La Comisión de Ética de la Cámara le impuso hoy una multa de $2 mil y reprimenda pública al representante Orlando Aponte Rosario por no informar al cuerpo legislativo que un tribunal le había impuesto una orden de protección por un incidente de violencia de genero contra su esposa, el pasado 13 de abril.

La determinación fue en votación unánime 10-0, pero las sanciones no se hacen efectivas hasta que sean llevadas a votación ante el pleno de la Cámara.

Matos García dijo que la comisión legislativa determinó que el representante Aponte Rosario violó el reglamento del cuerpo legislativo por no notificar “dentro del término de cinco días hábiles cuando un miembro del cuerpo tiene un incidente con las autoridades”.

Contra Aponte Rosario pesa una querella que instó en su contra el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández y la Comisión de Ética dividió la queja en dos asuntos: lo relacionado con la notificación y el alegado incidente de violencia machista.

Pese a que Aponte Rosario, del Partido Popular Democrático (PPD), renunció hoy a su escaño legislativo, efectivo el primero de julio próximo, la Comisión de Ética acordó mantener viva la querella y retuvo jurisdicción sobre Aponte Rosario. Se entiende que, aunque la renuncia sea final y firme, el Código Político le concede un período adicional de 15 días al representante para revertir la dimisión.

“Se encomendó un estudio porque no hay un consenso con la fecha final y firme de la renuncia”, sostuvo Matos García.

Matos García dijo que la Comisión de Ética acordó también citar a una vista ejecutiva a la esposa de Aponte Rosario. “La esposa del representante como es de conocimiento general ha demostrado el interés y se ha hecho disponible para que la Comisión de Ética la cite y de ser citada el compañero Orlando Aponte tendría derecho a dar su versión de las cosas. El reto que tenemos es sobre la jurisdicción con relación a la efectividad de la renuncia”, abundó el legislador

“De tener que ser citada, es en la segunda semana de julio. Hay que comunicarse con ella y con el compañero Orlando Aponte. Ambos pueden estar asistidos por abogados y de llegar a eso, llegaremos, si mantenemos la jurisdicción”, sostuvo.

En torno a las sanciones, Matos García indicó que la semana próxima pasarán el referéndum del informe de la Comisión. “Hoy votamos la sanción, pero se prepara un informe de Comisión. Ese referéndum sería el martes que viene si todo está en debido orden y en su momento pasará a calendario”, detalló.

“La Comisión mantuvo la jurisdicción, el caso sigue vivo y se está citando a una vista sobre este asunto”, dijo por su parte el representante independentista, Denis Márquez Lebrón. Añadió que se separaron las fechas de 11 y 12 de julio.

El 13 de abril pasado una jueza del Tribunal de Toa Baja le dictó a Aponte Rosario una orden de protección por el alegado episodio de violencia machista, ocurrido en una residencia en Dorado. Después que la orden trascendió públicamente, la esposa del legislador desistió.

Como parte de la orden judicial, Aponte Rosario fue desarmado y se le ocuparon seis armas de fuego, para las cuales tiene licencia.

Su esposa alegaba en la petición de orden, que el legislador la agredió frente a los hijos del matrimonio de 3 y 6 años y que le dijo que tenía que seguir las reglas y que ella “no era nadie sin él”. Además, lo acusó de hablarle mal de ella, a sus hijos.

Cuando anunció que su esposa había desistido de la orden de protección, Aponte Rosario negó las imputaciones de maltrato de su pareja y dijo que el tribunal había restablecido las relaciones paterno filiales. Después, en mayo, el legislador anunció que estaba en trámites de divorcio.