La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón dio a conocer hoy un proyecto radicado en el Congreso de Estados Unidos que busca enmendar el Código de Rentas Internas federal para permitir que pequeños comerciantes en Puerto Rico puedan acogerse a créditos contributivos federales bajo la ley American with Disabilties Act (ADA en inglés).

“Todos sabemos del problema de accesibilidad que las personas con discapacidad en Puerto Rico. Tenemos mucha construcción vieja con accesos incómodos para las personas en silla de ruedas, estacionamientos sin rampas para acceder a los comercios, etc. Además, conocemos los problemas de la comunidad sorda en poder comunicarse adecuada e independientemente, si no es que llevan algún familiar con ellos. Para atender esta situación y mejorar la calidad de vida independiente de las personas con discapacidades en Puerto Rico, presentamos el proyecto de la Cámara de Representantes federal 4026 para que los contribuyentes en los territorios puedan acceder a estas ayudas”, dijo González Colón en una conferencia de prensa en sus oficinas en el antiguo edificio de Medicina Tropical, en San Juan.

La medida fue radicada en junio pasado por los congresistas Ritchie Torres y James (Jim) Moylan a petición de la comisionada residente, quien también dijo que la legislación fue sometida luego de discutir alternativas para hacer cumplir las estipulaciones de la Ley ADA con la representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz.

González Colón, quien es vice presidenta del Partido Nuevo Progresista, sostuvo que este tipo de esfuerzo no se traduce en una alianza con el Proyecto Dignidad, de cara a las elecciones generales.

“Nuestro compromiso es atender a todas las comunidades incluyendo la comunidad sorda que ha estado en desventajas en este tiempo, pero que ahora gracias a estos proyectos de ley va a quedar, de ser invisibilizada, a una comunidad que va a estar siendo empoderada”, expresó la representante Burgos Muñíz, quien la acompañaba en la conferencia de prensa al igual que el representante novoprogresista José Enrique (Quiquito) Meléndez; la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Liza García; la directora del Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI) Mariela Pijem; Joaneska Maldonado, en representación del grupo cristiano EFATA y el presidente del Fondo de Acceso a la Justicia, el licenciado José Enrique Colón Santana.

“Este proyecto aumenta la oportunidad para que los dueños de los pequeños negocios puedan abrir sus puertas a las personas con discapacidad para contribuir en sus propios pueblos. No sería como un castigo, por el contrario, se verían apoyados y esto aumenta la oportunidad de empleo para nuestras personas (discapacitadas), que ellos puedan contribuir y sentirse que puedan llevan su vida independiente, mejora la calidad de vida para ellos y para nosotros. Aquí todo el mundo gana”, expresó por su parte, Pijem.

La Ley ADA prohíbe el discrimen en contra de personas con discapacidades en todas áreas de la vida pública. Requiere que se hagan modificaciones a infraestructura para permitir la accesibilidad de personas discapacitadas y que los negocios y las organizaciones sin fines de lucro se aseguren de que se comuniquen de manera efectiva con las personas que tienen discapacidades de comunicación.

La Sección 44 del Código de Rentas Internas federal permite que pequeños negocios (definidos como negocios, que su ingreso tributable no excede $1 millón o que tenga menos de 30 empleados a tiempo completo) tomen un crédito en la planilla federal del 50% de los gastos razonables— hasta $10,250 anuales para eliminar barreras arquitectónicas, de comunicación, físicas o de transporte que impiden que el acceso a personas con discapacidades.

Igualmente, podrían reclamar créditos por proveer intérpretes calificados u otros métodos efectivos para poner a disposición de las personas con discapacidad auditiva materiales entregados de manera verbal; proporcionar lectores calificados, textos grabados y otros métodos efectivos para poner a disposición de las personas con discapacidad visual materiales entregados visualmente; adquirir o modificar equipos o dispositivos para personas con discapacidades y por proveer otros servicios, modificaciones, materiales o equipos similares.

Aunque en Puerto Rico aplica la Ley ADA, los créditos y deducciones no se pueden reclamar porque no se radican planillas federales de contribución sobre ingresos.

La comisionada residente indicó que médicos han expresado las dificultades que tienen al entrevistar pacientes sordos que no se sienten del todo cómodos hablando con toda franqueza con su padre o su hijo en la consulta. Del mismo modo, los abogados que atienden personas con discapacidades de comunicación que dependen de un familiar de algún acusado en una entrevista que se supone que sea confidencial. Estos médicos y abogados comentan que los costos de contratar los servicios para tener el grado de comunicación efectiva que quisieran son demasiado para los ingresos limitados que derivan de sus servicios.

De aprobarse la medida en Cámara y Senado federal y de ser convertida en ley, podrían acceder a estas ayudas mediante un mecanismo similar al del crédito por menor (Child Tax Credit en inglés), mediante la radicación de una planilla federal reclamando un crédito reembolsable bajo cualquiera de las secciones aplicables.