La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes asumió jurisdicción hoy sobre la querella que instó el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez contra la representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz por mantener como directora de su oficina en el Capitolio a una empleada que, a la misma vez, dirigía y era dueña de un colegio en Carolina.

La queja fue acogida hoy como una querella formal en votación unánime, dijo el presidente de la comisión legislativa y portavoz de la mayoría popular, Ángel Matos García.

El legislador indicó que Burgos Muñiz contestó la queja el pasado viernes y si desea tiene hasta el 23 de este mes para replicar ahora a la querella formal.

“Ella hizo un escrito bastante denso con relación a sus responsabilidades como administradora de su oficina”, sostuvo Matos García. Agregó que la legisladora, quien es parte de la Comisión de Ética, sometió una carta inhibiéndose del proceso en su contra.

“Comienza el proceso ahora. Hay bastantes documentos en el expediente y de mi parte, voy a venir a una próxima vista a evaluar todos los documentos, incluyendo las querellas, los informes que hizo la Oficina de Recursos Humanos”, dijo por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez Lebrón.

El Presidente de la Cámara refirió a Burgos Muñiz a la Comisión de Ética a principios de este mes, luego que trascendió en medios de comunicación que la directora de la oficina legisladora, Janise Santiago Ramos, no informó que era la dueña del colegio educativo Kid’s Kingdom & James Christian Academy cuando solicitó un salón del Capitolio para celebrar en junio pasado los actos de graduación de la institución docente. Ese mismo día, la legisladora anunció en las redes sociales que su empleada renunciaba al cargo que ocupaba en la Casa de las Leyes

Hernández Montañez ordenó entonces una investigación en la Oficina de Recursos Humanos de la Cámara. Luego, refirió a la legisladora a la Comisión de Ética, más no a Santiago Ramos porque al renunciar al puesto que ésta ocupaba en la Legislatura, el pasado 27 de enero, la Comisión de Ética perdió jurisdicción sobre ella.