El representante del gobernador Ricardo Rosselló ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez, dijo que la jueza Laura Taylor Swain, ha comenzado a establecer las reglas de juego para el proceso judicial que atenderá la bancarrota de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal PROMESA.

En un aparte con la prensa tras las primeras horas de la vista, Sánchez dijo que ya la jueza ha denegado pedidos de algunos acreedores, como separar las deudas relacionadas a Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico con las del resto del gobierno.

“Todo lo sometido tanto la Junta (de Supervisión Fiscal) y el gobierno ha sido acogido por la jueza en horas de la mañana y esperamos que en la tarde esto continúe”, dijo Sánchez.

Acompañado de Gerardo Portela, director de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Afaaf), y de Luis Román, procurador general del Departamento de Justicia, Sánchez afirmó que aunque hay acreedores alegando conflicto con algunas leyes, lo medular hoy es establecer cómo se va a llevar el caso y no adjudicar derechos.

“El día de hoy lo más importante es establecer las normas, el proceso, como se va a regir, cuál será el proceso para someter los términos”, indicó Sánchez.

Sánchez enfatizó que la jueza ha dejado saber que está consciente de que los acreedores tiene sus derechos bajo acuerdos que algunos llevan varias décadas de existencia, pero ella debe tomar en cuenta que atender cómo se puede afectar el pueblo al tratar de pagar esas deudas.

“Este es un caso que, como ella dijo, tiene injerencia en temas como la salud, la seguridad, la educación, y dio un ejemplo muy claro, apagar las luces en Puerto Rico no es una opción, así que el que quiera venir a hacer un planteamiento que para satisfacer su acreencia hay que apagar todas las luces, eso no va a tener lugar”, sostuvo.