Hace más de 20 años, cuando ocurrió el crimen del niño Alberto Ojeda en el 2001 -quien fue asesinado a golpes en su hogar, en Río Grande- trascendieron una serie de irregularidades acontecidas antes, durante y después del homicidio por parte de agencias gubernamentales, incluyendo que el Departamento de la Familia extravió, y nunca apareció, el expediente de la investigación que se llevaba a cabo por maltrato y negligencia contra la madre del menor.

Pero eso no fue lo más escandaloso, pues en una reciente entrevista con Primera Hora -como parte del trabajo periodístico que se realiza de este caso para el pódcast El Rastro- la exsecretaria del Departamento de la Familia para ese entonces, Yolanda Zayas, precisó que para el año del asesinato en la agencia aparecieron miles de expedientes con referidos que nunca fueron investigados de posibles casos de maltrato y negligencia infantil.

Alberto Ojeda, de 11 años de edad, murió en el 2001 a causa de los golpes que recibió por parte de su madre, Evelyn Ojeda, y su padrastro, David Rosario. En cambio, el crimen se dio a conocer en 2004 cuando otro hijo de la mujer, Emanuel, reveló a las autoridades lo ocurrido y detalló que la pareja enterró el cadáver del nene en una finca en Fajardo.

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Increíblemente, los documentos que menciona Zayas estaban esquineados dentro de unas cajas de zapatos. La exfuncionaria rememoró que cuando se pusieron a indagar en los cajones, lo que hallaron entre los papeles parecía irreal y son hechos que todavía hoy le erizan la piel.

“Miles de referidos estaban en cajas de zapatos y cuando se pusieron a indagar en los expedientes, lo que hallaron entre esos papeles parecía sacado de una película de terror... eran en cajas de zapatos que estaban esos casos y el Departamento jamás los investigó”, recuerda Zayas, la autoridad máxima en el DF entre 2001 y 2006.

Indicó que se contrató a una compañía externa, dirigida por la perito y trabajadora social Rita Córdova, para reclutar a 400 trabajadores sociales que iniciarían las investigaciones que se habían dejado en el limbo. El escuadrón trabajó horas extra y hasta se contrataron choferes para que trasladaran a los trabajadores sociales a los hogares de los niños a investigar las situaciones de maltrato. Zayas describe aquellas gestiones como “una revolución”.

La agencia dividió los casos de acuerdo a la gravedad de los señalamientos que había en las denuncias, dando prioridad a aquellos en los que había indicio de agresión sexual y física, como era el caso de Albertito. Los equipos de trabajo se lanzaron a la calle a buscar a esas familias y menores en peligro inminente.

“Están todos enterrados”

Zayas recuerda el desenlace con el caso de una familia de seis miembros, en el que una mujer llamada Carmen Maldonado se había separado de su esposo, huyendo de un patrón de violencia física y psicológica.

En el expediente había señales de abuso intrafamiliar contra la señora y sus hijos, cuyas edades fluctuaban entre los 11 meses y 10 años de edad. Cuando el equipo de trabajo llegó a la comunidad Viví, en Utuado, en busca de las víctimas, los trabajadores sociales no tardaron en darse cuenta de la cruda realidad contenida en las cajas de zapatos.

“Los vecinos nos dijeron: ‘Para encontrar a esa familia tiene que ir al cementerio. Están todos enterrados en el cementerio”, revela Zayas al indicar que, posteriormente al victimario de la tragedia se le conoció como el “Monstruo de Utuado”.

La referencia es a Héctor Mercado Cedeño, quien en junio de 2000 asesinó a puñaladas a su esposa Maldonado y a sus cuatro hijos.

“A pesar de todo, de todo este andamiaje que pudimos levantar en el 2001, perdimos muchas vidas. Mira, eso era terrible. O sea, no había forma de que uno no se descompusiera... yo trataba de pensar en aquellos que logramos salvar, en aquellos que logramos llegar a tiempo. Pero entonces, por cada uno que lográbamos lograr llegar a tiempo, yo me preguntaba: ¿y cuántos más habrá que no estamos llegando a tiempo?”, acota.

Estas son interrogantes que aún se hace la exsecretaria del Departamento de la Familia, pero que dos décadas después continúan sin una respuesta, aunque es evidente la negligencia sistémica.

En entrevista con Primera Hora, la trabajadora social Rita Córdova, también recordó su intervención en las pesquisas de querellas acumuladas que llegaron a ser 42,000 en toda la isla.

Mencionó el ejemplo de una denuncia de agresión sexual a una niña que en aquel momento tenía entre seis o siete años. La querella la había radicado la ginecóloga que la había evaluado a los tres añitos. Es decir, el referido llevaba tres años engavetado.

“La ginecóloga lo que había referido era que había en el examen que le había hecho a la nena de tres años había identificado gonorrea después de los laboratorios. Imagínate tú, una nena de tres años con un diagnóstico de gonorrea que la médico que la examina te certifica, después de un estudio, ese diagnóstico y esa querella pasa a una caja. Ahí se quedó tres años hasta que contrataron la corporación nuestra para que nosotros hiciéramos el trabajo”, cuenta Córdova

Dice que cuando los trabajadores sociales entraban a las casas lo hacían avergonzados y pidiendo disculpas. “Y teníamos que coger el coraje, la indignación y la sorpresa de las personas... la mamá de esa nena recibió al trabajador social, pues te podrás imaginar cómo: indignada. Ese es el peligro”, agregó.

Al día de hoy es una incógnita saber si en aquellas decenas de miles de cajas de zapatos había algún referido sobre el maltrato intrafamiliar -incluyendo el conyugal- que múltiples personas habían identificado en el hogar de Evelyn Ojeda y David Rosario, una pareja contra la que ya se habían hecho denuncias previas en la agencia, entre 1997 y 1999, por unas situaciones ocurridas con otros tres niños.

“Realmente, yo no te puedo decir con certeza que ahí estuviese el caso de Alberto”, expresó Zayas.

Se le preguntó si hubo consecuencias en la agencia en aquel momento con las personas que debieron haber actuado antes con todos esos expedientes abandonados.

“Bueno, lo que pasa es que, ¿cuáles eran las personas que debieron de haber actuado antes? Si no había trabajadores sociales que lo hicieran. Y los trabajadores sociales en ese momento, pues tenían alrededor de 50 casos asignados. El mes tiene 30 días. De esos 30 días, ¿cuántos laborables?”, respondió la exfuncionaria al indicar que lo razonable sería que los empleados atendieran, como mucho, 20 casos a la vez.

¿Usted entiende que la burocracia sistémica carga también con la culpa de lo que han pasado muchísimos niños como Alberto?, se indagó con Zayas.

“Pero, claro, a mí no me queda la menor duda de eso”, puntualizó.

Muchos más como Alberto

De hecho, con el pasar de los años el país fue testigo de patrones similares al de Alberto. En el año 2013, por ejemplo, Dylan Díaz fue llevado sin vida al hospital.

El cuerpito del nene de dos años reflejaba trauma corporal severo, compatible con golpes propinados por un adulto. Luego trascendió que meses antes de que el pequeño muriera, el DF tenía un expediente de maltrato por negligencia en sus archivos. Pero los protocolos establecidos por la agencia no se siguieron cuando recibieron el caso, resultando con tres empleados suspendidos y un niño muerto.

En años más recientes, también se sufrió colectivamente el asesinato de Jeiden Elier Santiago, quien tenía solo 8 años cuando murió en 2021 tras una golpiza que le dio su progenitor.

Meses antes de la tragedia, el DF le arrebató la custodia del nene a la madre y fue entregado a su padre de manera provisional. Se alegó que el menor había sido víctima de actos lascivos por parte de un familiar de su madre. Cuatro juezas diferentes vieron el caso y emitieron órdenes de protección contra la madre que, ni siquiera, estaba involucrada en la denuncia de abuso sexual.

En el proceso, un trabajador social del DF investigó los hechos y recomendó que el menor fuera devuelto a su mamá. Pero el trabajador social tardó casi dos meses en presentar el informe que, según la agencia, debió completar en cuatro semanas. El mismo día que se fijó una vista en tribunal para presentar el informe, un 9 de agosto de 2021, el papá de Jeiden lo llevó sin vida a un hospital de Caguas. Tras lo ocurrido, cuatro empleados del DF fueron referidos al Departamento de Justicia por las fallas que cometieron en el procesamiento.