El juez José Parés Quiñones, del Tribunal de San Juan, determinó causa para el arresto del exrepresentante Ramón Rodríguez Ruiz y de la directora ejecutiva de su oficina, Soniel Torres Suárez.

Tras la determinación, el exrepresentante enfrentará dos cargos de fraude e intervención indebida en operaciones gubernamentales, mientras Torres Suárez será procesada por diez cargos de malversación de fondos, fraude, engaño a testigos, y falsedad ideológica, informó la Administración de Tribunales.

A ambos se le impuso fianza de $30,000 que fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).

El fiscal especial independiente Guillermo Garau, quien lleva este caso junto a Manuel Nuñez y Cándida Sellés, explicó que la vista preliminar quedó señalada para el próximo 3 de octubre.

Garau dijo que los cargos que enfrentan los exponen a condenas de entre tres a ocho años de cárcel, en algunos cargos sin probatoria.

Según el fiscal, los cargos contra están relacionados a la creación fraudulentas de corporaciones sin fines de lucro. Explicó que las acusaciones son por tres incidentes separados.

Por un lado, están los hechos de violencia de género entre la pareja en los que la mujer cometió perjurio; luego está la creación fraudulenta de corporaciones para recibir fondos públicos (que implicó una resolución del legislador a la que le votó en contra) y además la existencia de un empleado fantasma que habría cobrado unos $6,000 con documentos falsificados por Torres Suárez.

Según la acusación, el empleado habría llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia y Torres Suárez trató de convencerlo de mentir y hasta le hizo llegar un bolso rojo con evidencia falsa.

Testigo mendaz

Rodríguez Ruiz, electo por el Partido Nuevo Progresista, fue expulsado de la Cámara de Representantes en febrero en medio de imputaciones en su contra que comenzaron con un caso de violencia de género cuando se alega que agredió en el rostro a Torres Suárez, el pasado 11 de noviembre.

Aunque el caso comenzó como un incidente de violencia de género, Garau explicó que determinó no acusar al representante por Ley 54 ya que dependía del testimonio de Torres Suárez, quien ahora es coacusada en este caso por fraude y quien en su momento y en relación a la agresión mintió bajo juramento ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes.

“Es una testigo mendaz y ni yo ni ningún fiscal podría probar la culpabilidad más allá de duda razonable por Ley 54 (de Rodríguez Ruiz) con una testigo mendaz”, dijo el fiscal.

Detalló que la mujer mintió ante la Cámara cuando declaró que mencionó a Rodríguez Ruiz como el agresor “porque fue coaccionada por un agente y por un médico. Y eso no es cierto”. Por esa mentira bajo juramento, la exfuncionaria enfrenta uno de los cargos de perjurio.