La Comisión de Derechos Civiles (CDC) urgió a las Ramas del Gobierno de Puerto Rico a que, de inmediato, establezcan un estado de derecho propio de una democracia constitucional de balances y contrapesos.

También solicitó que revisen el marco normativo que sustenta las acciones tomadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a través de las órdenes ejecutivas para manejar la emergencia relacionada al Covid-19.

En el escrito de nueve páginas, que fue enviado a los presidentes del Senado, Cámara de Representantes y el Tribunal Supremo, así como a la Primera Ejecutiva del país, la presidenta del organismo público, Nieve de los Ángeles Vázquez, hizo además un llamado de alerta a las fuerzas del Estado para que frenen el espiral ascendente de medidas restrictivas a los derechos libertarios.

“Es importante que, en la toma de decisiones, el Gobierno considere la capacidad de los individuos de autorregular su propia libertad, aun en tiempos de pandemias”.

Es de extrema importancia que las tres ramas de Gobierno se activen, ejerzan su responsabilidad constitucional y provean contrapeso a las acciones ejecutivas. Pero esto no es lo que ha ocurrido, según explicó Vázquez. Por un lado, “la Asamblea Legislativa ha guardado un prolongado silencio, lo que nos ha dejado huérfanos del debido contrapeso democrático. Mientras que la Rama Judicial, máximo garante de los derechos básicos de la población, ha acatado de facto las directrices ejecutivas, al suspender las vistas y asuntos citados en los Tribunales del país. Esto último lacera el principio fundamental de acceso a la justicia, el derecho a un juicio rápido, al acceso a la justicia y dificulta la rápida interpretación y aplicación de la ley”.

En sus declaraciones, la Comisión de Derechos Civiles reconoce que la Asamblea Legislativa “intentó imprimirle un manto de legalidad a las medidas de emergencia al aprobar el proyecto del Senado 1545”. Esta ley tipificó como delito el que una persona “incumpla, desacate o desobedezca de cualquier forma una orden ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico estableciendo un toque de queda o decretando un estado de emergencia o desastre”. Pero, según la opinión de la CDC ese intento no es suficiente.

Aun cuando la Legislatura puede delegar poderes a las agencias administrativas de la rama ejecutiva, “para el caso de determinaciones extraordinarias como la suspensión de libertades civiles, el compromiso con un estado de derecho constitucional y democrático nos obliga a exigir que la Asamblea Legislativa delegue facultades precisas y delimitadas. La emergencia debe ser declarada únicamente sobre la base de una autoridad legal predeterminada, con contornos definidos por representantes democráticamente electos, y con mecanismos de control sustantivos y temporales orientados a canalizar el ejercicio del poder,” dice el mencionado escrito.

“Si unimos todo: las órdenes ejecutivas, las diversas interpretaciones hechas por la Policía y por los gobiernos municipales, así como el silencio de la rama judicial y legislativa, tenemos el escenario perfecto en el que se impactan derechos fundamentales como la libertad de movimiento, de expresión, el derecho a la privacidad, a la propiedad privada, al acceso a la justicia, así como a un juicio rápido y público”, aseguró la doctora Vázquez.

Argumentó que, en tiempos de crisis, como en el que vive Puerto Rico, la población está dispuesta a renunciar temporalmente a ciertos aspectos de sus libertades civiles para garantizar la vida.

“Pero esta negociación con el Estado tiene un requisito: que se respete la Constitución y, sobre todo, la ética del equilibrio entre dos extremos. No hay espacios para excesos ni defectos. Las soluciones a esta crisis deben buscarse en el justo medio porque es en ese justo medio donde único se encuentra la virtud suprema: la justicia,” concluyó.