En un reversazo de último momento el Senado no bajará a votación el lunes la medida que busca limitar el derecho al aborto después de las 22 semanas de gestación - un proceso que ocurre en menos de 1% de los casos- y efectuará unas vistas públicas sobre el proyecto, una acción que es favorecida por el gobernador Pedro Pierluisi, pero agarrada con pinzas por algunas voces que catalogan la decisión como una reactiva a la presión pública que ha generado la discusión del tema en los últimos días.

La inesperada movida del presidente del Senado, José Luis Dalmau, y los portavoces del Proyecto Dignidad (Joanne Rodríguez Veve) y el Partido Nuevo Progresista (Thomas Rivera Schatz), surgen luego que se lanzaran fuertes críticas al Proyecto del Senado 693 y que el líder de la Cámara Alta fuera señalado por decir que todas las personas involucradas en la terminación de un embarazo en etapa gestacional viable son asesinos. Enseguida, líderes del Partido Popular Democrático (PPD), como los exgobernadores Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla, así como el expresidente del Senado, Eduardo Bathia, criticaron severamente las palabras de Dalmau, quien también fue recriminado por un grupo de abogados adscritos al partido popular. Todos le pidieron al líder senatorial detener el proceso hacia la aprobación del proyecto que propone establecer la “Ley para la Protección del Concebido en Su Etapa Gestacional de Viabilidad”.

Dalmau, Rodríguez Veve y Rivera Schatz -tres de los siete autores de la pieza legislativa- dejaron establecido mediante declaraciones escritas que aun cuando consideran que “los argumentos legales y morales” sobre el tema del aborto que se abarca en el proyecto han sido “profundamente analizados” y discutidos “hasta la saciedad”, han optado por celebrar unas vistas públicas “en ánimo de que todo el mundo pueda reiterar sus opiniones”.

Sin embargo, las palabras emitidas por los legisladores dejan entrever que las discusiones que democráticamente se generen en las vistas públicas provocarían poco análisis en los siete senadores y tres senadoras que votaron a favor del proyecto en la Comisión de Asuntos de Vida y Familia que preside la legisladora Rodríguez Veve. Este proceso se llevó a cabo sin vistas públicas pues, según palabras de la senadora, no era meritorio. “Para mí resulta inmeritorio realizar vistas públicas para discutir si un bebé en desarrollo que ya es viable, es decir, que se sabe que puede sobrevivir fuera del vientre de su madre, debe ser matado o no debe ser matado”, fueron las palabras precisas de la legisladora en su cuenta de Twitter.

Los senadores María de Lourdes Santiago (Partido Independentista Puertorriqueño), Ana Irma Rivera Lassén (Movimiento Victoria Ciudadana) y José Vargas Vidot (senador independiente) votaron en contra del proyecto.

“Para algunos, seguir discutiendo este asunto bajo un clima de discordia y antagonismos entre puertorriqueños, no nos parece ni prudente ni sensato. Al parecer, los reclamos de tolerancia e “inclusividad” para algunas personas, solo aplican si les conviene o respaldan sus preferencias”, dijeron Dalmau, Rodríguez Veve y Rivera Schatz en la expresión conjunta.

Agregaron que algunos (sin mencionar nombres) creen o insinúan que realizar vistas públicas, cambiaría la opinión de quienes favorecen o de los que se oponen a la medida. “El tiempo dirá. Pero ciertamente, da la impresión que el objetivo de los que se oponen es dilatar, agitar y provocar luchas de puertorriqueños contra puertorriqueños. Eso no es lo que queremos los que apoyamos el P del S 693 y esperamos que los opositores tampoco...Nuestra posición es clara: promovemos el respeto y valoramos la vida. Confiamos que la sensatez y cordialidad formen parte de esta discusión pública”, manifestaron sobre el proceso en el que se devolverá el informe emitido por Rodríguez Veve a la Comisión. Una vez se lleven a cabo las vistas públicas, se emitiría un nuevo informe sobre la medida y someterla para la consideración del pleno.

Ante lo acontecido en el fin de semana algunas voces en contra de la medida prefieren coger con cautela el retiro del informe positivo y la repentina intención de hacer unas vistas públicas, un proceso que definen como democráticamente importante en el trámite legislativo.

“Siempre vamos a estar a favor de los procesos democráticos. Pero en este caso en particular resulta preocupante que puedan tratar a todos los sectores bajo la misma objetividad y que se ofrezca el espacio para realmente tener un criterio basado en evidencia. Es importante que se escuchen a todas las partes y no solo a algunas. Hay que ser cautelosos para que esto no sea simplemente parte de otra agenda política en un proceso que ha sido altamente cuestionado y que tiene la oposición, inclusive, de las organizaciones médicas y de agencias como Salud y Justicia”, sostuvo la codirectora ejecutiva de Profamilias, Frances Collazo Cáceres, una organización que brinda servicios clínicos y educativos en salud sexual y reproductiva con énfasis en comunidades de escasos recursos.

En la votación de la Comisión el proyecto tuvo la oposición de diversas agencias y entidades, incluyendo al Departamento de Salud; la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible; el Colegio de Médicos Cirujano; la organización sin fines de lucro PROGyn, Puerto Rico Obstetrics and Gynecology; y del Proyecto Matria, una de las cinco organizaciones de mujeres nombradas por el gobernador al comité de trabajo PARE creado mediante la orden ejecutiva que decretó en Puerto Rico un estado de emergencia por violencia de género. Otras organizaciones a favor de los derechos de las mujeres y agencias gubernamentales como el Departamento de Justicia, no pudieron emitir antes de la votación sus comentarios, pero han establecido oposición a la pieza legislativa. Justicia, por ejemplo, emitió su memorial explicativo durante el fin de semana.

De hecho, Collazo Cáceres aseveró que la poca confianza al proceso surge de experiencias en otras vistas públicas que abarcaron el tema del aborto y los derechos de las mujeres, y en el que algunas lideresas se sintieron luego amedrentadas por el sistema.

“Lamentablemente muchas de las compañeras representantes de organizaciones que brindan servicio y trabajan día a día para garantizar derechos de las mujeres fueron fichadas mediante un tipo de persecución... se distorsionó mediáticamente las expresiones de las oposiciones en las vistas públicas. Por eso nuestro llamado es que se atienda con la mayor objetividad posible y sin agendas políticas porque, definitivamente, defender derechos humanos no debe ser parte de una persecución política”, acotó al hacer hincapié en que la medida senatorial es una inconstitucional en la que se pretende echar a un lado el criterio médico para posicionar como prioridad “asuntos morales y religiosos”.

Por su parte, la ginecóloga obstetra Yarí Vale Moreno, prefiere “coger con pinzas” la celebración de vistas públicas pues a su juicio fue un proceso que debió ocurrir desde el principio.

“Desgraciadamente lo cojo con pinzas. Creo que hay presión pública, pero no hay la confianza. Además, pienso que las vistas públicas no son la respuesta adecuada si se quedan en la Comisión de la senadora Rodríguez Veve”, expresó la especialista que se opone al proyecto por entender que se trata de una pieza que pretende tener injerencia sobre protocolos médicos ya establecidos y que son regulados por agencias pertinentes.

Al momento, la senadora Rodríguez Veve no ha mencionado la posibilidad de invitar a otra Comisión en el proceso de vistas públicas. “Honestamente, no creo que eso vaya a ocurrir”, dijo una fuente cercana al presidente del Senado a Primera Hora.

La obstetra manifestó que es importante que los médicos se expresen y que se defiendan los derechos de las mujeres y pacientes. “Pero pienso que no necesariamente será un proceso limpio, no necesariamente será bueno y no necesariamente se generará un diálogo. Por estos temores es que tenemos nuestras reservas”, enfatizó Vale Moreno.

¿Cuál es la posición del gobierno?

El gobernador ha preferido ser cauteloso con sus expresiones respecto al tema, aunque sí ha dejado establecido que favorece que se lleven vistas públicas en las que se discuta ampliamente los puntos de quienes favorecen la medida legislativa y los que se oponen a esta.

“La medida aún se encuentra en el proceso de trámite legislativo. Este es un tema que no se puede tomar a la ligera, por lo que favorezco que se lleven a cabo vistas públicas ampliamente de manera que se pueda tener el insumo de todas las partes, incluyendo el criterio médico. Hay que ser cuidadosos en este asunto y debe contar con el mayor análisis posible”, manifestó por escrito el Primer Ejecutivo.

En cambio, la posición gubernamental, a través de agencias como Salud y Justicia se oponen al proyecto y así se ha dejado de manifiesto en memoriales explicativos que ya fueron entregados a la senadora Rodríguez Veve.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, puntualizó que desde el 1976 el Tribunal Supremo Federal ha rechazado que se disponga mediante legislación un número específico de semanas para establecer la viabilidad de un concebido. En este sentido, Emanuelli opinó que no se debería establecer un término específico, sino que debería quedar a discreción del médico de acuerdo a las evaluaciones que se haga a la persona gestante y a sus circunstancias.

Además, enfatizó que el lenguaje de las disposiciones del proyecto no se ajusta a los estándares jurisprudenciales, por lo que considera que la medida debe ser modificada “para superar los cedazos constitucionales establecidos por nuestro ordenamiento”.

Criticó también que la medida impulse la creación de un “Registro de Terminación de Embarazo en Etapa Gestacional de Viabilidad” que obligaría a que el médico que realiza el procedimiento presente en siete días naturales ante el Departamento de Salud un certificado con información como: edad de la mujer embarazada; etapa gestacional de embarazo; fecha y dirección física del lugar donde se llevó a cabo el proceso de terminación de embarazo; método de terminación utilizado; y fecha, hora, firma y número de licencia del profesional médico que llevó el proceso.

“Observamos que la medida no dispone cuál es el propósito final de este registro, su utilidad, ni cuál es su necesidad o importancia para preservar la salud de la madre o el no nacido. Tampoco se proveen normas sobre la confidencialidad de datos que pudieran identificar a la mujer sometida al proceso”, señaló Emanuelli.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado, objetó la medida en una ponencia entregada el 17 de marzo y en la que expone de entrada que los procedimientos de terminación de embarazo son comunes en todo el mundo y que se considera una situación “de salud pública” que resulta imperativo atender con servicios médicos de calidad.

“Se considera un avance fundamental para elevar los indicadores de bienestar en la población el poder proveer servicios relacionados con abortos, que sean efectivos, eficientes, accesibles, aceptables (centrados en las pacientes), equitativos y seguros”, sostuvo Mellado.

El titular de agencia sanitaria se opuso a que la propuesta intente regular la terminación de embarazos con un periodo de gestación de 22 semanas o más y que la edad gestacional sea el único criterio para determinar el concepto de “viabilidad”. Mellado, quien consultó el tema con personal del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), citó al Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) para explicar que “es una determinación médica la decisión de si existe o no eta capacidad, puede variar con cada embarazo y es un asunto para el juicio del proveedor de la salud responsable”.

En Puerto Rico, tanto el aborto como la profesión médica son asuntos regulados. En el caso de abortos se trata de un ejercicio practicado por un médico con licencia expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

Mellado apoyó sus declaraciones ofreciendo los siguientes datos estadísticos recopilados en el 2021 por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC): “La inmensa mayoría de los abortos/terminaciones de embarazo se producen de manera temprana: “92.7% de los abortos se realizan en el período de 13 semanas o menos de gestación; un menor número de abortos (6.2%) se realizan entre las 14 y 20 semanas de gestación y aún menos (menos del 1%) se realizan luego de las 21 semanas de gestación”.

Además, criticó que la medida solo considere aceptar la terminación después de las 22 semanas únicamente cuando exista riesgo a la vida de la mujer. “El proyecto no toma en cuenta otras razones para una terminación luego de 22 semanas: graves anormalidades o malformaciones fetales, embarazos producto de violencia, poco acceso a servicios que hubieran viabilizado una terminación temprana; haber desconocido el hecho de estar embarazada, entre otros”, se expone en la ponencia.

Esto es cónsono con lo que escribió en su ponencia el endocrinólogo reproductivo e infertilidad y presidente de PROGyn, Nabal Bracero, quien peticionó a nombre de los ginecólogos obstetras en Puerto Rico que se les permita explicar con fundamentos científicos las razones por las que se oponen al proyecto.

“¿Con qué estadísticas, evidencia y datos empíricos consta la Comisión para determinar que el Estado tiene una necesidad y un interés legítimo de prohibir que la mujer tome la decisión informada sobre si desea terminar un embarazo a la semana 22 y subsiguientes ante situaciones de hechos como las que hemos mencionado?”, cuestionó Bracero.

Para explicar sus argumentos, Bracero le mencionó a Rodríguez Veve algunos ejemplos de terminaciones de embarazos que no son considerados en el proyecto legislativo.

Entre estos mencionó el caso de una mujer embarazada que es diagnosticada con cáncer en su semana 25 de gestación y se le recomienda tratamientos de quimioterapia o radiación que son adversos al desarrollo normal del feto. “Bajo esta definición la vida de mamá no está en peligro o a riesgo de un daño sustancial e irrevocable por el embarazo. El tratamiento, si aceptado, puede ocasionar daños a la criatura como malformaciones. La terminación no sería permitida bajo este proyecto”, enfatizó.

Otro ejemplo es el de alguna mujer cuyo sonograma en la semana 20 de gestación levanta sospecha sobre deficiencia en el crecimiento de la masa encefálica del feto. “Se deben esperar a estudios, referidos a especialistas materno fetal y otros análisis más avanzados que confirmen que la criatura presenta microcefalia secundaria a un síndrome viral. Este hallazgo o diagnóstico es finalmente confirmado en la semana 25. La condición del feto no es compatible con la vida y, bajo este proyecto se priva a la gestante de tomar la decisión de terminar o no con el embarazo. Pierde su capacidad de decidir si desea asumir la maternidad ante un cuadro clínico incompatible con la calidad de vida y sin los medios económicos para sufragar de $1 a $6 millones anuales el costo de las atenciones médicas que ningún plan médico público o comercial cubre”, puntualizó.

También mencionó el caso de bebés siameses que comparten varios órganos vitales cuya separación implicaría la muerte de ambos o uno de los dos; sería una situación donde la madre se vería forzada a llevar un embarazo a término con un parto por cesárea, asumir los riesgos y complicaciones que esta cirugía implica.

En otro escenario ejemplificó el impacto del proyecto con un embarazo producto de una agresión sexual o violación no reportada o atendida por múltiples factores: menor de edad sin capacidad para entender la magnitud de la agresión y sin conocimiento de estar embarazada; o, mujer adulta que, por temor, miedo, amenaza a su vida no reporta el incidente y desconoce del embarazo.

“En estos casos, la atención médica puede comenzar en una etapa más avanzada que las 22 semanas por falta de acceso, recursos u orientación adecuada a la víctima. Le preguntamos a esta Comisión; ¿obligamos a la menor de edad de 12 años a continuar el embarazo del pariente que la violó? Bajo este proyecto, revictimizamos, penalizamos a las víctimas sin acceso a servicios, las obligamos a una maternidad no deseada con las implicaciones psicológicas y de ciclos de violencia, maltrato y pobreza que pueden complicar el escenario real que hemos visto a través de los años como profesionales de la salud femenina”, lanzó el especialista.