El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) rechazó este martes el uso de gases "y materiales químicos" contra los manifestantes que exigen la renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló, así como la "determinación unilateral" de la policía de establecer la hora de concluir un evento público legítimo de protesta ciudadana.

"Las instrucciones de lanzar gases lacrimógenos a la población con el único fin de dar por terminada, de manera ilegal, una manifestación legítima de repudio al gobernador, constituye una violación a los derechos de libertad de expresión y asociación, y promueve una política pública antidemocrática muy peligrosa", dijo el presidente del CAAPR, Edgardo Manuel Román.

"La policía no puede atribuirse el derecho que le pertenece al pueblo", remarcó.

Al concluir, ayer, una manifestación masiva sobre el expreso Las Américas, cientos de personas se dirigieron a las inmediaciones de La Fortaleza, para continuar con las protestas pacíficas.

Entrada la noche las fuerzas de seguridad, tras varias advertencias y alegando que la protesta era ilegal, lanzaron gases lacrimógenos.

"Lamentablemente, alguien en la jerarquía policiaca recibió o dio instrucciones de lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes que, en el ejercicio de sus derechos fundamentales, exigían la atención al reclamo del país frente al Palacio de Santa Catalina", agregó.

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"No hubo motivos legítimos para tal acción. No se habían realizado arrestos por conducta ilegal, tampoco se registraron incidentes que constituyeran delitos contra la vida o la propiedad, a excepción de las acciones concertadas por algunos miembros de la Policía", remarcó Román.

"Las acciones policiacas de anoche son una peligrosa invitación a la autodefensa, a la violencia y al motín. Responsabilizamos a quienes han pretendido crear un ambiente despótico para opacar el mensaje contundente de un pueblo. Invitamos a la ciudadanía a documentar estos actos, y denunciarlos públicamente en las redes", concluyó.