Comisión de Ética desestima quejas contra Wanda del Valle y Orlando Aponte Rosario
Las denuncias contra los legisladores del PNP y PPD estaban fuera de los términos, dijo el presidente de la comisión legislativa.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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La Comisión de Ética, en votación mayoritaria (5-4) desestimó hoy dos quejas, una contra la representante novoprogresista Wanda del Valle Correa y la otra contra el representante popular Orlando Aponte Rosario.
El presidente de la Comisión, Ángel Matos García, dijo que en ambas quejas la desestimación se basó en “un asunto de términos”, porque se presentaron “pasados los 30 días después que se adviene en conocimiento, que es lo dispone el reglamento de la Comisión”. Agregó que al no cumplir con el requisito de los términos se desestimaron antes de pasar a la etapa de querellas.
Las quejas no pasaron por el panel ciudadano que establece el reglamento de la Cámara porque el organismo no se ha constituido.
Los representantes Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y José Bernardo Márquez Reyes, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), dos de los votos en contra de la desestimación de las quejas, coincidieron en que se debió continuar con la investigación.
“En esta ocasión me parece que la mayoría falló, los que votaron a favor de la desestimación, y que se debió (…) mirar los hechos, no estar pensado en quién está detrás o quién radicó, son unos hechos bajo juramento y me parece que con esos hechos entendí que había base suficiente para convertirlo en una querella y luego íbamos a ver si iba a tener un resultado en su momento”, dijo Márquez Lebrón.
Por su parte, Márquez Reyes indicó que la desestimación en la etapa de inicial de queja puede desalentar a otros ciudadanos a querellarse. “Por tecnicismos se le cierran las puertas a un querellante en una etapa que, sin adjudicar, si había fundamentos o no había fundamentos, que se le diera un espacio a la parte para contestar y entonces se evaluaran los méritos. Ambas quejas, a mi modo de ver, cumplían con los elementos básicos para convertirse en querella. Si tenían fundamentos o no para que procediera no llegamos ahí, pero en términos procesales me parecía que cumplieron con lo básico”, sostuvo el representante del MVC.
Contra Aponte Rosario, la queja la presentó el 21 de enero de 2022 un excandidato novoprogresista que le imputa un alegado conflicto de interés por el Proyecto de la Cámara 1153 que buscaba reducir en cantidad y en años las pensiones alimentarias. La medida fue derrotada en la Cámara el pasado 7 de junio.
Matos García dijo que la queja la radicó un ciudadano que entendía que el legislador “podía haber tenido algún tipo de conflicto a la hora de legislar un proyecto sobre pensiones alimentarias en el momento en que había un asunto radicado, luego retirado, de un divorcio”. En el caso de la representante del Valle, Matos García indicó que un ciudadano que tuvo un incidente con el yerno de la legisladora frente a la residencia de ésta presentó la queja.
“En ese incidente, la representante no estaba en el hogar, estaba fuera del país y el ciudadano que tuvo el incidente con el yerno fue arrestado por la policía. El caso se consultó en el tribunal y él entendía que hubo algún tipo de intervención de la representante en relación al aparato de justicia en los procedimientos policiacos incidieron en contra del que se queja, pero que también formó parte de una refriega”, sostuvo Matos García.
“En el caso de Wanda del Valle, más allá del incidente a puños que uno pudiera interpretar que ahí fue que advino en conocimiento, la respuesta es no. Como a él lo arrestan, se lo llevan al cuartel está una cantidad de horas allí, después lo llevan a Fiscalía y el caso se consulta, él entendió que como en la distancia había teléfono, la representante había hecho algo, cosa que la evidencia en esta etapa de queja, no estaba”, añadió. Dijo que el incidente fue el pasado 14 de mayo y la querella, se instó el 30 de junio de este año.
Del Valle, quien es representante por el distrito 38 (Cánóvanas, Carolina y Trujillo Alto), no quiso emitir comentarios en torno a la decisión de la Comisión de Ética.
Aponte Rosario, representante por el distrito 26 (Villalba, Barranquitars, Orocovis y Coamo), dijo por su parte, que “era de esperarse” la desestimación de la queja en su contra. “Desde el primer momento dije que fui víctima de una queja frívola motivada exclusivamente por el ánimo político de una persona que no acepta que el pueblo lo derrotó en las urnas. Estamos hablando del candidato a la alcaldía de Villalba por el PNP, que fue ampliamente derrotado en las pasadas elecciones y constantemente, tanto él como el equipo de campaña del exlegislador Urayoán Hernández, se han pasado haciendo quejas y querellas frívolas en mi contra”, sostuvo.
Reconoció que instó una demanda de divorcio contra su actual esposa, con la que ha procreado dos hijos, pero dijo que desistió del recurso legal antes de que las partes fueran emplazadas. “En el pasado tuvimos una situación muy personal que yo radiqué una acción, pero ni siquiera se llegó a emplazar”, reclamó Aponte Rosario.
“La verdad es que no estamos divorciados y nunca hemos tenido casos de pensiones, que era lo que se estaba imputando aquí. Yo radiqué una medida para revisar las pensiones y sigo pensando que esas guías se deben revisar, que son injustas y ellos estaban insinuando como que yo quería radicar esa legislación para bajarme mi pensión que no existió porque yo nunca tuve casos de pensión. La medida fue derrotada en la pasada sesión ordinaria”, dijo.
La querella fue instada el jueves pasado por el ex candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía de Villalba, Guillermo Irizarry Rodríguez. El querellante alega que el 21 de enero de 2021, Aponte Rosario tenía una vista en una sala de Relaciones de Familia en el Tribunal de Bayamón y ese mismo, día, según se desprende de la Oficina de Servicios Legislativos radicó el PC 1153. La medida fue derrotada ayer en la sesión de la Cámara.
El proyecto de ley buscaba enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores a fin de establecer que la pensión alimentaria de menores de edad no exceda del 40 por ciento del salario del padre o madre alimentante y obligaría a los jóvenes mayores de 18 años a justificar en los tribunales el continuar recibiendo el sustento hasta los 21 años.