Las comisiones de Salud Mental y de lo Jurídico del Senado reanudan en la mañana de hoy martes la investigación legislativa sobre la polémica excarcelación del convicto feminicida Hermes Ayala Vázquez, con los testimonios de la directora del Programa de Desvío, Celia Cosme, y otras dos empleadas del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que pidieron deponer en las vistas públicas.

Cosme, quien firmó el pase extendido que permitió a Ávila Vázquez salir a la libre comunidad en 2023, el pasado viernes 17 de mayo declaró por más de tres horas en el Departamento de Justicia y su abogado, Héctor Castro Pérez, dijo que se les informó que la funcionaria no es objeto de la investigación penal que lleva a cabo la agencia en torno a la liberación del convicto, a quien se le imputa cometer el feminicidio de Ivette Joan Vega el pasado 22 de abril, en Manatí.

El jueves 16 de mayo, la directora del Programa de Desvío del DCR había sido citada a las comisiones senatoriales, pero invocó su derecho a no autoincriminarse y no contestó preguntas de los senadores. El abogado Castro Pérez dijo, sin embargo, que al ser informados el viernes que Cosme no es objeto de la investigación criminal, la funcionaria “no tiene nada que ocultar” y que contestará todas las preguntas de los legisladores.

Cosme y las también empleadas del DCR, Cynthia Montaner Soto y Sylkia Figueroa Sierra, están citadas para hoy a las 10:00 de la mañana al Salón María Martínez de Almiroty del Senado.

El presidente de la Comisión de Salud Mental, José Vargas Vidot, dijo que Cosme no ha solicitado inmunidad para declarar ante las comisiones legislativas, pero no lo descartó. Tampoco descartó que el testimonio de la funcionaria sea en una vista ejecutiva, no pública.

“Yo preferiría que no (que no sea a puertas cerradas), porque sería un desaire para todo el mundo, pero sí para lograr construir un expediente que me sirva para radicar querellas formales a diferentes agencias. Haría lo que sea con tal de tener un expediente completo”, indicó a Primera Hora Vargas Vidot.

De acuerdo con el testimonio bajo juramento que prestó la semana en Cámara y Senado la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, fue Cosme quien firmó la excarcelación de Ayala Vázquez en abril de 2023. Según Escobar Pabón, tanto ella, como dos secretarios anteriores habían delegado tal facultad en la directora del Programa de Desvío.

El feminicidio de Ivette Joan Vega, imputado a finales de abril pasado a Ayala Vázquez, destapó una madeja de irregularidades en el proceso de excarcelación del hombre, quien fingía ser parapléjico y se amparó en una ley y un reglamento para convictos con prognosis de vida corta.

Sobre los testimonios de Montaner Soto y Figueroa Sierra, el senador Vargas Vidot indicó que las empleadas del DCR pidieron a la comisión expresarse sobre la controvertida excarcelación del convicto y entienden que pueden aportar a la investigación legislativa.

“Lo que yo quiero es construir un cuadro completo para evitar que finalmente esto se utilice como balón político o como una justificación contra empleados pequeños (sin rangos)”, dijo Vargas Vidot.

“Lo que yo no quisiera es que frente a tantos señalamientos, las autoridades hagan lo que siempre hacen que es buscar quién es la parte más finita de la soga para echarle la culpa. Quiero tratar de evitar que mis acciones puedan alimentar tal cosa”, agregó el senador independiente, quien tampoco descartó volver a citar a la compañía encargada de la salud de la población penal, Physician Correctional, que el pasado jueves reconoció que solo evaluó el expediente de Ayala Vázquez, a quien diagnosticaron con condiciones fisiológicas limitantes.

Vargas Vidot dijo que espera rendir el informe sobre el proceso que culminó con la excarcelación de Ayala Vázquez antes de que termine la sesión ordinaria el 30 de junio próximo.

El presidente del Senado y presidente de la Comisión de lo Jurídico, José Luis Dalmau Santiago, dijo por su parte que la liberación del convicto feminicida, “es reflejo de la política pública desacertada establecida con la aprobación del Código Penal y del Plan de Reorganización Núm. 8, que se convirtió en el Plan de Reorganización Núm. 2-2011)″ del DCR.

“Como parte de la discusión y aprobación del Proyecto de Senado 2021 para finales del año 2011, que proponía la adopción de un Nuevo Código Penal, la delegación del PPD en el Senado votó en contra de dicha medida. Nuestra posición en síntesis planteaba que el Nuevo Código Penal era una iniciativa que aún cuando se argumentaba trataba al delincuente con una supuesta mayor severidad y se incrementaban las penas de los delitos como un disuasivo a la actividad criminal, la misma no cumplía con esos objetivos”, expresó Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

Sostuvo que los fundamentos para “nuestro análisis de que el Nuevo Código Penal y el Plan de Reorganización Núm. 2-2011 iban a promover una rápida liberación de los confinados lo era la adopción de mecanismos tales como la concesión de días de bonificación (reducción de sentencia) por estudio, trabajo y otras actividades, disponer que el confinado puede cualificar para programas de desvío al cumplir con solo el 20% de su sentencia, así como otras iniciativas que promovían la pronta liberación del confinado”, entre otros asuntos.

“El paso del tiempo nos dio la razón. De una población penal de 12,551 para el 2013 y de 12,381 en el 2015, se ha reducido a unos 7,334 para abril de 2024. O sea, en 11 años el número de confinados en instalaciones penales se ha reducido dramáticamente por 5,217, en un 41%. Sin embargo, la actividad criminal no ha mermado, sino que sigue en aumento, pero vemos que las actividades de investigación y procesamiento criminal son cada vez menos efectivas porque el número de radicaciones de casos ha bajado”, reclamó el líder senatorial.

“La investigación del caso de Hermes Ávila Vazquez nos está revelando serias deficiencias en los procesos del Departamento de Corrección relacionados con los programas de desvío y la supervisión de los liberados, lo cual tenemos que atender mediante recomendaciones y propuestas ponderadas que nos permitan establecer un justo balance entre la adecuada rehabilitación de la población de los confinados y las garantías de seguridad que el pueblo se merece”, agregó.