Al cierre de la pasada sesión ordinaria, la Comisión de Seguridad Pública del Senado le dio un informe negativo al Proyecto de la Cámara 1648, que proponía mecanismos de fiscalización más agresivos sobre la compraventa de balas en Puerto Rico. pese a que la medida había sido aprobada en la Cámara de Representantes de forma multipartita, denunció el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes.

El legislador, quien es autor de la pieza legislativa junto con el representante popular Juan José Santiago Nieves y el portavoz de la delegación novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo que la medida tenía el aval del componente de seguridad del gobierno (Departamento de Seguridad Pública, Departamento de Justicia, Negociado de la Policía y del Instituto de Estadísticas. Sostuvo que conversará con los coautores del proyecto para revivir el tema en la próxima sesión ordinaria, que comienza en enero.

“Me sorprendió el informe negativo de al proyecto de ley de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. El senador Thomas Rivera Schatz (presidente de la comisión) nos invitó a la vista pública en la que se evaluó la medida y él hizo expresiones de que las preocupaciones de los armeros pudieran ser subsanadas”, dijo el representante Márquez Reyes.

“Pudieron más los intereses privados y los cabilderos de la industria de armas, que la sensatez y la seguridad pública. O sea, aquí las agencias públicas nos advierten de un problema con la compra de balas bajo la Ley de Armas vigente, y para eso nos piden acción legislativa, pero el Senador Rivera Schatz prefiere mirar para el lado”, denunció el portavoz del MVC en la Cámara.

La medida se aprobó en la Cámara en junio de 2023 con 46 votos a favor y uno en contra, de la representante Lissie Burgos Muñiz, del Proyecto Dignidad.

Márquez Reyes indicó que actualmente la Ley de Armas solo permite que la Policía investigue a una persona cuando ha comprado 20,000 balas en un año. “Mi posición es que ese número es ridículamente alto y que la Policía debe tener oportunidad de corroborar por qué una persona compra tantas balas antes de llegar a veinte mil. La propuesta que hicimos en Cámara, y que fue a su vez avalada por el Ejecutivo, permitía investigar la compra de más de 500 balas en un día, más 1,000 en una semana o más de 5,000 al año. No era un tope a la cantidad de balas que se pueden comprar, sino un número más razonable que activaría las facultades investigativas de la Policía”, explicó.

Sostuvo que la medida surgió luego que el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Rafael Freytes, recomendara regular la compra de balas mediante la Ley de Armas, al establecer una relación particular entre vendedores de armas y la cantidad de municiones compradas por personas que tienen licencia para portar armas.

Márquez Reyes indico que, originalmente, el Proyecto 1648 establecía topes a la cantidad de balas que una persona podía adquirir anualmente. Esa regulación no contó con el aval de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara, por lo que fue enmendada para solo reducir la cantidad de balas que facultan investigaciones o peticiones de información de la Policía.

Según Márquez Reyes el informe negativo del Senado se basa en la versión original del Proyecto, que regulaba la compra de balas. Es decir, ignora por completo la deliberación de las vistas públicas y las enmiendas trabajadas, que nos permitieron llegar a un entendido enfocado estrictamente en las herramientas de investigación de la Policía.

Agregó que entre la información surgida en el trámite del PC 1648 resaltó el aumento vertiginoso en la cantidad de licencias de armas, así como la cantidad de municiones importadas y vendidas legalmente en Puerto Rico. Dijo que actualmente puede haber unas 200 mil personas con licencia de portación de armas en Puerto Rico.

Márquez Reyes dijo que conversará con los demás autores de la medida y sostuvo que su inclinación es a hacer un segundo intento (volverla a radicar) “con otros asuntos que hemos identificado ‘” en la Ley de Armas.

El representante Santiago Nieves dijo por su parte, que la medida lo que buscaba era dar garras al Negociado de la Policía para tener la potestad de investigar e ir más a fondo en la compra recurrente de grandes cantidades de municiones.

“Me parece que el tema no puede morir, el tema se tiene que seguir discutiendo para buscar herramientas que la propia Policía está solicitando”, sostuvo.