro político y a la independencia, reclamo con el que también se solidarizaron, entre otros, los embajadores de Venezuela, Rafael Ramírez, de Nicaragua, María Rubiales, y de Bolivia Sacha Llorenti.

Ramírez destacó la necesidad de que la comunidad internacional "redoble esfuerzos" para poner fin al colonialismo, que catalogó de "una afrenta y una vergüenza".

Los países destacaron la crisis económica que vive Puerto Rico, con una deuda cercana a los 73,000 millones de dólares, -que fue mencionada varias veces durante la audiencia del Comité- que atribuyen a su situación política y que ha provocado una nueva emigración hacia Estados Unidos.

También mencionaron resoluciones aprobadas por la CELAC en 2014 y 2015 así como por la de los países de la Alianza Bolivariana (ALBA) a favor de la libre determinación de los puertorriqueños, lo que aseguran es una "prueba fehaciente" del apoyo a la causa de Puerto Rico, y recordaron el compromiso de la ONU por erradicar toda forma de colonialismo.

Rubiales recordó por su parte que han transcurrido cinco décadas desde que la Asamblea General de la ONU aprobó, en 1960, la resolución en que se compromete a luchar por la libre determinación e independencia de los países, lo que no ha ocurrido con la isla caribeña.

El Comité de Descolonización escuchó hoy los puntos de vista de diversos sectores del país sobre el estatus político de la isla, entre ellos los que abogan por la independencia y los que prefieren que se convierta en el estado 51.

El embajador de Cuba, Oscar León, se manifestó "complacido" por la aprobación por consenso de la resolución y por la intervención, a inicios de la audiencia, del Movimiento de Países No Alineados que reclamó la aplicación "rápida" de las resoluciones aprobadas sobre el derecho de esa isla a su libre determinación e independencia.

Pese a los esfuerzos de diversos grupos, los puertorriqueños no han logrado que la Asamblea General de la ONU retome el debate del caso político de Puerto Rico luego de que en 1953 sacara a la isla de la lista de territorios sin gobierno propio y eximiera a EE.UU. de presentar informes sobre la isla.