La representante María Milagros Charbonier insistió en vista pública sobre el polémico proyecto que ya ha sido rechazado por el gobernador Ricardo Rosselló y que permitiría discriminar contra parejas de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y Transexual (LGBTT).

Según NotiUno, en la primera vista pública del proyecto 1018 que establece “la Ley de Restauración de la Libertad religiosa”, la medida fue rechazado por el Departamento de Justicia y por organizaciones cívicas como el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad.

El Proyecto de la Cámara 1018 prohibe "imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona" y define ejercicio religioso como "realizar un acto o el rechazo a realizar un acto el cual es motivado sustancialmente por una creencia religiosa", un lenguaje que ha sido calificado como discriminatorio. La medida es de la autoría de Charbonier, el representante Guillermo Miranda y el presidente cameral Carlos "Johnny" Méndez.

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Ayer, durante la vista celebrada en la Cámara de Representantes, Charbonier defendió la medida. “Esto no es cuestión de odios contra ustedes, traen un discurso aquí que estoy fomentando el odio con esto”, dijo la presidenta de la Comisión de lo Jurídico en declaraciones recogidas por NotiUno.

Osvaldo Burgos, de Cabe, planteó en la vista que el discrimen es una realidad. “Nosotros no nos estamos inventando el discrimen. Nosotros lo vivimos, lo sufrimos. Cada vez que se abre la puerta a una medida com,o esta, nosotros lo que sabemos es que se está legitimizando lo que pasa todos los días fuera de la burbuja del capitolio", le dijo el abogado.

"Yo puedo decirle que sufro discrimen: yo soy negra y lo he sufrido, soy evangélica y he sufrido discrimen, soy mujer y he sufrido discrimen", le respondió Charbonier.

"Pero usted es legisladora y abogada. Y el discrimen que sufre no es el mismo de una mujer negra, pobre evangélica", replicó Burgos.exdirector de la Comisión de Derechos Civiles.

Rosselló ha dicho que “rechazamos cualquier legislación, como el p. de la c. 1018, que impide que un ciudadano reciba servicios gubernamentales por la religión que practique o su orientación sexual. Este tipo de medida no tiene paso en esta Administración”.