Luego de cumplir una condena en cárcel por ocho años, Juan Rolón Rivera se propuso echar pa’ lante y lograr reinsertarse en sociedad, primero, estudiando trabajo social -una profesión que siempre admiró-, y luego, trabajando legalmente para mantener su hogar.

Fue así que inició estudios y culminó un bachillerato en esta rama. Pero recién comenzaba a cursar la maestría cuando una profesora le advirtió que sus antecedentes penales serían un obstáculo en sus planes de vida. Resulta que, para ese entonces, hace 25 años, tras cumplir pena, los que cumplieran prisión por delitos graves tenían que esperar 10 años para que se eliminara la convicción del certificado de antecedentes penales. Hoy día el término es de cinco años.

“Imagínate mi frustración. Fue hasta indignante. Uno tratando de echar pa’ lante y no puede ni conseguir trabajo porque después que uno cumple, viene otra condena en la calle”, explicó Rolón Rivera, quien hace 12 años inició un movimiento para buscar que se apruebe una ley que combata el discrimen laboral que enfrentan muchos exconfinados cuando cumplen su sentencia y tratan de buscar un empleo como parte de su proceso de reinserción en sociedad.

Desde el 2010, año tras año, Rolón Rivera expresó su malestar protagonizando una caminata desde su natal Morovis hasta el Capitolio. Hubo años, como el 2018 que requirió ser hospitalizado porque se deshidrató durante el trayecto. Estuvo ingresado en clínica tres días. Pero eso no lo amilanó. Al año siguiente volvió a la carga. Y nunca se ha detenido.

El cuatrienio pasado logró que los senadores José Vargas Vidot y Miguel Romero Lugo (actual alcalde de San Juan), sometieran su propuesta por petición. El proyecto pasó el cedazo de la Cámara de Representantes y del Senado, pero la gobernadora Wanda Vázquez Garced no lo firmó y lo devolvió a la Legislatura para que le hicieran unas enmiendas. Eso nunca ocurrió.

Convincente en su lucha, Rolón Rivera volvió a la carga este cuatrienio. En esta ocasión, específicamente en enero de 2021, el senador Vargas Vidot presentó un proyecto similar al que había radicado en el pasado. Por su parte, la senadora Joanne Rodríguez Veve sometió una medida que perseguía el mismo fin. Por esta razón, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales presentó un proyecto sustitutivo en el que se incorporaron los Proyectos del Senado 144 y 147 bajo una misma medida con los incisos más sustanciales de ambas propuestas de ley.

Tras una larga jornada, que incluyó vistas públicas en ambos cuerpos legislativos, finalmente el proyecto fue aprobado tanto por la Cámara como por el Senado, pasando directamente al despacho del gobernador Pedro Pierluisi.

Rolón Rivera no quiere emocionarse hasta ver estampada la firma del Primer Ejecutivo, pero le complace saber que la lucha que inició hace 12 años está a punto de concretarse. Ya no se trata de él, pues está en una etapa de retiro. Se trata de los jóvenes -hombres y mujeres- que tras cumplir sentencia en cárcel quieren buscar un mejor porvenir y en los que un trabajo digno es clave para su rehabilitación en sociedad.

“Hace muchos años me pasó a mí, ahora le pasa a otros muchachos y muchachas y es bien frustrante. No sé si el gobernador lo firmará... tengo fe de que lo haga. Es que no hace sentido combatir la criminalidad de esta forma. Es absurdo. Porque lo que esto provoca es que esa persona reincida al sentirse agobiado por no tener un empleo formal. Ahí es que surge la economía informal o se van al punto de drogas. Y no lo justifico. Claro, que no. Pero, lamentablemente a esos errores es que lleva el ocio y el desespero”, reiteró el hombre de 63 años.

¿Qué propone el proyecto sustitutivo?

El proyecto sustitutivo que busca establecer la “Ley para prohibir el discrimen laboral por razón de tener antecedentes penales” establece que el patrono no podrá ejercer, poner en vigor o usar procedimientos, métodos o prácticas discriminatorias de empleo contra personas por razón de sus antecedentes penales.

Por ejemplo, el proyecto prohíbe que un patrono busque información sobre el historial delictivo de un aspirante a una posición laboral previo a hacer una oferta condicionada de empleo, establece las guías que deberían seguir los patronos al momento de determinar si el historial delictivo del aspirante lo descalifica de obtener la posición y faculta al secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a confeccionar todos los reglamentos necesarios para hacer valer la propuesta nueva ley.

La propuesta ley indica que el patrono tendría acceso al récord delictivo del individuo luego que haga un ofrecimiento concreto de empleo, pero igualmente establece el razonamiento que tendría que aplicar el patrono para concluir si ese historial representa o no un impedimento para la contratación. Por ejemplo, tendría que tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde que se cometieron los actos, la severidad de la ofensa, la naturaleza del puesto laboral, la edad del solicitante al momento de cometer el delito y las circunstancias bajo las cuales se cometió el delito, incluyendo atenuantes.

Pero, ojo, lo dispuesto en ley no será aplicable a los patronos que operan instituciones financieras depositarias que estén asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

Todo patrono que viole el artículo -y esto incluye a los municipios- incurrirá en un delito menos grave y podría ser multado hasta por $5,000. Incluso, se expone a una pena de cárcel de hasta 90 días.

Además, el estatuto delega en el Negociado de la Policía eliminar del récord delictivo convicciones por delitos graves o delitos menos graves una vez la persona cumpla sentencia. Los exconvictos deben hacer la solicitud a la Uniformada. En caso de que no surja la solicitud, la convicción se eliminará automáticamente en un término de seis meses en caso de delitos menos graves y cinco años en casos de delitos graves.

Sin embargo, se deja fuera de este proceso a las personas que aparezcan en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores, a los que aparezcan en el Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y a los convictos por corrupción.

El proyecto permitiría que un representante del Ministerio Público se oponga a la petición de exconvicto. Cualquier decisión del Negociado de la Policía -respecto a peticiones de exconvictos- podrá ser revisada por el Tribunal de Apelaciones.

“Este proyecto es uno que busca eliminar esa mirada punitiva luego de que una persona haya cumplido su pena. Cuando una persona sale de la cárcel sigue con una pena perpetua al enfrentarse al discrimen al momento de reinventarse y querer insertarse en la fuerza laboral. Con este proyecto pretendemos acabar con esto. Se acabaron los formularios donde te preguntan si has sido convicto. Se acabó el carimbo de ‘exconvicto’. La redacción de esta medida se hizo en balance a la política pública de propiciar la verdadera rehabilitación y reinserción social; y del interés del patrono en contar con personas cualificadas y que no representen un riesgo en sus labores. Le pedimos al gobernador que firme este proyecto para darle paso a una herramienta esencial para la rehabilitación”, expresó por escrito Vargas Vidot.