El presidente de la Asociación de Dueños de Paradores de Puerto Rico, Jorge Ramos Puente, afirmó que próximamente impulsarán legislación para la reglamentación del alquiler de residencias para vacacionar, así como de los sistemas de alquiler de habitaciones por Internet y Redes Sociales, sin contar con licencia para ello. 

“Estamos pendientes de esa situación y pronto habrá legislación para ello”, afirmó Ramos Puente, propietario del parador Villas de Sotomayor en Adjuntas, y quien está por segunda ocasión al mando de la asociación que reúne a 14 paradores de la isla.

Con relación a los portales Airbnb, que ofrecen residencias para turistas extranjeros y locales, manifestó que esa es una operación similar a la del grupo Uber, de conductores asociados.

Ramos Puente indicó que los paradores son la mejor alternativa para los turistas fuera del área metropolitana donde cuentan con todas las amenidades, así como lugares para visitar.

Alquilar una residencia puede que no sea la mejor opción, especialmente si no cuenta con las alternativas mínimas de higiene y facilidades adecuadas, que no cumplen con los criterios de hospitabilidad, según Ramos Puente. 

Los paradores ofrecen en diversas temporadas ofertas para toda la familia que son más atractivas muchas veces que los hoteles de mayor promoción, afirmó el empresario adjunteño, al indicar que hay ofertas de tres días y dos noches en lugares de la montaña o de la costa que ofrecen una gran experiencia al visitante, ya sea local como extranjero.

De hecho, Ramos Puente indicó que durante el verano los paradores tuvieron un 90 por ciento de ocupación, pero está consciente que con las propuestas de austeridad impulsadas por la Junta Fiscal, los recortes a la jornada laboral de empleados, la economía podría entrar en un estancamiento.

Ramos Puente indicó que el sector turístico es el que debe recibir gran ayuda en el país, porque se trata de la primera impresión que se llevan los visitantes de la isla. 

Para comienzo de agosto, la compañía Airbnbn en Puerto Rico firmó un acuerdo con el Gobierno para recaudar impuestos del alquiler de casas y habitaciones por Internet.