Ante la controversia que suscitó en septiembre de 2019 sobre el ataponamiento de miles de equipos de evidencia de agresión sexual, o SAFE Kits, la directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, informó este martes que el 77% de la muestras ya han sido analizadas.

La veterana patóloga forense dio a conocer los datos durante una mesa informativa en la que, entre otros detalles, indicó que de los 3,809 casos que tenían retrasados, solo quedan unos 862 equipos por enviar a laboratorios para evaluar.

Conte Miller indicó que el ICF ha recibido desde 2019 sobre $4.5 millones entre fondos estatales y federales para atender el “backlog” de los equipos, lo cual permitió que se enviaran 1,397 muestras al laboratorio Bode Cellmark Forensics entre septiembre de 2019 hasta marzo de 2021.

“De los 1,397 que le habíamos enviado, ya hemos completado 981″, aclaró la directora al ofrecer la actualización de los avances que realiza la institución para regular la recolección de información sobre estos incidentes y augurar la transparencia hacia sobrevivientes de agresión sexual.

La doctora destacó, además, que la agencia culminó el contrato con el laboratorio DNA Solutions para agilizar la resolución de estos equipos de evidencia en o antes de diciembre de 2023.

Asimismo, Conte Miller sostuvo que, con la adquisición de Rapid DNA, una tecnología que busca facilitar las pruebas para detectar evidencia genética en casos de agresión sexual en un término máximo de 10 días, ayudará también a acelerar el análisis de estos delitos.

“Lo que queremos evitar es que se acumule de nuevo una cantidad de kits que no hayan sido analizados, así que inmediatamente que esos kits llegan aquí, se evalúan porque hay que seguir un proceso para saber si es elegible a Rapid DNA”, expuso. Entre las particularidades de este equipo, explicó que no pueden pasar más de tres días desde el momento de los hechos y el tiempo en que la evidencia llega a las instalaciones de Ciencias Forenses.

“Si pasan esas 72 horas, tienen que ir por el método convencional de ADN, el cual puede tardar meses, hasta años. Y no es hasta que un fiscal o un agente con interés llame para solicitar un análisis”, puntualizó. “Ahora no tiene que llamar un fiscal o nadie, aquí se evalúa inmediatamente para el criterio de eligibilidad [para Rapid DNA]”.

Desde enero de 2022, el ICF ha recibido 103 SAFE Kits, de los cuales 88 llegaron con querellas, otros 14 arribaron sin querellas, y uno que sufrió una baja administrativa. Para la metodología Rapid DNA, solo 31 fueron elegibles.

“En proceso de análisis bajo la nueva tecnología, hay 18; mientras que 10 están pendientes. Para el análisis convencional, hay 23 en proceso y 43 pendientes. Esto no es perfecto, pero es mucho mejor de como se hacía anteriormente”, aseguró.

Por consiguiente, Conte Miller sostuvo que la entidad gubernamental contratará a tres serólogos adicionales para la división de análisis de SAFE Kits, que sumarían a unos seis funcionarios en acción. Mientras, la patóloga forense indicó que, con esos nuevos empleados, junto con la adquisición de otro equipo de Rapid DNA, el desempeño de esa división podría disminuir el tiempo de análisis a la mitad.

“Importante” proyecto administrativo de Pierluisi

Por otro lado, Conte Miller catalogó la radicación del Proyecto del Senado 996, una de las 12 medidas que presentó el gobernador Pedro Pierluisi a la Asamblea Legislativa, como “importante”, dado que formaliza una plataforma que permite a sobrevivientes de este tipo de delito a mantenerse al tanto del estado de su caso y determinar la asignación de fondos recurrentes para permitir que la división de violencia sexual del ICF continúe sus esfuerzos.

La propuesta, que se produce de una petición del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación contra la Violencia de Género (PARE), persigue establecer política pública para asignar responsabilidades a las instituciones gubernamentales que regularían la recolección de evidencia en estos casos.

De este proyecto convertirse en ley, un “grupo de trabajo interagencial” será destacado para alimentar y actualizar la plataforma que ya existe por una aportación económica que realizó el estado de Idaho.

Además, el mismo proyecto permitirá la designación permanente de un administrador de proyecto, que estaría bajo Ciencias Forenses. Este funcionario, hasta el momento, será el responsable que mantener enlaces con el Centro de Ayudas a Víctimas de Violación (CAAV) del Departamento de Salud para canalizar los SAFE Kits adecuadamente.

“Hasta ahora, el Departamento de Salud ha estado manejando los fondos a través de los cuales se les paga al ‘project manager’ para mantener el portal”, indicó Conte Miller, quien adelantó que la mencionada agencia tiene dinero asignado para actualizar la página web y habilitarla para que esté disponible en español e inglés. Igualmente, dicha página contará con recursos disponibles para auxiliar a sobrevivientes de agresión sexual.

La patóloga mencionó como otra contribución sobre estas herramientas conocer la visibilidad “de cuántos kits sin querellas había en la institución”.

La doctora aseguró que unos 1,356 de 2,862 kits registrados en el portal no cuentan con querellas, lo que limita el procesamiento del caso.

Conte Miller indicó que estos esfuerzos buscan que los sobrevivientes de este tipo de violencia logren radicar querellas para encontrar agresores y se les haga justicia por lo cometido en su contra.