La Comisión de Derechos Civiles urgió este viernes a la Legislatura que atienda los parámetros de las órdenes ejecutivas promulgadas por el gobernador Pedro Pierluisi relacionadas al COVID-19, pues según el ente gubernamental, estas ponen en entredicho los derechos civiles y constitucionales.

Mediante un comunicado de prensa la comisión precisó que aprobó una resolución para que la Asamblea Legislativa lleve nuevamente a votación el Proyecto de la Cámara 515 que busca establecer los términos de un estado de emergencia, entre otras acciones.

La comisión mencionó que la Asamblea Legislativa puede llevar a votación dicho proyecto por segunda ocasión y de contar con el aval de dos terceras partes de los miembros de ambos cuerpos, la medida podría convertirse en ley sin la firma del gobernador.

La pieza legislativa también persigue prohibir la suspensión de leyes con motivo de un estado de emergencia mientras la Asamblea Legislativa se encuentre en sesión, establecer el deber del gobernador de someter informes cada 15 días a la Asamblea Legislativa si un estado de emergencia se extiende por más de 30 días, y establecer el deber de divulgación de acciones de la rama ejecutiva realizadas al amparo de una declaración de emergencia, entre otros fines.

“La Asamblea Legislativa tiene la ineludible obligación constitucional de salvaguardar los derechos civiles y constitucionales de la ciudadanía y de pautar los parámetros legales del ejercicio del poder ejecutivo bajo la Constitución”, expresó la comisión.

“En momentos en que los derechos civiles fundamentales han quedado en entredicho por las órdenes ejecutivas promulgadas por el gobernador para enfrentar la pandemia del COVID-19, le exhortamos a que ejerza sus poderes constitucionales y lleve la medida a votación”, señaló.

De igual forma, la resolución señala que el veto expreso del gobernador al proyecto denota una preocupante tendencia en la concentración del poder normativo en manos de la discreción ejecutiva, sin la debida intervención legislativa. Para la comisión, esta tendencia pone en evidencia la necesidad de reclamar y hacer valer los principios de separación de poderes y de pesos y contrapesos entre las ramas gubernamentales.

Asimismo, la resolución sostiene que luego de dos años de la pandemia, la continua invocación de un estado de emergencia para justificar la intervención de la rama ejecutiva en los derechos civiles de la ciudadanía sin un claro mandato legislativo levanta serias interrogantes sobre el sistema republicano de gobierno.

La resolución fue firmada por los comisionados Nieves de los Ángeles Vázquez, Andrés Córdova y Patricia Otón, así como del director Ever Padilla Ruiz. La misma fue aprobada el jueves, y enviada a la Legislatura y al gobernador este viernes, se indicó.

La comisión recordó que en abril del año 2020 emitió un informe sobre las órdenes ejecutivas y el COVID-19 llamando la atención a los peligros de la promulgación de órdenes sin la intervención legislativa.