Ante la posibilidad de que el gobernador Pedro Pierluisi comience a aumentar las restricciones a la población debido al repunte de casos de COVID-19 que se registra en la Isla, la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico, a través de su presidente Iván Báez, clamó este viernes porque no se penalice a los comercios y mucho menos se les cierre los días domingos.

En una misiva remitida al primer ejecutivo y hecha pública, el líder de la industria y representante de Walmart explicó que en el pasado año y medio los comercios han sufrido grandes pérdidas económicas por la disminución de horarios y días de operación. Le recordó que muchos de estos centros comerciales sirven como centro de vacunación y han colaborado con el gobierno a través de campañas educativas. Además, alertó que unas medidas que agraven la condición de los comercios pudiese crear una crisis alimentaria.

“Respetuosamente, solicitamos que continúe con su política pública de lograr que la mayoría de los ciudadanos se vacunen y que, de añadir restricciones adicionales, las mismas tomen en consideración a los que hemos estado en cumplimiento y colaboración con el gobierno. O sea, reafirmamos nuestro compromiso de reforzar nuestras campañas educativas para que la ciudadanía opte por la vacunación, reforzar y promover que nuestros empleados se vacunen y que indistintamente a la vacuna, utilicen mascarillas y mantengan distanciamiento social. Además, queremos recalcar que muchos de nuestros miembros han servido y están sirviendo como centros de vacunación para lograr la inmunidad de rebaño”, dice la carta enviada al primer ejecutivo.

La petición de la organización al gobernador surge en momentos en que se le ha recomendado imponer la Ley Seca, la cual prohíbe la venta, estipendio y consumo de bebidas alcohólicas, así como retornar al toque de queda para intentar disminuir la tasa de positividad de COVID-19. El secretario de Salud, Carlos Mellado, informó que la decisión de las nuevas restricciones que se tomarían se darán a conocer este próximo lunes.

Ante la amenaza que sienten, Báez centró sus argumentos, en la posibilidad de que vuelva a ocurrir un cierre los días domingo. Por ello, le recordó al gobernador que, “según los economistas, el cierre del comercio los domingos o restarle horas de operación en la semana agravaría la situación económica de Puerto Rico”.

El impacto que detalló fue el siguiente: “Los 7,296 establecimientos que cierran los domingos emplean alrededor de 102,697 empleados. Lo cual se traduce a $7.6 millones de nómina que los empleados no cobran; en los domingos que el comercio está cerrado los puertorriqueños han dejado de devengar sobre $100 millones en nómina; de dejan de generar ventas $50.2 millones, un solo domingo, por el que el gobierno deja de recaudar $5.8 millones en IVU (Impuesto de Venta y Uso), además, cerrar las tiendas el domingo aumenta el tráfico de clientes en la semana, lo cual agrava la aglomeración de gente en filas o dentro del comercio”.

Como recomendación, la organización pidió que se eviten las aglomeraciones nocturnas, fuera de horarios laborales y sin protocolos de distanciamiento.

“En el punto en que estamos, representaría un daño económico irreversible responsabilizar al sector económico, e impedir que contribuya a sostener la economía cuando se conocen que los brotes de COVID-19 se están produciendo principalmente en los núcleos de no vacunados con una alta aglomeración de personas sin protocolos; no así en el comercio. Las nuevas medidas deben apuntar esas actividades específicas y evitar un deterioro económico mayor de nuestra economía”, solicitó.