La jueza Adria Cruz, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, encontró causa para arresto contra el alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón, por cuatro cargos presentados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial (Opfei) que, le imputa violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

Esto por, supuestamente, solicitar dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000, que utilizó para su campaña electoral de 2020.

La determinación se dio luego de que el inspector Miguel Fonseca del Negociado de Investigaciones Especiales de Ponce, aseguró que Irizarry Pabón hizo la petición del dinero.

Así se desprende del testimonio del agente investigador que tuvo a su cargo la pesquisa contra Irizarry Pabón, durante la vista de Regla 6 que atendió la jueza Cruz en la sala 606 del Centro Judicial.

Allí, la Opfei presentó cuatro denuncias por violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y dos infracciones al Artículo 251 del Código Penal, por enriquecimiento injustificado.

La vista preliminar quedó pautada para el 16 de noviembre y la vista con antelación a juicio para el próximo martes, 7 de noviembre. El fichaje será mañana en las Opfei. Mientras, se señaló una fianza de $20,000.

A preguntas de la fiscal Zulma Fusté, el director del NIE en la región sur relató que, “el fiscal Pedro Mateo me solicitó esta investigación en el área sur, para septiembre del 2022 me asignaron el asunto”.

“Me reúno con el fiscal, me hace entrega de una hoja con un correo electrónico (identificado como) ‘Ponce Limpio’, a nombre del señor Jaime Santiago Batiz. En ese documento se encontraba un número de préstamo que estaba a nombre de Luis Irizarry Pabón”, relató.

“El correo electrónico decía que el alcalde de Ponce había solicitado a unos empleados municipales el pago de un préstamo personal. Logré localizar al señor Santiago Batiz y lo citamos. Dijo desconocer el contenido. Cogimos el número de préstamo y lo validamos con el Banco Popular. Era un préstamo personal a nombre de Irizarry Pabón”, insistió.

Luego, según el funcionario, citó al entonces director de Obras Públicas Municipal, Oscar Nazario, quien más adelante obtuvo un acuerdo de inmunidad con el Departamento de Justicia. Según Fonseca, el funcionario llegó con su abogada.

“Su abogada dijo que Oscar no iba a declarar, a menos que fuese bajo un acuerdo de inmunidad. Se cita en otra ocasión y nos narra que, para marzo de 2021, ya él era director de Obras Públicas del Municipio de Ponce”, estableció.

Inmediatamente, la defensa del alcalde, integrada por los abogados José Andreu, Carlos Torres Nolasco y Ricardo Prieto, objetó la declaración del testigo, aludiendo a que este hablaba en nombre de una persona que no estaba en el tribunal. Por lo tanto, no podría ser contrainterrogado.

Igualmente, el licenciado Andreu señaló que, “si se va a repetir lo que dicen las declaraciones juradas, la defensa tiene derecho a verlas”.

Sin embargo, la jueza declaró “no ha lugar” a la objeción de la defensa.

“Nos indica que había recibido instrucciones del alcalde para que se hiciera cargo de una libreta para realizar los pagos de un préstamo personal de $50,000″, continuó la fiscal.

“Esos pagos se iban a estar haciendo mes por mes, según Nazario. Le tenía que pedir el dinero a los directores de dependencias del municipio y a empleados de confianza para pagar el préstamo. Otro empleado que se le dio esa instrucción fue al director de Manejo de Emergencias, Jorge Mercado”, relató.

“Parte del dinero era a través de ATH Móvil. Eso lo validamos con los números de teléfono, correspondían a las donaciones. En su mayoría, directores de las dependencias”, reveló.

Durante su testimonio, el investigador detalló que, “luego realicé una orden de registro de allanamiento a las cuentas políticas del comité de campaña”.

“Nosotros solicitamos al Contralor Electoral, la cuenta del Comité Amigos de Irizarry Pabón y nos indicaron que el comité no tenía deudas antes de la toma de posesión”, afirmó al mencionar que, según los documentos entregados por el banco, “el préstamo personal era para mejoras al hogar. Iba a pagar mes por mes”.

Entretanto, admitió que, de los empleados investigados, “casi todos continúan trabajando en el municipio, con excepción de cuatro. Ninguno fue despedido”.

“Obtuve una carta del señor alcalde aceptando la renuncia de uno de ellos (Oscar Nazario), agradeciéndole por su trabajo”, sostuvo.

De otra parte, el contrainterrogatorio de la defensa inició con la querella que dio origen a la investigación.

“Usted ha dicho que el fiscal Mateo le dio un correo electrónico que decía ‘Ponce Limpio’, firmado por el señor Jaime Santiago Batiz. ¿Sabe que esa persona tiene ciertas condiciones? Una persona que trabajó varios años para el municipio. Esa persona le dijo que no sabe de qué se trata ese email”, inquirió el licenciado Andreu.

“Pudo concluir que fue una manipulación de otra persona. ¿Usted entrevistó al licenciado Pablo Colón, candidato a alcalde por el partido contrario (PNP), si tenía que ver con ese email? Públicamente en los periódicos de Ponce, ¿no salió Jaime Santiago diciendo que Pablo Colón lo había manipulado?”, imputó.

Asimismo, cuestionó la manera en que el NIE obtuvo la citación para allanar la cuenta de préstamo personal de Irizarry Pabón.

“En otra ‘subponena’ le dieron el contrato del préstamo y todos los documentos de la solicitud de ese préstamo. ¿Usted no tenía una orden de allanamiento expedida por un juez, permitiéndole allanar los documentos relacionados a ese préstamo en el Banco Popular?” Eso fue expedido por el fiscal y no por un juez. De ahí fue a buscar la orden de allanamiento, los testigos y la información que le dieron”, recalcó el letrado.

Entretanto, Andreu insistió en que, “parte de ese préstamo se depositó en la cuenta del Comité de Irizarry Pabón para alcalde, en diciembre de 2019, como una contribución del alcalde a su propia campaña. El contralor electoral determinó que, eso era un préstamo de la campaña”.

“Le pregunto si el Contralor Electoral, en esa determinación que hizo, concluyó que el comité debió registrar la cantidad de $30,000 dólares. Que era un préstamo al comité de campaña que tenía que ser pagado con fondos del comité de campaña”, sostuvo.

A eso, las representantes de Opfei aclaró que “el testigo no es perito en asuntos electorales”.

Por otro lado, salió a relucir una donación de $14,000 realizada por el empresario Oscar Santamaría.

“De su investigación surge que, los $14,000 que dio Santamaría se los entregó al señor Nazario, en un restaurante en Ponce. ¿Qué testigo le dijo que el alcalde estaba presente cuando Oscar Santamaría le entregó el dinero? Mire a ver si los $14,000 nunca se depositaron en la cuenta del Comité de Irizarry”, expuso, mientras el testigo contestó que “no”.

“El alcalde solicitó que el dinero fuese entregado en cash”, dijo el investigador.

Entretanto, Fonseca reveló que, luego de utilizar $30,000 para su campaña política, el restante del préstamo de $50,000, “el alcalde se quedó con eso para gastos de oficina”.

Seguirá en la poltrona “hasta que Dios quiera”

Tras escuchar la determinación judicial, el alcalde aseguró que continuará en la poltrona municipal “hasta que Dios quiera”.

“(Me siento) tranquilo, vamos a seguir y vamos a seguir hacia adelante. Estamos seguros de lo que hemos hecho y sabemos que no hemos cometido delito”, esbozó a la prensa, acompañado de su esposa, Miyady Velázquez Pagán y de su hija, Alma Luisa Irizarry.

Asimismo, insistió en que: “Esto es una componenda en contra de este alcalde, de personas que en su momento dado se va a probar que cometieron delito”.

“Nosotros entendemos que no hemos cometido delito y, lo digo y me hago responsable yo: ‘Aquí hay una mafia política encabezada por (Thomas) Rivera Schatz y Pablo Colón (presidente del PNP en Ponce)”, denunció.

En sus argumentaciones finales, el abogado José Andreu recalcó que, “las donaciones que se hicieron o las personas que la hicieron, independientemente de la credibilidad que puedan tener estas personas que trabajaron con la campaña, son donaciones de campaña”.

“Por lo tanto, no es un beneficio personal del candidato, nunca lo podría ser. Si fuera así, las donaciones a todos los candidatos a puestos políticos serían todos para beneficio del funcionario y no es así”, agregó.

Sobre las 23 declaraciones juradas en poder del Opfei, el letrado dijo que, “no se pueden utilizar (en la vista preliminar). De aquí en adelante, tendrán que venir esas personas a testificar personalmente y tendrán que ser contrainterrogadas. Entonces, se sabrá la verdad”.

Por su parte, la fiscal Fúster apuntó que, “esto no es un caso, como pretende la defensa traer, no es un caso de donativos políticos. Aquí los empleados no estaban haciendo los donativos voluntarios”.

“Aquí los empleados fueron obligados por el alcalde, fueron instrucciones específicas del alcalde de que tenían que pagar este préstamo y no era un préstamo para campaña, era un préstamo personal”, argumentó.

“Fue un préstamo que él originó en el Banco Popular y fue firmado por él y, la obligación era de él, no era del comité de campaña, ni de ninguna otra persona. Aquí hay 23 declaraciones juradas, entre las cuales hay muchas de empleados diciendo que el alcalde les dio instrucciones”, manifestó.

Según la fiscal, las imputaciones constan “en dar instrucciones por parte de una persona que es la autoridad nominadora, que es la persona que está por encima de estos empleados, que el ente nominador, la persona que tiene el poder de despedirlos cuando él quiera”.

En cuanto al alegato de “conspiración política”, destacó que, “ese tipo de expresión es cuando uno no tiene más nada que pelear en relación a la prueba, ni tiene argumentos adicionales, entonces, tiene que decir que es una persecución”.

“Aquí todos los empleados que declararon bajo juramento, en este caso, eran subalternos del alcalde, de su administración. Esto no es ninguna persecución”, agregó.

De ser hallado culpable, Irizarry Pabón podría enfrentar entre 2 a 5 años en prisión.