El gobernador Ricardo Rosselló Nevares notificó que la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos certificó la creación de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés) en el Departamento de Justicia.

La Unidad se dedicará a identificar, investigar y procesar el fraude y las reclamaciones falsas al Medicaid, y promoverá el recobro de los fondos.

El Inspector General del Departamento de Salud y Recursos Humanos federal, Daniel R. Levinson, informó mediante carta que Puerto Rico solicitó la certificación para crear dicha unidad y que la misma fue autorizada, con vigencia de un año a partir del 1 de enero de 2019.

“Esta nueva herramienta nos ayudará a fiscalizar los fondos federales de Medicaid para Puerto Rico y nos permitirá ser una jurisdicción de ejemplo en el manejo de fondos públicos destinados a la salud de la ciudadanía”, sostuvo el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Rosselló Nevares añadió que “los esfuerzos del equipo de trabajo del Departamento de Justicia muestran un mensaje firme a quienes buscan evadir la ley. La Unidad es un paso de avanzada en beneficio del sistema de salud en la Isla”. 

El propósito de este mecanismo es operar un sistema de investigación y procesamiento de violaciones a las leyes estatales relativas al fraude en general y al fraude contra el programa Medicaid en Puerto Rico.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced sostuvo que “estamos sumamente complacidos con la certificación para formalizar la creación del MFCU en Puerto Rico. El fraude al Medicaid causa millones en pérdidas que repercutan en menos fondos federales para Puerto Rico. Por lo cual, atacar esta conducta es una de las prioridades para el Departamento de Justicia y para el gobernador”.

La titular de Justicia indicó también que “esto es importante para mantener la confianza con el Gobierno de Estados Unidos y enviar un mensaje claro a los que cometen fraude y se lucran a costa de otros. Trabajamos en conjunto con el Departamento de Salud para investigar, identificar y procesar a los que cometen este tipo de delito”.

La MFCU, que lleva más de un año implementándose bajo la dirección de la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón Miranda —con el director de la División de Crímenes Cibernéticos, Luis Freire y la fiscal especial Daphne Cordero— llevará a cabo investigaciones y promoverá las acciones criminales, civiles y administrativas que correspondan para el recobro o la restitución de pérdidas y daños ocasionados al Medicaid.

Dicha unidad también tendrá facultad para investigar querellas sobre alegaciones de maltrato o negligencia contra pacientes en instalaciones que reciben fondos bajo dicho programa; así como para investigar querellas sobre alegaciones de apropiación ilegal de fondos o bienes privados de los pacientes internados en dichas instalaciones o sus relacionadas.

En mayo pasado, Vázquez Garced, firmó la Orden Administrativa 2018-02 para crear la MFCU, de conformidad con el proyecto de ley que el gobernador radicó ante la Asamblea Legislativa sobre las reclamaciones fraudulentas a los programas, contratos y servicios del Gobierno de Puerto Rico.

La orden emitida establece que “la erradicación del fraude constituye una prioridad en la agenda del presente Gobierno y del Departamento de Justicia, pues somos conscientes de las repercusiones del fraude en los servicios de salud y, sobre todo, en el Programa Medicaid. Ciertamente, reconocemos que la disponibilidad de fondos para tales servicios depende de la capacidad gubernamental para detectar y prevenir el fraude, y para facilitar el eventual procesamiento criminal y/o las acciones de recobro que correspondan”.

La orden administrativa forma parte de un plan de trabajo que consiste en la legislación que sometió el gobernador; la radicación de una propuesta al Departamento de Salud federal para la obtención de fondos federales; y la coordinación entre el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Departamento de Justicia para identificar conducta fraudulenta.