Los proyectos de ley que buscan sustituir la Oficina del Panel Especial Independiente (OPFEI), la Oficina del Inspector General y reorganizar la Oficina de Ética Gubernamental se aprobaron hoy de forma unánime en la votación interna de la Comisión Anti Corrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes.

La delegación novoprogresista no participó de la votación interna y cuestionó que el proceso de consideración final de las medidas en la comisión legislativa se diera un día después que la OPFEI separara del cargo al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón y el mismo día en que fiscales de la OPFEI participaban en una vista contra el también suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Ambos alcaldes populares enfrentan cargos radicados por la OPFEI.

Las medidas, Proyecto de la Cámara 1701 y 1702 serían llevadas a votación al pleno cameral la semana entrante y según el presidente de la Comisión Anti Corrupción, Héctor Ferrer Santiago, tienen los votos para ser aprobadas. Los proyectos de ley fueron evaluados en vistas públicas en las escuelas de Derecho, de la Universidad de Puerto Rico, Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica de Ponce, entre agosto y septiembre pasados.

“No veo ningún tipo de problema con la aprobación de las medidas, sin embargo, como todo proceso legislativo, tenemos que esperar a que se bajen los proyectos y se vote”, dijo Ferrer Santiago. Para pasar el cedazo de la Cámara, las medidas necesitan un mínimo de 26 votos. “Entendemos que los vamos a tener”, sostuvo el legislador, quien reclamó que “se hace historia” con la aprobación de las medidas.

“En la década de los 90 no ocurría una reingeniería del sistema de la agencias que fiscalizan la corrupción porque en 1988 fue la creación del FEI y más adelante es la creación de la OEG, así que este es un paso adelantado en la dirección correcta. Es un análisis que lleva ocurriendo tres años. No es algo que salió los otros días, sino de un análisis que se lleva haciendo desde principios de este cuatrienio y que culmina con la aprobación de estas medidas”, indicó el legislador.

Sostuvo que el Proyecto de la Cámara 1701, busca derogar la Ley del OPFEI y propone enmendar la ley orgánica del Departamento de Justicia para eliminar la Oficina de Asuntos del Contralor, hoy División de Integridad Pública de la agencia, y crear la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP), con autonomía fiscal y administrativa, para procesar todos los delitos de cuello blanco, así como las faltas éticas de los funcionarios públicos.

Añadió que el PC 1701 buscaba derogar también la OEG, pero en el proceso de vistas públicas la medida sufrió cambios y permanecería como un ente independiente. “En las vistas públicas la mayoría de las personas expresaron que hacía falta un programa de educación y prevención. La oficina se queda, en la medida en que va a educar y buscar prevenir las faltas administrativas y dar educación continua a los funcionarios públicos y nos dimos cuenta de que si ya existía una estructura, era más fácil reorganizarla y enmendar esa ley orgánica que crear una nueva estructura”, indicó Ferrer Santiago, autor principal de la propuesta.

La segunda pieza legislativa, PC 1702, busca crear un nuevo Código Anticorrupción, que agruparía todos los delitos de malversación de fondos públicos. Detalló que también se establecen 23 principios éticos, se separan las violaciones éticas de las conductas criminales, se establece el mecanismo de cobro de multas y restitución del dinero malversado.

Según Ferrer Santiago datos recopilados de las propias agencias “evidencian la duplicidad, la inefectividad y el gasto que representan estos entes que son los facultados de velar por el buen uso de los recursos públicos”. Dijo que actualmente, las cuatro oficinas representan un gasto aproximado de más de $180 millones en los últimos 10 años.

Ferrer Santiago sostuvo que el PC 1701 busca fortalecer la facultad de preintervención mediante auditorías periódicas sobre la operación gubernamental y prevenir conductas contrarias al interés público, “en una única entidad verdaderamente autónoma e independiente”. Sostuvo que la nueva dependencia del gobierno, que consolidaría las funciones de la División de Integridad Pública de Justicia, el OPFEI y la Oficina del Procurador General, operaría con plena autonomía administrativa, presupuestaria y operacional para liderar el procesamiento de delitos de alto perfil consumados por servidores y ex servidores públicos.

La propuesta legislativa establece que el director y subdirector de la OAIP, así como los fiscales, que integren la nueva dependencia deben ser nombrados por el Gobernador, de una terna de candidatos que les someta el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Asociación de abogados, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y las escuelas de Derecho en Puerto Rico. Los nombramientos serían por un solo término de 12 años y requieren del consejo y consentimiento de dos terceras partes del Senado y la Cámara.

Reacciona Johnny Méndez

El portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez consignó que su delegación no avala la eliminación de la OPFEI y cuestionó la fecha en que los proyectos 1701 y 1702 se llevaron a votación en comisión.

“Es muy curioso que esto ocurra un día después de que esa oficina separara al Alcalde de Ponce de sus funciones, y dos días después de que una juez encontrara causa en todas las denuncias presentadas por la OPFEI, y el mismo día que fiscales de esa dependencia están en vista contra el alcalde de Mayagüez”, cuestionó Méndez Núñez.

“El FEI es una estructura que se necesita, su origen viene desde el escándalo de Watergate y en Puerto Rico fue un gobernador del Partido Popular que instituyó esta oficina, Desde entonces, hemos tratado de reformarla, atemperando la misma a las nuevas realidades. No vamos a votar para eliminarla”, reclamó.