Los cinco comisionados electorales se prestan a discutir esta tarde todos los detalles de la auditoría que comenzaría a realizar desde hoy mismo la Oficina de la Inspectora General sobre el número de papeletas impresas y el número de papeletas utilizadas durante el proceso del voto adelantado y ausente.

Pero, antes de comenzar la reunión, insistieron en que la realización de dicha auditoría tiene que ser avalada en pleno y no determinada solo por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer.

En una carta que le envió ayer en la tarde, Rosado Colomer al comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, da cuenta de irregularidades denunciadas por los populares como en las mesas de conteo de voto y de su decisión de emprender la auditoría a través de la Oficina de la Inspectora General.

Además, la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera, confirmó la auditoría en declaraciones escritas.

“Conforme a los poderes y facultades conferidos en la Ley 15-2017, según enmendada, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), estará realizando un examen relacionado a procesos administrativos y manejo de papeletas en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Por confidencialidad establecida en la propia Ley orgánica de la OIG, no es posible abundar en mas detalles hasta que culmine el examen. La OIG confía la colaboración de todos los funcionarios de la CEE, para culminar el proceso prontamente, de forma tal que podamos disipar o aclarar cualquier situación que pueda trastocar la confianza del proceso electoral en Puerto Rico”, señaló.

Los auditores ya se encuentra en el Coliseo Roberto Clemente y están ubicados en el área de Operaciones Electorales.

Pero, tras la revelación de que se emprendería el proceso, el comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, dijo estar inconforme con que se haya seleccionado a la Oficina de la Inspectora General para realizar la auditoría.

“No podemos consentir eso”, afirmó, al mencionar que los comisionados habían planteados a varios entes no relacionados al gobierno para hacer la auditoría, como el Colegio de Abogados.

Insistió en que la auditoría requiere el consentimiento de los comisionados antes de que se dé paso a la misma. Esa reunión en la que se evaluaría la determinación será a las 3:30 p.m. en el centro de operaciones que estableció la CEE en el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey.

No obstante, el presidente de la CEE indicó que no tiene que dar cuenta del ente seleccionado para realizar la auditoría. Insistió en que la ley solo establece que se someta a evaluación de los comisionados cuando sobrepasa los $150,000.

“No veo razón por la cual tengan que participar en algo que es una asignación o petición a una agencia de gobierno de algo que me sale de gratis”, señaló Rosado Colomer a la prensa.

Comentó, además, que escogió a la Oficina del Inspector General, ya que los auditores internos que tenía la CEE fueron designados a esta entidad de recién creación.

Rosado Colomer, de paso, aclaró que la auditoría no sería de las elecciones generales, sino del proceso que dirigió la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA).

La denuncia de Gautier que darían paso a la auditoría del proceso electoral se debe a que se reflejaron “más papeletas estatales que el número de papeletas legislativas y municipales”.

A Primera Hora, el comisionado popular planteó que se percibió “un exceso de votos que hay para la papeleta a la gobernación”.

El presidente le explicó en su misiva que esta diferencia pudo ocurrir porque los electores no enviaron por correo la totalidad de las papeletas.

También dijo a la prensa que los electores suelen protestar papeletas al no sometarlas para su contabilización o quedarse con alguna como “souvenir”.

Asimismo, Rosado Colomer mencionó en su carta que “los colegios 1 y 2 de la unidad 77 de todos los precintos JAVA contabilizaron papeletas de votos adelantado por correo y domicilio en máquinas. Las máquinas rechazaron las papeletas por varias razones, entre ellas el ‘undervote’ o ‘overvote’. Estas dos clasificaciones ocurren con mayor frecuencia en las papeletas legislativas y municipal”.

El presidente aclaró a la prensa que no se tratan de papeletas votadas de más por un elector, sino mal votadas. Detalló que se refirió a que la persona seleccionó a más o menos de los candidatos por los cuales podía votar. Estas papeletas fueron rechazadas por las máquinas de escrutinios, por lo que se segragaron para ser contabilizarlas en una mesa especial.

“Así que las máquinas leyeron más papeletas de gobernador que legislativa”, precisó Rosado Colomer.

Por otro lado, el comisionado del PPD primero alegó desconocer de esta carta que le envió el presidente de la CEE en el que se le informaba que hoy comenzaba la auditoría.

Señaló que en la reunión convocada para las 3:30 p.m. es que se discutiría si los comisionados autorizarían tal auditoría. No expuso la controversia sobre la selección de la Oficina del Inspector General.

“Eso se va a discutir esta tarde en la reunión de la Comisión”, insistió.

Sin embargo, el presidente aludió en su carta que esa decisión ya había sido tomada en Comisión.

“Según aprobado en reunión de Comisionados, en el día de hoy (ayer, miércoles) la Oficina de la Inspectora General nos ha informado que estará asumiendo jurisdicción para realizar una auditoría relacionada con el manejo de las papeletas, el envío y recibo de las mismas. Esta auditoría dará comienzo el 12 de noviembre de 2020 y confiamos en que la misma estará finalizada en o antes de que culmine el escrutinio general”, detalla la misiva.

El comisionado de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Fronteras, dijo que espera que esta tarde el presidente de la CEE informe “cuándo debe comenzar la auditoría”.

Mientras, el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, aludió a que solo tenía conocimiento de que Rosado Colomer tenía interés de que se realizara una auditoría, pero no de que la había autorizado. Al igual que sus compañeros comisionados, dijo que la situación sería motivo de discusión durante la reunión de Comisión.

El comisionado del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, no mostró objeción sobre la decisión del presidente de la CEE de seleccionar a la Oficina de la Inspectora General para realizar la auditoría.

“Nosotros, para darle paz, para darle confianza al pueblo de Puerto Rico, ya que existen personas que lo único que hacen es crearle confusión y crear caos, nosotros habíamos solicitado el pasado 20 de octubre que se hiciera una auditoría, porque aquí hubo una compra de papeleta y aquí hubo una salida de JAVA en las diferentes contiendas y las diferentes categorías”, explicó, al hablar del voto adelantado por correo, a domicilio o por precinto.

Dijo que la petición se volvió a realizar a principios de semana, por lo que los comisionados avalaron la auditoría en una reunción de Comisión.

Insistió que “aquí no hay mano criminal, aquí no hay fraude”, por lo que avalan la realización de la auditoría para que se certifique que no hubo irregularidades en el proceso.