El consumo excesivo de grasas, azúcares y sodio -cuya ingesta está asociada al sobrepeso, obesidad y a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y problemas renales, entre otros- pudiera minimizarse con una etiqueta de advertencia nutricional en la parte frontal de los productos, un mecanismo que obligaría a que productores de alimentos informen a la población de manera clara y precisa el contenido alto de estos ingredientes.

Esa es la propuesta del Proyecto del Senado 766, el cual ha recibido tres informes positivos de la Comisión de Salud del cuerpo legislativo desde que fue radicado en febrero de 2022, pero que, sin embargo, cuenta con críticas del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, y el rechazo de cabilderos que representan a empresas dedicadas a la producción de refrescos y bebidas energizantes.

Así lo subrayó a Primera Hora el autor de la medida legislativa, el senador Rubén Soto, al explicar que en el caso de los cabilderos buscan que el proyecto “no sea atendido”, aun cuando ha sido favorecido por legisladores y organizaciones salubristas.

“Sí, en efecto hay empresas que están en contra de este proyecto, que están haciendo su proceso de cabildeo, moviéndose día a día buscando que el proyecto no sea atendido. Particularmente, las empresas de refresco como Pepsi y de bebidas energizantes como Red Bull. El proyecto ha tenido tres informes positivos de la Comisión de Salud y los tres han sido favorecidos por la mayoría de los legisladores”, acotó Soto sobre el proyecto que pretende crear la “Ley de etiquetas de advertencia nutricional”.

El legislador defendió la propuesta de ley indicando que no solo hace una advertencia de los productos que son dañinos a la salud, sino que levanta bandera sobre las enfermedades que puede ocasionar el alto consumo de ciertos ingredientes.

“Hace una advertencia de que dichos productos pueden ocasionar ciertas condiciones que son las que más afectan a los puertorriqueños. Por ejemplo, nosotros estamos constantemente desarrollando políticas públicas para atender los problemas de diabetes, del corazón, obesidad, entre otros. Este proyecto nos permitiría prevenir aún más estas condiciones. La clave es prevenir, para que, además de intervenir y brindar servicios a las personas que lo necesitan y padecen de estas enfermedades, podamos hacer un llamado de prevención de estas condiciones que tanto nos afectan”, subrayó.

De aprobarse el proyecto, se ordenaría al DS el desarrollo de un reglamento para la implementación de la ley y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. De igual forma, la agencia deberá desarrollar una campaña educativa sobre el nuevo sistema de advertencias y la libre determinación ciudadana sobre el consumo de estos alimentos.

A preguntas de Primera Hora el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, admitió que el proyecto no bajó a votación en la pasada sesión legislativa porque “no contaba con los votos”.

De igual forma, reconoció que empresas de diversos sectores de la industria de alimentos han expresado su oposición a la medida.

¿La oposición incluye refresquerías y otras empresas?, se le preguntó.

“Sí, básicamente lo que ellos han estado estableciendo es que ya los productos tienen suficiente información nutricional en sus etiquetas y que esto sería sobrelegislar algo que ya existe y que aumentaría los costos de producción para los fabricantes... por eso anteriormente yo no la bajé en la sesión anterior porque no contaba con los votos y ese era el planteamiento. De hecho, creo que algunas de las ponencias mencionan este asunto”, estipuló el senador que “en este momento no he auscultado si cuenta o no con los votos ahora mismo”.

¿Cuál es la propuesta?

Los alimentos empacados que deben tener la etiqueta frontal son los que tengan un valor diario de 20% o más en azúcar, grasas saturadas y sodio, según la tabla de valores nutricionales del producto y las regulaciones de la FDA.

Los íconos de advertencia nutricional se presentarán en forma octagonal con fondo negro y borde blanco con un mensaje en su interior escrito en español y letras mayúsculas que señale, por ejemplo, que se trata de un alimento “Alto en azúcar”, “Alto en grasas saturadas”, “Alto en sodio” o “Alto en calorías”.

Para asegurar la uniformidad de los íconos de advertencia el DS proveerá y hará disponible el arte en modo digital a los productores de alimentos empacados a los que aplique la ley.

El incumplimiento de la ley conllevará sanciones para la empresa productora o distribuidora en Puerto Rico que fluctuarán entre los $5,000 (primera infracción) y $10,000 (segunda infracción). Las penalidades serán por cada ícono que deba ubicarse y no se haya encontrado.

“Esta ley y su reglamento será aplicable a todo producto comestible que se anuncie, promocione, exhiba, ofrezca y venda en Puerto Rico para fines de consumo hunano. Esta ley no aplica a aquellos alimentos que se venden listos para consumir en restaurantes, cafeterías y otros locales en que se ofrecen alimentos servidos para consumo inmediato”, aclara la propuesta que comenzaría a regirse después de su aprobación.

El proyecto señala que Salud tendría 90 días a partir de su aprobación para desarrollar en reglamento y los distribuidores de alimentos tendrían 180 días para agotar el inventario sin advertencia nutricional e implementar los cambios mandatados por ley.

En cambio, este es un periodo extremadamente corto considerando que en otros paises de latinoamérica donde se ha implementado la misma dinámica, el proceso ha tomado años en aplicarse. Por ejemplo, en Chile el proceso tardó 4 años en completarse para que pudiera ser efectivo, según se desprende de varios reportes periodísticos.

¿Ha considerado que el proyecto extienda el periodo de implementación?, cuestionó este diario al autor de la medida.

“Ningún proyecto es perfecto todos los proyectos tienen espacio para mejorar. Cuando todos nos unimos y unimos las voluntades. Este proyecto se puede mejorar, se pueden ver las experiencias en otros países y ver que funciona en Puerto Rico, como se daría la transición a los productos que ya están con las etiquetas actuales para tampoco afectar los comercios con la implementación”, dijo.

De otra parte, se le inquirió saber al senador Soto si ha identificado cómo mejoró el proceso de selección de compras de alimentos y los índices de obesidad y enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión en los países en los que se ha implementado un proyecto similar.

“Todos los proyectos de educación que van dirigidos a la modificación de conducta, todos tienen el mismo planteamiento. En la medida que la gente se educa y conoce diferentes aspectos de la nutrición y va mejorando. En Puerto Rico si hemos tenido proyecto que hace unas modificaciones, hay que darle tiempo a la gente para que la gente se vaya educando. Puede que nos tome años, pero hay que empezar a hacerlo”, respondió.

Según datos del Departamento de Salud, durante el 2019, la prevalencia de obesidad en estudiantes de escuela superior en Puerto Rico fue de 14.4%, mientras que el 15.4% se encontraba en sobrepeso. Esto significa que aproximadamente 30 de cada 100 jóvenes no tiene el peso recomendado. Mientras, hay datos que señalan que la obesidad es un problema de salud pública en la isla y es una situación que afecta entre el 30% y el 35% de la población.

“Los dulces, los postres altos en calorías, las azúcares y las grasas, las bebidas azucaradas, así como la comida de bajo valor nutricional pueden contribuir al aumento de peso. Algunos de estos alimentos están en envolturas coloridas que suelen ser más atractivas para los más pequeños”, expone la medida.

¿Qué opinan los expertos?

La Comisión de Salud del senado peticionó y recibió memoriales explicativos del Departamento de Salud (DS); Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO); el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico; y la Fundación Puertorriqueña de Diabetes.

También se emitió la opinión de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (CANPR), adscrita al DS, por petición de su personal.

La misma solicitud de opinión se le hizo a otras agencias y organizaciones, pero al momento de realizar este reportaje no habían emitido sus memoriales. Estos son: el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico; el Centro Unido de Detallistas (CUD); la Cámara de Comercio de Puerto Rico; la Fundación Pediátrica de Diabetes; y el Colegio de Médicos Cirujanos.

Los portavoces de agencias y organizaciones que sometieron memoriales explicativos, en su mayoría, favorecieron la propuesta de ley, que quiere promoverse como política pública.

En cambio, el secretario de Salud expuso no endosar la medida. Su análisis fue consultado con la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental (SASA) y el Laboratorio de Salud Pública.

Mellado catalogó como “loable” la medida, pero estableció que desde diciembre de 2008 el Reglamento General de Salud Ambiental determinó que todo lo relacionado a los etiquetados de alimentos adoptarían el Título 21 (Parte 101) del Code of Federal Regulations (CFR), según enmendado, a tenor con los requerimientos de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). La FDA tiene una regulación de etiqueado que obliga a los productores a proveer información nutricional colocando, generalmente en la parte trasera de los envases- datos acerca de la cantidad de calorías, grasas saturadas, sodio y azúcares.Hizo hincapié en que, actualmente, personal de SASA, adscrito a la División de Alimentos, recibe capacitación de la FDA para evaluar y aprobar las etiquetas al amparo del Título 21 del CFR.

El Secretario de Salud entiende que generar reglamentación estatal podría entrar en contradicciones con al reglamentación federal vigente. Además, hizo al observación de que pudiera haber repercusiones en el mercado interestatal pues los alimentos que se producen en la isla y que son exportados a los Estados Unidos están obligados a cumplir estrictamente con los requerimientos de la FDA.

Mellado recomendó que, para atender las preocupaciones contempladas en la medida se asignen fondos adicionales a la SASA a fin de contratar más especialistas en el campo de salud ambiental, así como reforzar estrategias de promoción y prevención de salud. Puso como ejemplo el programa educativo “Salud te recomienda”.

Mientras, portavoces de la CANPR reconocieron la intención del proyecto con el propósito de detener la obesidad y hacer un llamado a la prevención. En cambio, recomendaron a los legisladores a “examinar la evidencia sobre la efectividad de esta estrategia en otras jurisdicciones y países”, así como obsevar cuáles serían los recursos necesarios para que la propuesta pueda implementarse dentro de la industria de alimentos que comercializan en la isla. También hacen hincapié en velar porque las etiquetas propuestas no reduden en una duplicidad de información con las rotulaciones aprobadas por la FDA. Además, instan a involucrar en el proceso a otras agencias como el Departamento de Agricultura y el Departamento de Asuntos del Consumidor.

“En México, Perú, Chile y Paraguay se practica el etiquetado de advertencia nutricional. En estos países conllevó un proceso estructurado y organizado para su implantación”, acotó la CANPR en su memorial, documento en el que destacaron que en algunos de estos países hubo oposición por parte de las industrias de alimentos. Algunos reseñaron problemas económicos por los aumentos en los costos de producción de los productos y haberse afectado en términos de mercadeo.

De otra parte, personal del DACO apoyó la promulgación de medidas que busquen alertar a los consumidores sobre posibles riesgos de salud al ingerir determinados alimentos.

Mientras, el Colegio de Nutricionistas y Dietistas presentó una postura a favor del proyecto entendiendo que “advertir sobre la cantidad de esos componentes es de gran ayuda al consumidor para hacer una buena selección de alimentos que contribuyan a una alimentación adecuada”.

“Alertar a tiempo puede prevenir secuelas y disminuir los altos costos que implican las complicaciones de estas condiciones de salud que predominan entre las 10 primeras causas de muerte en los puertorriqueños”, se agrega en el memorial explicativo del Colegio de Nutricionistas y Dietistas, quienes sugieren que en alguna parte de la etiqueta se agregue el sistema braille para la población no vidente.

Asimismo, la Fundación Puertorriqueña de Diabetes, a través de su directora ejecutiva Mariana Benítez, estableció que tres nutricionistas de la organización revisaron el proyecto y recomendaron que se debe respetar el tamaño del servicio (serving size), según dispone la FDA. También sugirieron utilizar en la advertencia colores más llamativos para el consumidor como rojo o amarillo.