El descontrol en contagios de COVID-19 entre la población correccional de Puerto Rico casi se ha triplicado en una semana y ha provocado la muerte de, al menos, un reo, según datos ofrecidos por el Departamento de Salud (DS). Mientras, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ha tenido que extender un “lockdown” en varias instituciones para intentar detener la propagación del virus.

La situación de infecciones por coronavirus en las cárceles de Puerto Rico ha empeorado en un periodo de siete días, luego que se confirmara que los casos entre confinados aumentaron de 195 a 532. También se han identificado 92 empleados positivos a la enfermedad. En total, hay 33 brotes activos en diferentes cárceles de la isla, según los datos de Salud.

En el fin de semana la secretaria del DCR, Ana Escobar, confirmó que había un aumento drástico de casos en la institución 501 del Complejo Correccional de Bayamón, donde los casos entre reos aumentaron de 31 a 121 en un término de 10 días. Además, hay 17 empleados correccionales enfermos. Esta situación provocó que se decretara un cierre preventivo el pasado 27 de abril.

“Aquí hubo unidades en los que dimos positivo 35 de 40 confinados. Imagínese cómo estuvo la situación... eso fue hace 10 días y nos dejaron a todos juntos y ahora, después que pasó el periodo de incubación de ese virus, es que quieren llevarse a los cinco que están negativos para una institución de Guayama. Ese protocolo se ha manejado mal. Y te digo más... a nosotros lo que nos dan es una mascarilla al mes. Así es difícil lograr que nadie se contagie. Ni alcohol, ni ‘sanitizer’ tenemos”, expuso un reo que pidió proteger su identidad.

Sin embargo, el escenario de brotes es más complejo, pues en la Bayamón 1072 hay 296 casos confirmados de COVID-19 entre la población de confinados, lo que llevó a que también se tuviera que decretar un “lockdown”, según explicó Escobar a Primera Hora. Otro escenario similar de cierre se coordinó para la cárcel Guerrero, en Aguadilla, aunque no se precisó el número de reos infectados.

La funcionaria aceptó que había 12 presos ubicados en una unidad especial de COVID-19 del Centro Médico Correccional. Asimismo, confirmó que un reo de 76 años -con la serie primaria de vacunas (dos dosis)- murió el viernes pasado a causa del mortal virus. El individuo pertenecía a la institución 500 del Centro Correccional de Ponce y se encontraba en el Centro Médico Correccional de Bayamón recibiendo tratamiento clínico.

Aunque la secretaria del DCR asegura que las medidas de seguridad se han tomado en tres instituciones, fuentes de Primera Hora indican que, precisamente, la institución 500 del Centro Correccional de Ponce es uno de varios edificios carcelarios que han tenido que recurrir a cierre preventivo o cancelación de visitas a causa de brotes por COVID-19.

“Ahora mismo en Guayama 1000 hay confinados que trabajan en la cocina y dieron positivo”, aseguró, por su parte, un oficial que también habló bajo anonimato por miedo a represalias.

Por su parte, Jessica Martínez, portavoz de la Alianza de Corrección Unida, alertó que los brotes han generado una crisis de falta de recursos, pues hay cárceles en las que se están trabajando turnos de 12 horas o más a consecuencia de los oficiales que están enfermos o en cuarentena.

“Exhorto a los compañeros correccionales a utilizar mascarillas dentro y fuera de las instituciones y que refuercen el protocolo de prevención para evitar que el COVID entre en las cárceles... evitemos situaciones como las que han ocurrido en Estados Unidos”, expresó Martínez.

“Además, le pido a los supervisores que todo contacto de un empleado positivo sea retirado para cumplir con el protocolo y evitar que el COVID se apodere de las instituciones”, agregó.

Escobar, por su parte, admitió que se establecieron turnos de 12 horas en la institución Ponce 676 donde describió que el problema de contagios se ha desatado entre el personal.

“Tengo 34 empleados fuera del área de trabajo... no solo por ser positivos, sino porque algunos están en el proceso de cuarentena en lo que se hacen pruebas para confirmar contagios”, indicó al asegurar que el 98% de los trabajadores y los confinados tiene la serie primaria de vacunas, así como el primer refuerzo.

Agregó que una medida de seguridad similar se está ejecutando en Ponce 1000 y la cárcel Guerrero de Aguadilla. Explicó que el contagio entre personal inició hace dos semanas.

Entre octubre y noviembre de 2021 la agencia enfrentó una gran crisis de contagios por COVID-19 entre confinados donde se vieron afectados 686 reos y 12 empleados de Corrección.

Posteriormente, entre diciembre y enero hubo brotes entre empleados cuando se llegaron a afectar simultáneamente 47 oficiales correccionales y 24 empleados civiles, algo que no había ocurrido en dos años de pandemia.

Durante la crisis sanitaria -que inició en marzo del 2020- han muerto cuatro oficiales y cinco confinados por complicaciones relacionadas al COVID-19.